Fotos: Dory Hernández
Los representantes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote exigieron este martes la anulación de las ponencias catastrales aprobadas a finales de 2007 por el Gobierno central en los municipios de Arrecife, Tías y Haría, un tipo de tributo que afecta tanto al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), como al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), a los impuestos patrimoniales, las plusvalías de terrenos y las expropiaciones, entre otros gravámenes.
Así lo pusieron de manifiesto en rueda de prensa el presidente de la Cámara insular, Eduardo Spínola, el vocal del Plenario del ente cameral, Manuel Viera, y el secretario general de este organismo insular, Bernardino Jiménez, para quienes los nuevos valores “excesivamente altos” son responsabilidad de los ayuntamientos afectados, que no alegaron en su momento que las subidas contempladas por la Dirección General del Catastro eran “un disparate”, y de los representantes políticos en las cámaras públicas, con especial incidencia sobre los diputados lanzaroteños del Congreso y los representantes insulares en el Senado, a quienes acusan de no esforzarse en la búsqueda de soluciones”.
Según exponen, tras varias gestiones realizadas el año pasado por la Cámara, la situación no ha variado, por lo que entienden que es fundamental tomar medidas urgentes ante la gravedad de la situación y la inminente emisión de los nuevos recibos.
Sostienen que hasta ahora las soluciones que los ayuntamientos han buscado son simples “parcheos” -como la bajada de los tipos de gravamen del IBI para atenuar los efectos de la nueva ponencia- que a la larga supondrán, sin que los contribuyentes lo noten a duras penas, subidas en algunos recibos del IBI de hasta el 200 por cien, “cuando el valor catastral”, aseguran, “suele ser el 50 por ciento del valor en el mercado”. Consideran que la subida afecta por igual a los tres municipios y que los aumentos desorbitados se producen siempre según la zona de cada localidad donde se situé un determinado inmueble.
Valores disparatados
Los miembros de la Cámara de Comercio de Lanzarote recordaron que los nuevos valores catastrales fueron obtenidos por la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno central, a través de una serie de estudios y tasaciones realizados con la ayuda de varias inmobiliarias. Sin embargo, esgrimiendo diversas reuniones con los ayuntamientos y la realización de diversos estudios y tasaciones propias, alegan que se aprovechó el valor de los inmuebles en un momento determinado, y que se incumplió una orden ministerial por la que la subida catastral debe calcularse: multiplicando el valor individualizado de tasación por un coeficiente de mercado que suele situarse en torno al 0,5%. Así, “este valor individualizado supone casi siempre la mitad del valor catastral”, indican.
Irregularidades
Los miembros de la Cámara de Comercio denuncian que la Dirección del Catastro cometió diversas irregularidades en un proceso “viciado” desde el principio, tanto en las fases de aprobación y publicación, como en la notificación individualizada de los valores catastrales en los tres citados municipios de Lanzarote.
En cuanto a la notificación individualizada de los nuevos valores a los residentes afectados, la Cámara entiende que se incumplió la Ley del Catastro pues no se hicieron los dos intentos de notificaciones individuales previos a proceder a la notificación de los fallidos a través del Boletín Oficial.
Posibles soluciones
Como propuesta alternativa, la Cámara plantea que se tomen medidas sin más dilación y sin esperar a que se emita el nuevo recibo del IBI; que los ayuntamientos no apliquen aún la ponencia de valores nueva y emitan los recibos aplicando la ponencia antigua; y que nuestros representantes políticos municipales, así como quienes representan a la Isla en el Congreso y el Senado realicen todas aquellas gestiones necesarias para conseguir una solución “concreta y rápida para este problema, que sea satisfactoria para todos los ciudadanos”.
Críticas a parlamentarios, diputados y senadores
El presidente de la Cámara lanzaroteña, Eduardo Spínola, inició la rueda de prensa de este martes criticando el escaso esfuerzo de los representantes de Lanzarote en el Parlamento de Canarias, el Congreso de los Diputados y el Senado, a la hora de sacar adelante iniciativas que permitan iniciar o concluir obras e infraestructuras “fundamentales para la Isla”, y por las que se ha creado un grupo de trabajo encabezado por el Cabildo de Lanzarote, y en el que participa la propia Cámara. Entre estas demandas paralizadas, Spínola enumeró el Palacio de Congresos, el Recinto ferial, el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), el muelle de Cruceros, el puerto de Playa Blanca, la mejora de equipamientos turísticos y comerciales, las carreteras de la Circunvalación y de Tahíche, y la rehabilitación de la planta alojativa turística y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo. “Esperábamos alguna reacción por parte de nuestros representantes después de que les entregáramos un estudio que demostraba que el transporte interinsular es el doble de caro en Canarias que en Baleares”, esbozó el presidente de la Cámara.
La polémica con el Colegio de Arquitectos
Spínola también fue cuestionado sobre la polémica entre la Cámara y la Demarcación del Colegio de Arquitectos de Lanzarote, a cuenta de la nueva ubicación de la sede cameral en la Isla. Después de que el Colegio anunciara que está dispuesto a acudir a la Consejería de Industria del Gobierno canario para reclamar un consenso, el máximo dirigente de la Cámara lanzaroteña indicó al respecto que la próxima semana se celebrará un Pleno cameral en el que se adjudicará definitivamente el proyecto de la nueva sede al equipo técnico correspondiente. “Se han pedido tres informes a sendos ingenieros para evaluar los proyectos. No queremos entrar en ninguna polémica y lo único que queremos es que nos dejen trabajar y buscar soluciones desde y por Lanzarote”, apostilló.
