El Consejo de la Reserva de la Biosfera se ha convertido en el nuevo cuadrilátero para las riñas políticas, un mero apéndice de los plenos del Cabildo. “Le pediré a mi partido que no me manden más a estas reuniones del Consejo. Vine aquí esperando escuchar la opinión de todos los miembros, y esto ha sido como un mini pleno del Cabildo”. Tras tres horas de puro debate político con los protagonistas de siempre, con interminables intervenciones por alusión de los consejeros Carlos Espino y Pedro San Ginés, y sólo tres intervenciones atribuibles al resto de colectivos, así definió la sesión del Consejo Manolo Cabrera, en el único turno de palabra del PIL.
Bostezaba el alcalde de Arrecife, y no era para menos: ninguno de los siete ayuntamientos participó en el debate. Ni tampoco las ONG's, ni el MAP, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni el Gobierno de Canarias, entre muchos otros que se quedaron paralizados escuchando a los portavoces de los grupos políticos de la Primera Institución.
Tras una pequeña introducción por parte del representante de los sindicatos, Ramón Pérez Farray, se escucharon los argumentos más interesantes de toda la sesión. El consejero en representación de los pescadores, Domingo Hernández, economista de formación, aseguró haber calculado, a partir de “los pocos datos económicos del Plan”, que el proyecto de inversiones dejará perdidas hasta pasados diez años desde su aplicación. Sólo este año las pérdidas ascenderían a un millón de euros. Además, ya en 2018, cuando por fin empezarían a surgir los primeros beneficios, en la tesorería de la empresa pública se habrá generado un desfase de 16 millones de euros.
Según el propio Plan de Viabilidad, reduciendo las actuales pérdidas en red de distribución desde el 38 por ciento hasta el 23 por ciento, el ahorro para Inalsa sería de 19.000 euros diarios, unos seis millones al año. Y así, como dijo Domingo Hernández, lo más conveniente sería priorizar las obras destinadas a dejar de perder agua, para luego con los beneficios obtenidos afrontar “poco a poco” el resto de las inversiones.
Argumentos políticos aparte, la segunda intervención de interés la aportó el representante de la Universidad de Las Palmas, Roque Calero. Lo hizo para señalar a los presentes que “los números que se manejan en Lanzarote son un poco raros”, sobre todo comparándolos con los de Gran Canaria. Calero recordó que hay un estudio que demuestra que se podría construir una planta de producción en Mala que garantizaría el suministro a toda la Isla con un coste de 0,75 euros por metro cúbico de agua, muy inferior a los costes actuales. El ejemplo es una planta del sureste de Gran Canaria, que presenta estos números funcionando en régimen de concesión administrativa.
En el caso de la mencionada desaladora, el 75 por ciento de la financiación fue afrontada por las administraciones autonómica y central, y el resto por los municipios mancomunados del sureste de Gran Canaria. La empresa que explota la planta es Acciona, y vende el agua a los ayuntamientos por 0,44 euros por metro cúbico. Los municipios, a su vez, la suministran a los consumidores a 75 céntimos, quedándose con la diferencia como beneficio para amortizar la inversión.
