Diecisiete años, cinco horas, cuarenta minutos y unos cuantos millones de euros después de que al Partido Socialista (PSOE) que en 1998 presidía Enrique Pérez Parrilla y dirigía con mano firme Segundo Rodríguez aprobara la moratoria turística, hemos sabido que no se va a tirar al piso ningún hotel ilegal de Lanzarote. Esto ya no lo dice ningún medio de comunicación más o menos interesado en uno u otro bando de la guerra que se montó para llenar los bolsillos de alguno; esto lo ha dicho este lunes la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, durante su intervención en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio-COPE Lanzarote.
El grupo de gobierno de Yaiza está, como ya informó este diario, metido en la compleja tarea que otros le dejaron de regularizar la planta hotelera que se quedó fuera de planeamiento tras la cruenta batalla legal que realizó el Cabildo de Lanzarote una vez que se dieron cuenta de que la chapucera moratoria turística que planteó el urbanista Fernando Prats provocó el efecto contrario al que se esperaba. Como ha explicado Acuña, no se va a derribar totalmente ningún establecimiento porque no existe ninguna sentencia que lo determine. Sólo se derribarán, y en pocos casos, partes de hoteles que no debieron construirse. Todavía, muchos años después, seguimos sin saber qué hoteles son y cuándo tendrían que derribar lo que se determine en el actual proceso. Algunos han tardado en darse cuenta de una realidad que otros venimos años mostrando.
Una vez que sabemos que no se va a derribar ningún hotel de los que se levantaron de forma teóricamente ilegal en el sur de la Isla hay que pasar al siguiente capítulo, al de la petición de responsabilidades no sólo a los que generaron el problema y buscaron luego la interesada solución sino a los que se han dedicado durante estos años a manchar la imagen de Lanzarote por intereses totalmente ajenos al interés general. Alguien debería pagar por el daño que se ha hecho a las arcas públicas y por el tremendo daño que durante lustros se hizo a la imagen de un territorio que fue machacado dentro y fuera de sus frágiles fronteras.
La política destructiva que ha defendido la falsa progresía local, esa que trata de hacer ver a la población de bien que su único fin era la protección del territorio, de nuestro vulnerable entorno permanentemente amenazado por la voraz especulación del hombre, está llegando por suerte a su fin.
Igual que muchos ciudadanos, algunas organizaciones políticas y algunos medios de comunicación no politizados piden que se asuman responsabilidades políticas en desastres de gestión como ha sido la que se llevó a cabo en Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) o en los Centros Turísticos, habría que exigir, habría que pedir, responsabilidades a todos aquellos que se han dedicado a polemizar con el tema de los hoteles ilegales para llenar el bolsillo de unos pocos.
Recientemente el diario Canarias 7 ha avanzado que el Cabildo que preside en minoría Pedro San Ginés está tratando de investigar las muchas dudas que plantea la política territorial que se siguió en distintos gobiernos, y que tuvo su punto culminante cuando a Manuela Armas se le ocurrió nombrar a Carlos Espino consejero de Política Territorial. El caso Yudaya, cuyas dudas planean por las cabezas de todos los que han podido leer el extraño acuerdo, o las facturas del despacho de Manuel Fajardo Palarea presentadas en teoría para luchar contra los depredadores del suelo, son dos buenos ejemplos. Pero hay más, hay mucho más. Esa es la punta del iceberg de una política falsamente nonista y tramposa que tenía como principal objetivo asentar en Lanzarote el pleito por el pleito, el río revuelto donde ha habido pescadores que se han hecho de oro. ¿Alguien medianamente informado cree que es casualidad que no se hayan aprobado a finales de 2015 el nuevo Plan Insular y el Plan General de Arrecife? En temas de política y de muchos millones de euros las casualidades no existen.
Lo que ha dicho Gladys Acuña este lunes no ha supuesto ninguna sorpresa. Era evidente, por mucho que en sus últimos coletazos algunos utilizaran el hotel Papagayo Arena (anunciaron desde el PSOE de Carlos Espino que se iba a tumbar y una ministra del Gobierno Zapatero, Elena Espinosa, tuvo que enmendar la plana diciendo aquella frase ya famosa de que tumbar ese hotel era como tumbar un hotel del centro de Madrid) o el Financial Times (el rotativo británico publicó una insólita noticia citando a unas no localizadas fuentes de la Unesco que Lanzarote iba a perder el título de Reserva de la Biosfera) para hacer ver lo contrario, que la salida a establecimientos que se habían construido con licencia municipal en suelos absolutamente aptos para su construcción no pasaría por su demolición. Fueron muchas mentiras, una enorme tergiversación de la realidad y una campaña terriblemente nociva contra los intereses de Lanzarote orquestada e ideada por gente que vive en Lanzarote y que supuestamente ama Lanzarote.
Han jugado con la memoria colectiva, con el tiempo, y han llenado infinidad de páginas de periódico, no pocas horas de radio y televisión y soportes de todo tipo en las redes sociales con infamias que por desgracia no van a encontrar culpables. ¿O sí?
En ese caro barco para los intereses de los bolsillos de los ciudadanos se embarcó junto al Cabildo la Fundación César Manrique, desde donde todavía no han explicado por qué decidieron en su día retirar pleitos de forma selectiva a hoteles como los que se construyeron en Puerto Calero. Tampoco cuánto dinero se han gastado en esa supuesta defensa de la legalidad y con qué objetivo final. Tampoco qué piensan de que finalmente los hoteles contra los que sí que pleitearon vayan a quedar en pie.
Por suerte para la mayoría y por desgracia para unos pocos existen las hemerotecas. No hace falta hacer una búsqueda demasiado concienzuda en Google para encontrar el sustento de la patraña que se vendió al exterior y que algunos compraron con gusto. Por poner algún ejemplo:
EL PAÍS publicó el 17 de marzo de 2008 un publirreportaje bajo el título “Una Marbella emerge en Lanzarote”, con un no menos llamativo subtítulo que afirmaba que “el 23% de la planta alojativa local afronta su demolición”.
EL MUNDO publicó el 7 de julio de 2010 una información en la que se hacía eco de unas declaraciones de la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, en las que afirmaba que había 22 proyectos urbanísticos en Lanzarote con licencias concedidas que “violan la normativa local, la Ley de Costas y que están paralizados y pendientes de demolición”.
LA PROVINCIA publicó el 1 de junio de 2012 una noticia bajo el título de “Los excesos hoteleros ponen contra las cuerdas a Lanzarote”, con otro inquietante subtítulo en el que se podía leer que el rotativo Financial Times había publicado un reportaje en el que anunciaba la posibilidad de que la Unesco retirara en breve el título de Reserva de la Biosfera, hablando en su interior también de la repetida demolición.
Son ejemplos de lo que sucedió durante estos tres últimos lustros. Los medios de comunicación independientes hemos tratado de mostrar la verdad, luchando contra los depredadores del territorio, que los hay, pero con propuestas que iban más allá del pleito selectivo. También hemos luchado contra los depredadores del dinero público y de los intereses generales de Lanzarote, en este caso utilizando sólo la información y contando las cosas como son. Otros no pueden decir lo mismo, y ahora tendrán dificultades para intentar reinventar argumentos que expliquen cuestiones que no tienen explicación.
