1.- No hace falta que Miguel Zerolo se defienda ante los jueces que lo han condenado, de una forma absolutamente desproporcionada –en mi modesta opinión–, diciendo que el suyo ha sido un proceso político. El terrible énfasis de la fiscal Farnés Martínez y de la acusación particular pidiendo prisión preventiva, o como coño se llame, para él y para otros condenados en el caso Las Teresitas es, para mí, inadmisible. O, cuanto menos, extraño. Esta mujer ha hecho el papel del teniente Phil Gerard en la serie “El Fugitivo”. Al final, el personaje encarnado por David Jansen resultó inocente de haber matado a su esposa y apareció el asesino, el hombre manco, al que siempre se refería el falsamente culpable. El caso Las Teresitas sí es un proceso político, destila odio por todas partes y las condenas han sido durísimas. Lo siento también por los jueces del tribunal, que supongo habrán actuado en conciencia, pero igual se han equivocado, apabullados por el entusiasmo de la fiscal, que tardó años en concluir que no hubo cohecho y todavía sigue buscando las perras; y la prevaricación y la malversación de caudales públicos están por ver en el Tribunal Supremo. Mal asunto es que –no me refiero a este caso concreto, sino en general– jueces y fiscales “piquen” en las denuncias de políticos contra políticos. Hay partidos de izquierda que basan su existencia en los ataques judiciales contra los rivales. Que Soria tenga una cuenta con dos duros, cuenta que fue de su padre, en una isla del Canal –y no en Panamá, como se llegó a decir para seguir la juerga mediática– provoca su dimisión como ministro; pero no tiene efecto alguno que Pablo Iglesias Turrión disponga de una cuenta en un paraíso fiscal, como le ha demostrado Eduardo Inda y los tribunales han bendecido esta información. No se puede –bueno, parece que sí se puede– someter a una persona como Miguel Zerolo, ni tampoco a los empresarios encausados, ni a los funcionarios, ni a nadie, a un terrible juicio paralelo y consentido por la propia justicia injusta. A esto se le llama indefensión. No se puede –bueno, sí se puede, pero no se debe– descender a detalles que se han escuchado en este juicio y que tan solo son un relato apabullante de situaciones normales que, por el sonsonete con el que se trasladan a la opinión pública, toman la apariencia de punibles. No es una justicia justa la que trata de distinta forma a los ciudadanos (permitiendo, en los casos de algunos de ellos, filtraciones, comentarios maledicentes, injerencias mediáticas y violaciones del secreto sumarial), dependiendo de quiénes sean. A Zerolo y a los demás, pero sobre todo al ex alcalde de Santa Cruz, que parecía el objetivo, se les ha montado, a mi juicio, un proceso inquisitorial y paralelo, que convierte a la administración de justicia en una especie de rehén del odio de “los otros”. Ni siquiera se ha investigado el juicio mediático. Y esto, en un Estado de Derecho, es malo, muy malo. Y alimenta la crueldad de una sociedad acostumbrada a hablar sin saber, a difamar sin piedad, a perturbar la vida de los demás. Una sociedad sometida a la maledicencia constante, que monta juicios de papel y redes con una facilidad pasmosa, sin que las filtraciones –que llegan de todos lados– merezcan el reproche y el castigo de la justicia injusta. Se quedan ahí, propiedad de nadie.
2.- Miguel Zerolo se ha defendido amargamente este viernes, en la “vistilla” para decidir si el tribunal juzgador lo envía a prisión, por si acaso se le ocurre fugarse. Ya se han filtrado a las redes sus palabras, en menos de cinco o seis horas. La sentencia sobre Zerolo, probablemente desproporcionada –más de siete años de prisión–, que se recurrirá ante el Tribunal Supremo, a lo peor no se queda en la casación y a esperar. La fiscal y la acusación particular pretenden meter a Miguel Zerolo y a otros en el talego, por si acaso se echan a correr. Ya están cumpliendo condena por otro asunto –el del edificio de Perrault, un tema administrativo que tuvo, en otro caso similar en Las Palmas, un desenlace en este ámbito– los ex concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y la arquitecta municipal Loreto Ariz. Son tres personas decentes, tres padres de familia, tres personas honorables, que en mi opinión fueron juzgados equivocadamente en la vía penal. Eligio Hernández, que es un magistrado convertido en abogado defensor y que no podía dormir cuando había mandado a la cárcel a determinados condenados e iba personalmente a sacarlos, porque reflexionaba sobre sus condenas, ha escrito largo y tendido sobre este proceso. Las leyes son para todos. No se puede –bueno, no se debe– condenar en Tenerife a tres personas (en la vía penal) por un asunto similar a otro ocurrido en Las Palmas, que acabó en un contencioso. No se puede, repito. Bueno, no se debe. Esto es propio de la justicia de una república bananera, no de un Estado de Derecho, de un país del primer mundo. ¿Y nos quejamos de la justicia venezolana? Permítanme que me ría. Parece como si el refrán de que ningún camello se ve su joroba hubiera sido inventado para iluminar a los que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Entre ellos, muchos colegas, o lo que sean, de quien esto escribe.
3.- Reconozco, finalmente, que no puedo ser imparcial, porque soy y seguiré siendo siempre amigo de Miguel Zerolo. Creo en su absoluta y total inocencia. Pero es que hay, además, aspectos del sumario que son para temer a la justicia, no para confiar en ella. Se ve saña y puerilidad en determinadas acusaciones, verdadero afán por convertir en consideraciones que merecen reproche penal hechos que son normales en la vida de cualquier ciudadano. He recogido algunas opiniones de prestigiosos juristas y de miembros de la carrera judicial que no se explican, además, la dureza de las penas. Y otra cosa, ¿cuánto nos ha costado a los contribuyentes este proceso? ¿Se ha cuantificado? ¿A quién se quiere dar satisfacción con este proceso, a la justicia solamente? Yo no creo en la justicia divina, mal voy a creer en la de los hombres, pero les reconozco a ustedes que no me siento seguro, ni protegido, por la justicia de mi propio país. Tengo miedo. Y no vivo en Caracas, ni me llamo Leopoldo López.