En esta particular sección del periódico no nos hemos cansado de mostrar nuestra sorpresa por la insólita situación política que atraviesa alguien como Alejandro Díaz, un joven abogado que va a batir todos los registros en cuanto a defenestración y queme de gente valiosa. La sorpresa viene porque cualquiera que tenga memoria puede recordar cómo se produjo su caída a los infiernos dentro del Partido Popular (PP), cómo José Manuel Soria fue incapaz de admitir el estrepitoso ridículo que se hizo en Lanzarote cuando se quiso castigar a Coalición Canaria (CC) por haberles echado del Gobierno regional. Bueno, también ha sido aquí donde hemos seguido de cerca las peripecias del expediente de expulsión redactado por el singular Comité Regional de Derechos y Garantías, el cual, como demuestra una grabación que hizo el propio Alejandro Díaz, llevó a cabo una extraña comparecencia bajo la presidencia del lanzaroteño Fernando Figuereo. Aunque el propio Alejandro Díaz ya da por perdida la causa, aunque ya sabe que finalmente el Comité Nacional de Derechos y Garantías va a ratificar su expulsión, nosotros queremos llamar la atención sobre lo raro del asunto. Y es raro porque lo lógico habría sido resolver el asunto de forma rápido en Madrid, que Génova, si tan malo es lo que ha hecho el parlamentario regional, lo hubiera puesto sobre la marcha de patitas en la calle. No lo han hecho porque en Madrid pocos entienden por qué se expulsa a un militante y dirigente del PP por haber expresado en público unas opiniones, por muy contrarias fueran éstas al todopoderoso Soria. Y decimos “todopoderoso” en Canarias, porque sabemos, nos consta, que en Madrid hay más de uno que le tiene unas ganas tremendas. Nosotros nos pusimos en contacto este martes con Génova para volver a preguntar por la tramitación del expediente. De momento nada de nada. El órgano que preside Federico Trillo no ha tenido tiempo todavía de estudiar el asunto. Poco hay que estudiar. No expulsar a Alejandro Díaz, y nos consta que hubo un momento en el que se pensó en la posibilidad de no expulsarlo, significaría un duro varapalo para el líder canario, y no están las cosas como para dar varapalos a pocos meses de las elecciones, mucho menos cuando está en juego el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas.
