Este diario, que ha seguido con extrema atención el ir y venir del expediente de expulsión del parlamentario Alejandro Díaz elaborado por el singular Comité Regional de Derechos y Garantías del Partido Popular (PP) que preside el lanzaroteño Fernando Figuereo, todavía no se explica ciertas cosas del final de la historia. En primer lugar, como ya explicamos en la edición anterior, que la presidenta de la gestora insular, María Dolores Luzardo, tuviera la información en su poder -nos referimos a la que tiene que ver con la llegada definitiva del documento emitido desde la sede de la calle Génova de Madrid- y la fuera distribuyendo a los medios a su libre albedrío. En segundo lugar, que la decisión de expulsar a Alejandro Díaz se comunicara en primer lugar a la dirección regional, luego a la dirección insular y luego a los medios. En tercer lugar, que el afectado, el que hasta no hace demasiados meses era nada menos que el presidente insular de la formación, todavía no tenga en su poder el documento. (Cuando decimos “todavía” nos referimos al momento de redactar este zurriagazo, porque es probable que después de lo que ha dicho en Lanzarote Radio el propio Díaz se acelere el proceso). Todo el asunto en sí resulta bastante lamentable, no sólo que un político que lo único que ha hecho es cuestionar la presencia de José Manuel Soria en los trabajos parlamentarios que tienen que juzgar el caso eólico termine siendo expulsado de un partido, sino las formas que se han empleado para hacerlo. Hace tiempo Alejandro Díaz confesó a esta sección que independientemente de los derroteros que tomara el asunto su idea era abandonar el partido y su puesto en el Parlamento, devolviendo el acta. Ahora, después de ver cómo le han tratado, no sabemos si finalmente decidirá quedarse hasta el final de la legislatura para seguir fastidiando a los que parece que fastidia su presencia. Seguiremos contando.
