-Días pasados se presentaba en el Consejo de la Reserva de la Biosfera un informe que fue calificado por el miembro del Comité Científico de la Reserva Antonio González Viéitez de superficial. ¿Conocía usted ese informe?
-La información de la que nosotros disponemos, porque en la segunda parte de esa reunión hubo un miembro de la Fundación en el Consejo, es que por un lado se ha dado información por parte del consejero al Gabinete Científico de la Reserva y a los miembros del Consejo que se incorporaron en una segunda parte de la reunión, y por otro lado se habló de un informe del Comité MAB que era una evaluación de la Reserva. Efectivamente ese informe del Comité MAB es el que parece que suscitó el comentario por parte de algún miembro del Gabinete Científico, como fue González Viéitez diciendo que era un informe superficial habida cuenta de que valoraba en términos positivos qué es lo que había ocurrido en los 10 años de la Reserva sin hacer ninguna consideración sobre los problemas naturales que tenemos y sobre los que todos coincidimos. Esto es lo que creo que suscitó ese comentario de que era un documento superficial. Aparte de esto es cierto que luego González Viéitez a título personal se pronunció sobre la posibilidad de que ciertos hoteles pudieran ser derruidos si se producía una sentencia en los tribunales.
-Si, decía que era impensable.
-La verdad es que lo que no tiene que ser impensable es que la ley se llegue a cumplir.
-Eso es lo sorprendente, porque como puede ser impensable que se cumpla una sentencia sobre una cosa que es ilegal. Para qué se lleva entonces a los tribunales de justicia.
-Esa es la línea de pensamiento que compartimos nosotros. No hay que adelantar ningún acontecimiento. Sabemos que hay una serie de licencias que están incursas en procedimientos judiciales y habrá que esperar qué es lo que se deduce de ahí. Pero vamos, a mi no me parece ni pensable ni impensable las consecuencias que se pueden derivar de ahí.
-Por otro lado, como sabe hay discrepancias serias sobre el Plan Territorial. En este sentido, hay fuertes acusaciones desde el punto de vista municipal afirmando que se está haciendo al margen de la consideración de los ayuntamientos. ¿La FCM tiene ya una idea clara de este Plan Territorial? ¿Se dispone a aceptarlo en los actuales términos o tiene su propio planteamiento?
-La Fundación desconoce a día de hoy el contenido del Plan Territorial Especial que va a ser presentado...
-¿Ah, si?
-Nosotros tenemos la información que se ha trasladado a un Consejo de la Reserva de la Biosfera pero el Plan Territorial Especial es pedrería fina, hay que ver plan parcial por plan parcial, cómo va a afectar, porque una de las cuestiones fundamentales afecta a la desclasificación de 25.000 camas. La verdad es que nosotros asistimos con cierta perplejidad a este falso debate que se está planteando a la sociedad. Y me explico. Para la Fundación está claro que venimos de un proceso que podríamos situar en febrero de 2003 en que hubo que revisar el Plan Insular y que por las circunstancias políticas en que nos vimos inmersos, perdimos aquella oportunidad que era la que nos permitía haber desclasificado esas 25.000 camas. Estoy hablando de febrero de 2003. Esa revisión no fue posible y teníamos por delante cumplir como decían las directrices con un Plan Territorial Especial que llevamos ya más de dos años de retraso en el tiempo en el que se debiera haber aprobado. En aquel momento la Fundación César Manrique, ante la inactividad de la política insular, encargó un trabajo técnico a Fernando Prats de qué cosas son las que había que hacer, qué obligaciones teníamos para cumplir con la ley, y ese documento que se dio en llamar ‘hoja de ruta' fue presentada en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, donde todos tuvieron un amplísimo conocimiento, plan parcial por plan parcial, de las determinaciones que se proponían. Esto suscitó un consenso generalizado, de tal manera que en aquel momento y hay amplia prensa al respecto, no hubo oposiciones. Al contrario, se dijo que había que hacerlo y que había que ponerlo en marcha. Se hablaba como digo de plan parcial por plan parcial hasta un total de 25.000 camas que habría no desclasificar porque en realidad ya no se podían desclasificar sino para entendernos, hibernar, poner fuera del mercado temporalmente. No entiendo por qué ahora parece que se ha creado un discurso sobre la necesidad de consensuar, etc.. Yo creo que la cuestión está en que no se está hablando de las camas turísticas, porque parece que está muy claro que la situación que vive hoy Lanzarote es una situación de dificultad provocada por un exceso de oferta turística. Parece que sobre esto hay consenso, que pocos son...
-Si, pero aparenta un consenso muy farisaico
-Muy farisaico, efectivamente, porque muy pocos son los que ahora se atreven a decir que necesitamos construir más camas turísticas, pero nadie quiere perder el derecho a construirlas dentro de unos años porque estamos en la conciencia de que esto será cíclico y dentro de unos años nos vamos a recuperar y vamos a seguir construyendo. Los datos que nos llegan del Gobierno de Canarias son absolutamente demoledores. Como usted sabrá se cumplen tres años, el primer trienio, de la moratoria que a todos los efectos no ha producido lo que todos esperábamos que produjera, que era una contención del territorio turístico, pues en tres años se han producido más de 50.000 camas de crecimiento en Canarias. Más de 50.000 camas de las que el mayor crecimiento, entre 2000 y 2003, ha correspondido a Lanzarote. Las cifras son realmente significativas porque mientras Tenerife ha crecido un 10,6% en plaza alojativa y Fuerteventura ha crecido un 12,3%, créame que el Gobierno de Canarias dice que Lanzarote ha crecido un 47,5%. En fin, estamos en una situación en la que como decía parece que no se va a discutir el crecimiento de la oferta alojativa. ¿Qué es entonces lo que hay detrás? ¿Por qué se está intentando crear un movimiento, una operación, entre agentes económicos y representantes municipales a favor de que se discuta a fondo el Plan Territorial Especial? ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? Nosotros pensamos que se quiere erosionar el alcance del Plan Territorial Especial, limitar su alcance, y crear un espacio de influencia pública para que el Plan Territorial Especial se dedique a lo que naturalmente no se debiera dedicar, que es a regular la oferta complementaria. En el fondo el problema desde nuestro punto de vista es que como todos sabemos la Reserva de Inversiones lo que ha producido es una acumulación (lo están reconociendo los técnicos del Gobierno de Canarias) enorme de reservas que ha excedido las posibilidades de inversión en la economía canaria y que está haciendo que estas reservas se desvíen hacia inversiones inmobiliarias o turísticas. La presión que está ejerciendo esta Reserva de Inversiones hace que determinados sectores empresariales vean en la oferta complementaria un alivio inversor.
-¿Al hablar de oferta complementaria se refiere a puertos deportivos, campos de golf, etc.?
-Efectivamente. Entonces se está procurando presionar para que el Plan Territorial Especial dé cabida a este tipo de oferta complementaria. Y la verdad es que desde nuestro punto de vista éste no es el momento. Primero, porque no es el instrumento del Plan Territorial Especial, que lo que tiene que hacer clara y sencillamente es dedicarse a poner fuera de mercado esas 25.000 camas y meternos después en la revisión del Plan Insular . En la revisión del Plan Insular es donde tendremos que ver qué oferta complementaria es la que Lanzarote necesita, cómo es esa oferta complementaria, cuánta oferta complementaria y dónde se va a construir, siempre en el marco del planeamiento y desde coordenadas de restricción. Porque Lanzarote desde nuestro punto de vista no necesita más campos de golf , tiene suficientes con los campos que están previstos; porque hay previsto un puerto deportivo para Arrecife, tenemos dos construidos y se está hablando de un cuarto en Costa Teguise; en fin, son suficientes elementos ya para el debate y la reflexión. No necesitamos que se metan más en el paquete y probablemente tengamos que ir pensando en otro tipo de cuestiones para rehabilitar el modelo turístico y para reorientar el modelo turístico. Otro tipo de cuestiones que ya el Gobierno de Canarias las está avanzando y que desde luego tienen mucho que ver con la conservación del territorio, con la organización de nuestros paisajes, con el cuidado del entorno, con la sostenibilidad ambiental. Estoy hablando con palabras del Gobierno de Canarias.
-Eso suena muy bonito, pero dónde están las medidas que protegen el territorio.
-Ninguna, efectivamente, no las hay. Pero están empezando a cambiar el discurso porque vieron que han construido 50.000 camas cuando tenían una moratoria y que están previstas en los tres próximos años de moratoria están previstas 40.000 camas más.
-Esas son las legales pero las que no son legales.
-Más de 130.000 camas ilegales que hay que incluir a estas 470.000 camas más.
-¿Qué pasa con Arrecife? ¿La Fundación ha olvidado ya a la capital de la Isla?
-Pues casi, casi. Nosotros hemos intentando trasladar un criterio con respecto a lo que sería la Adaptación Básica. Nosotros entendemos que esa Adaptación Básica debe ser meramente administrativa y que no tiene que tener contenidos urbanísticos, y que desde luego éste no era el momento de abordar el Plan General, que había que esperar al comienzo de una nueva legislatura y ahí abordarlo desde prácticas de consenso. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, la información que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación es que se vuelve a incurrir en errores indeseables y, en fin, sí que creemos que es absolutamente necesario crear confianza en los ciudadanos con respecto al Plan General, que estaba muy deteriorada, y desde luego evitar cualquier sombra de duda.
