-Los tres órganos más importantes relacionados con Inalsa se reunían este jueves en el Cabildo.
-Lo más importante para nosotros como ya veníamos anticipando... Recuerde que uno de nuestros planteamientos fundamentales era que el agua en Lanzarote debía seguir siendo pública y por eso nos hemos empeñado en mantener allí donde nos sentimos cómodos, allí donde realmente se cumplen nuestros deberes y nuestros derechos que es a través de los órganos jurídicos y los órganos de derecho, nada más y nada menos que en el tercer órgano de importancia de Canarias. Tenemos que desde el punto de vista legislativo la máxima figura en Canarias es la Presidencia del Gobierno, en segundo lugar el Parlamento de Canarias y en tercer lugar el Consejo Consultivo de Canarias. Y es precisamente ese órgano el que se encarga de velar para que los actos que realicen las administraciones públicas canarias, los actos que se realicen en Canarias estén conformes a derecho, a los dictados del Tribunal Constitucional y que se vele porque se garanticen los derechos y los deberes de los ciudadanos, de las empresas y de las entidades en Canarias. Nos llena de satisfacción el hecho de que tal y como nosotros manteníamos, tal y como nosotros defendíamos, -además no es nuevo, lo estamos diciendo desde el año 2001-, el contrato, el acto que se realizó en el año 2001, por doña Plácida Guerra siendo presidente del Consejo de Administración don Enrique Pérez Parrilla ya no sólo era nefasto para la isla de Lanzarote, ya no sólo tenía unas consecuencias graves para Inalsa como las ha tenido posteriormente, sino que además era nulo de pleno derecho. Y eso es con contundencia lo que ha dicho el Consejo Consultivo de Canarias. Se han vulnerado preceptos europeos, se han vulnerado preceptos desde el punto de vista de la publicidad y de la igualdad, se tenía que haber publicado por el montante económico tan importante que tenía en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas, se debía haber respetado la Ley 48/98 de sectores estratégicos como es el agua, la energía y el transporte y se tenían que haber mantenido una serie de plazos. Bueno, por todas esas cosas se le ha dado un varapalo impresionante desde el punto de vista del Consejo Consultivo a un acto que no debió realizarse nunca por las razones que habíamos dicho, que no sólo lo decíamos nosotros sino que salimos 10.000 personas a la calle para decir que aquello tendría consecuencias nefastas como las ha tenido y desde luego nos llena de enorme satisfacción el que gire todo en este sentido, aunque algunos o algunas todavía piensan más en que les interesa políticamente la ruina de Inalsa que el agua en Lanzarote siga siendo pública.
-¿Esto ha supuesto un ‘balón de oxígeno' para usted, no, porque las presiones y acusaciones han sido fuertes durante todos estos días?
-Si, es la confirmación... Y no sólo es éste el caso sino que nosotros tenemos a partir de este momento el Dictamen del Consejo Consultivo que sin duda ninguna es preceptivo y vinculante para las administraciones públicas canarias. Además, es un Dictamen ejecutivo, que desde el momento en que se produzca, se declara nulo no sólo el contrato, los actos administrativos realizados en el año 91, sino que posteriormente todos los actos que se produjeron a continuación están anulados, lo que significa que lo primero que haremos hoy (ayer) en el Consorcio de los siete ayuntamientos y el Cabildo, es dar cuenta de ese Dictamen del Consejo Consultivo, anular el acto y darle traslado a la Unión Temporal de Empresas (UTE), a Fomento, Contratas y Construcciones, para que si así lo consideran tengan un mes para recurrirlo en primera instancia ante el Consorcio y si no estuvieran de acuerdo también ante los tribunales de justicia.
-¿Cómo queda entonces ahora el asunto de la resolución de la Cámara de Comercio de Las Palmas?
-Queda como nosotros siempre hemos dicho, que no sólo era injusta sino que además se basaba en unos fundamentos que no eran razonables y además dictado de la forma tan peculiar en que se hizo. Pero para nosotros lo realmente importante y siempre habíamos insistido en ese tema es, primero, que garanticemos que esa agua sea pública y después luchar donde haya que luchar para poner las cosas en su sitio y para poner a cada uno donde le corresponde. Y a pesar de que haya gente más interesada es destruir políticamente, en arruinar políticamente, en interesar políticamente dimisiones o plantear incluso acciones desde el punto de vista político nuestro interés siempre había sido ese. Y recordar que nosotros siempre hemos dicho que había responsables pero que los culpables los iban a ir determinando los órganos de derecho. Bueno, pues ya empezamos con ello. Ya sabemos que ese acto que se produjo no se debió producir, que es irregular, que va contra las leyes tanto de la Unión Europea como del Estado español. Nos llena de gran satisfacción y nosotros vamos a seguir luchando en lo mismo. Vamos a seguir estando siempre del lado de lo público y los demás tienen incluso la posibilidad de recurrir si quieren hacerlo también con Fomento, Contratas y Construcciones.
-Usted dice que ese Dictamen es vinculante. O sea, que Fomento tiene dos opciones, o aceptarlo o acudir a los tribunales de justicia.
-Si, y es ahí donde además nos encontramos cómodos, es ahí donde realmente no se realizan como se pretendía y se sigue pretendiendo que nos hubiéramos sentado con Fomento para pagar una serie de indemnizaciones que nosotros consideramos injustas. Pero había quien se planteaba hace dos días que había que pagar nada más y nada menos que cinco millones de euros y lo decían en rueda de prensa y lo decían en los medios de comunicación. ¿Pero estamos locos? ¿A quién se estaba defendiendo? Si parecían más los embajadores, los medianeros de Fomento, Contratas y Construcciones en Canarias que unas personas que debían de defender lo público, que para eso son cargos públicos o que para eso son asesores de partidos políticos de la isla de Lanzarote. Sin embargo, lo que pretendían es que nos sentáramos a negociar, que nos sentáramos a entregar el dinero de todos, nada más y nada menos que cinco millones de euros, para saciar las apetencias de una empresa del calibre de Fomento, Contratas y Construcciones. Mientras, nosotros decíamos que no nos sentábamos, que no habíamos incumplido nada, que quien tenía que obtener las autorizaciones, las licencias, las calificaciones territoriales, los permisos de Costas, los permisos de Industria y los permisos de Medio Ambiente era Fomento, Contratas y Construcciones. Y nosotros no teníamos que haber facilitado como se facilitó en su día haciendo actas de replanteo o declarándose como que el Cabildo e Inalsa eran los promotores públicos de una obra que no era así. Bueno, pues yo creo que las cosas se ponen en su sitio y, a partir de ahora, espero que cada uno actúe en consecuencia y que a partir de ahora no sólo se queden colorados sino que también tomen las decisiones que desde el punto de vista político tienen que tomar.
-¿Usted las tenía todos consigo?
-Pero no sólo conmigo sino que lo que nosotros estamos defendiendo es lo justo. Lo que nosotros estamos defendiendo es que en Lanzarote el agua siga siendo pública. Es que había gente que estaba más interesada en lo otro. Y nosotros vamos a seguir en esa batalla y en una batalla en la que nos encontramos en el estado de derecho. No nos encontramos en negociaciones de despacho, no nos encontramos en tribunales camerales, no, no, nos encontramos en los juzgados, en el estado de derecho, nos encontramos con la igualdad para todos porque todos somos iguales ante la ley y no tenemos que llegar a negociaciones como se pretendían de despacho y mucho menos a aceptar acuerdos claramente injustos, que van en contra de los intereses de la Isla como es el laudo de la Cámara de Comercio de Las Palmas y que desde luego quien en su día de forma imprevisible cuando nunca se ha sometido un contrato en la historia del Cabildo, nunca en la historia del Consorcio, al arbitraje de la Cámara de Comercio. Que lo explique, que den la cara y que actúen en consecuencia.
-¿Alguna vez Fomento, Contratas y Construcciones se pusieron en contacto con usted para llegar a algún tipo de acuerdo?
-No sólo llamadas, sino que se presentaron escritos. Hace dos días pretendían que respondiéramos, que nos sentáramos y lo que se pretendía era que...
-¿Hace dos días?
-Hace dos días lo estaban diciendo, que el culpable del laudo era Mario Pérez por no haberse sentado y pagar los cinco millones de euros que pedía Fomento, Contratas y Construcciones. Hace dos días lo decían en este mismo medio de comunicación. Doña Plácida Guerra, que cada tres palabras decía Mario Pérez. Cada tres palabras. Bueno, pues las intenciones de Fomento, Contratas y Construcciones es que nosotros le hiciéramos el trabajo que tenían que haber hecho ellos, que nosotros obtuviéramos los permisos, las calificaciones, que nos saltáramos un acuerdo del Consejo Insular de Aguas, que han recurrido a los tribunales; que desde el año 2004 se les ha denegado la posibilidad de producir agua en Lanzarote.
-Si, pero decían que se les denegaba porque usted era el consejero delegado de Inalsa.
-No, no, afortunadamente el Consejo Insular del Aguas tiene un equipo jurídico que es el mismo que tiene el Cabildo y el secretario del Consejo Insular de Aguas es el
secretario del Cabildo de Lanzarote, Don Francisco Perdomo, del que nosotros tenemos que decir que nos encontramos enormemente orgullosos. Nos encontramos enormemente orgullosos de los equipos jurídicos que tenemos dentro del Cabildo y también de los equipos jurídicos que han llevado el tema de Inalsa y que la razón está de nuestra parte porque nosotros nos asesoramos con quienes tenemos que asesorarnos, porque el acuerdo del Consejo Insular de Aguas no es un acuerdo de Mario Pérez, es simplemente trasladar lo que los equipos jurídicos, lo que entienden desde la secretaría del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas que son las leyes de Lanzarote. Desde el año 1991, Plan Insular de Ordenación del Territorio, desde el momento en que se crea el Consejo Insular de Aguas, el agua en Lanzarote sólo la puede producir, distribuir y sanear Inalsa, el Consorcio Insular de Agua, de quien es la titularidad pública del agua en Lanzarote. Y eso es lo que está en cuestión y eso es lo que nosotros seguimos defendiendo.
-A usted se le acusaba también de que era para acabar contumaz en este asunto, pero sin embargo hacía la ‘vista gorda' con otras potabilizadoras.
-No, yo creo que a nadie que esté en su sano juicio se le ocurra que nosotros vayamos a acabar con el imperio de las Koplowitz, desde luego que no, esa no era nuestra intención. Nuestra intención es que se cumplan las leyes, nuestra intención es cumplir y hacer cumplir.
-El juramento que hizo en su momento.
-Sin duda. Es que para eso estamos. Y si nosotros lo que queremos es defender lo privado, cambiemos de camiseta y digamos que nosotros ya no sólo somos medianeros sino que trabajamos directamente para Fomento, Contratas y Construcciones. Pero lo que no se puede hacer es que en la mitad de un tiempo esté uno con la camiseta de lo público y en la otra mitad del partido de fútbol con la camiseta de lo privado y simplemente para obtener réditos desde el punto de vista exclusivamente político y réditos desde el punto de vista electoral. Desde luego yo a eso no juego.
