Los activos ejercientes del lado oscuro de la fuerza que operan en Lanzarote se han empeñado en presentarnos una y otra vez el caso Unión como un claro ejemplo de la lucha de la justicia contra la corrupción. Por desgracia para ellos, es todo lo contrario. Es un ejemplo, como dejó dicho y escrito en su día el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández y como han avalado personas del prestigio del actual Diputado del Común en Canarias, Jerónimo Saavedra, de la forma en la que actúan los justicieros para hacer supuesta justicia.
Indudablemente, en la sociedad de Lanzarote existe corrupción. La ha habido, la hay y por desgracia la seguirá habiendo. Pero ni más ni menos corrupción que hay en otros lugares donde circula el dinero con cierta alegría y donde los políticos y los funcionarios reciben constantes tentaciones. Si la operación Unión no tuviera a quien tiene detrás y no se hubiera realizado con el objetivo que se realizó, podríamos decir hoy en día que fue un buen intento de combatir a los delincuentes confundiendo en demasiadas ocasiones los métodos empleados.
Y es que seguramente al agente del Tesoro de Chicago Eliot Ness y a sus “Intocables” les habría encantado detener a Al Capone por los múltiples crímenes que sabían que había cometido, entre ellos el asesinato de uno de los amigos íntimos del héroe de la lucha contra el mafioso italoamericano. Sin embargo, conscientes de que no se podía pelear contra los infractores de la ley saltándose la propia ley, tuvieron que coger al malhechor por algo tanto tonto como fue la evasión de impuestos. A los justicieros eso les da igual, porque creen que el fin justifica los medios, aunque en el fondo de sus mentes piensen realmente que el fin que persiguen es noble. No es el caso. Lo contrario es lo que trataron de mostrar al mundo aquellos que para conseguir sus fines olvidaron en el camino lo importante que es el celo profesional para no dañar la imagen de inocentes. Y el principal inocente era sin duda alguna la propia isla de Lanzarote, un territorio que no tiene la culpa de lo que hacen algunos de sus habitantes.
La duda, la simple duda de la inocencia de una persona, lleva a la gente razonable a no estar de acuerdo por ejemplo con la pena de muerte, porque es irreversible. Esa duda razonable se tiene que aplicar también a la instrucción de un caso en el que se sabía que se iba a fusilar públicamente la imagen de muchas personas, algunas de ellas inocentes. ¿Cómo se deja de nuevo liso un papel que se arruga, como se devuelve el prestigio a la gente a la que se le arrebata de cuajo? Porque el caso Unión, al margen de las condenas de las que se vanaglorian algunos como si se tratara de éxitos personales, ha dejado en el camino la desimputación de personas inocentes que llegaron incluso a ser detenidas por orden del juez César Romero Pamparacuatro. El caso más sangrante es el del ex secretario general del PSOE Segundo Rodríguez, al que tuvo dos meses encerrado en prisión como medida preventiva y al que posteriormente otro juez, estudiando las pruebas que había contra él, consideró que no estaba ni siquiera para ir a juicio. ¿Quién y cómo van a compensar ahora a esas personas que fueron detenidas o imputadas que años después ni siquiera van a ser juzgadas, quién asume y con qué consecuencias semejante despropósito?
Ha habido gente valiente y comprometida con el verdadero periodismo que no sólo ha informado de la lucha contra la corrupción que encerraba el caso Unión sino que se han atrevido a denunciar los métodos utilizados durante la instrucción y la cantidad de errores, por no llamarlos de otro modo, que se cometieron. Fueron sistemáticamente machacados por aquellos que en lugar de hacer periodismo se han dedicado estos años a defender lo indefendible, amparados siempre en el hecho indiscutible para ellos de que los que atacan al juez o al fiscal del caso son todos defensores de los corruptos. Tanto el juez César Romero Pamparacuatro como el fiscal Ignacio Stampa han terminado querellándose contra esos medios y contra alguno de sus periodistas.
Estas personas, como todos los baltasares garzones que operan en la justicia de este país, donde anida la peor de las corrupciones posibles, no son conscientes de que su actividad también tiene que estar siendo permanentemente fiscalizada por los medios de comunicación y por la propia sociedad. No son dioses que viven al margen del sistema, aunque algunos en ocasiones parezca que se lo creen. Y se lo creen porque hasta ahora han actuado sin que suceda nada, o sin que suceda nada realmente grave. Dicen en Estados Unidos desde hace muchos años que una democracia no se consolida hasta que un juez acaba en la cárcel. No decimos que deba ser el caso, pero sí que decimos que la justicia necesita un verdadero control, para evitar que la sociedad desconfíe de todos los que trabajan en ella simplemente por la forma de actuar de estos justicieros que juegan a hacer política con la toga puesta y a otras cosas que en muchas ocasiones no salen a la luz. Tengas pleitos y los ganes, dicen de forma sabia los gitanos en forma de maldición.
En las redes sociales, un portal de noticias activo y no sectario como es Isla sin Corrupción, contra el que también han tratado de disparar los francotiradores habituales, ya adelantó hace unas semanas que la prensa nacional iba a poner el ojo en la cantidad de despropósitos que se encuentran detrás de la polémica instrucción del polémico caso. Este lunes el diario ABC publicó un escalofriante relato de los hechos que concluía con perlas como que el juez, un secretario y la propia Guardia Civil se pusieron de acuerdo para falsificar documentos que dieran visos de legalidad a su mala praxis, entre otras cosas emitiendo autos que daban validez a pinchazos telefónicos y a grabaciones que se habían producido sin conocimiento de la justicia. Lo que cuenta el diario ABC, que tiene una segunda parte en la edición de este martes, como mandan los cánones en la prensa seria que hace periodismo de investigación y no de filtración (se supone que habrá más), no es más que un resumen muy atinado de parte de lo que ya ha publicado la prensa local y el único diario provincial que se ha metido a fondo a cuestionar periodísticamente los métodos utilizados en la instrucción, el Canarias 7. Pero falta más, mucho más. Esto es la punta del iceberg de un monumental fiasco perpetrado por aquellos que de hacer justicia pasaron a ser justicieros, por razones que en muchos ámbitos de Canarias ya se dan por obvias.
Lo que no sabe el ABC, porque imaginamos que tampoco ha tenido conocimiento de ello, es que el día que la Guardia Civil entró en el Ayuntamiento de Arrecife a requisar documentación y a iniciar las detenciones programadas había dos televisiones muy vinculadas editorialmente con el Partido Socialista (PSOE) que gobernaba en aquel 2009 el país, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente y con Juan Fernando López Aguilar como ministro de Justicia: la Sexta y Cuatro (con las fusiones posteriores La Sexta acabó con Antena 3 y Cuatro con Tele 5, pero esa es otra historia) apostadas en la puerta. Dos televisiones que curiosamente no tienen ni sede ni corresponsales en Lanzarote, que fueron avisadas por alguien para que no perdieran detalle de la llegada de los agentes de la Unidad Central Operativa a la institución. Según fue avanzando la instrucción, el juez fue ordenando más detenciones. Curiosamente, había también dos medios de comunicación en Lanzarote muy vinculados igualmente con el PSOE de aquella época a los que se avisaba para que antes de que se detuviera a cualquier persona estuvieran acechando en sus viviendas y poder así sacar las fotos o el vídeo de rigor. No se trataba de hacer justicia, se trataba de montar un espectáculo. El escándalo se hizo todavía más sonado no sólo cuando empezaron las quejas por estas filtraciones sino cuando se llegó a filtrar el sumario completo del caso Unión sin ningún tipo de sesgo, circulando de peluquería en peluquería, de bar en bar, las conversaciones completas y sin cortes no sólo de los investigados, sino de muchos ciudadanos que no tenían nada que ver con las tramas corruptas.
Fue tan llamativo el tema, que el propio juez César Romero Pamparacuatro abrió una diligencia como una de sus últimas actuaciones antes de que le apartaran del caso para intentar averiguar de dónde partieron tantas filtraciones. ¿Realmente quería conocer el juez el nombre y los apellidos de los filtradores? Pues no se sabe, porque fue el mismo juez el que años después participó en un programa de televisión de La Sexta en el que hizo ver que su papel no estaba ni delante ni detrás de las cámaras, sino en el juzgado, sin caer en que días después de su emisión se iba a descubrir que fue él quien llevó al equipo de “investigación” de la tele en el barco que entró a grabar el puerto deportivo Marina Rubicón, y fue él quien suministró la mayor parte de la información para crear una imagen sensacionalista y muy alejada de la realidad de lo que había sucedido en la "isla de los imputados". ¿Actor o juez? Después de aquel reportaje, las dos cosas.
Tanto el periodismo de investigación como la justicia verdadera deberían tener problemas de ceguera y de falta de sectarismo. Es decir, un buen periodista y un buen juez tienen que investigar la corrupción y a los corruptos sin mirar colores políticos, y utilizando siempre los métodos que marca la ley, entre los que se incluye el no vulnerar ninguno de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se investiga. ¿Se ha cumplido con algo tan simple en este caso? Está claro que no.
El pasado domingo el director del diario El Mundo, David Jiménez, escribió un fantástico artículo de opinión en el que refleja exactamente todo esto. La excusa, las quejas que se habían producido por parte de unos y de otros por las informaciones publicadas por un medio que ha demostrado durante muchos años que se puede hacer verdadero periodismo de investigación y de denuncia sin ser sectario, siendo osado a la hora de publicar informaciones comprometidas afecten al partido político o al personaje que afecten. Lo contrario de lo que hacen los fusileros que en Lanzarote defienden la instrucción del caso Unión y obvian la parte oscura que se esconde detrás, haciendo el juego de artificio de aquellos que no tienen argumentos de que todo forma parte de una conspiración de los corruptos para intentar que el caso quede en nada.
David Jiménez explica en su columna que en los últimos días su compañero Fernando Lázaro, al que los mismos sectarios que trabajan en Canarias han puesto a caer de un burro, ha contado las irregularidades que pesan sobre las actuaciones de la juez estrella de Podemos, Victoria Rosell, que la incapacitarían para cualquier cargo público, más aún para el de ministra de Justicia. “La respuesta de algunos de sus simpatizantes ha sido que estamos vendidos al Gobierno”, señala el director, quien apunta igualmente que “también hemos revelado las comisiones millonarias cobradas en el extranjero por el embajador español en la India, Gustavo de Arístegui, y el diputado popular Pedro Gómez de la Serna, que habrían aprovechado sus cargos públicos para enriquecerse”. “Estáis vendidos a Ciudadanos, fue la conclusión simplista que me trasladó un ministro. No entienden que todo es más sencillo. No sé cómo funciona el proceso de decisión en otros periódicos -empecé de becario en El Mundo y no he trabajado para ningún otro-, pero puedo contarles cómo y por qué publicamos las historias en este periódico. Cuando nuestros reporteros de investigación Pablo Herraiz y Quico Alsedo me contaron la información que tenían sobre el embajador y el diputado del PP, las preguntas que nos hicimos no fueron si su publicación beneficiaba a uno u otro partido. ¿Es su contenido relevante para nuestros lectores? ¿Está bien contrastado? ¿Hemos hablado con todos los afectados para que puedan dar sus versiones y defenderse? ¿Hay algún riesgo de que nos pise la exclusiva otro medio? Porque eso sí: tenemos nuestro ego competitivo. Nuestra labor es poner el foco sobre quienes llegan a la política para servirse a sí mismos”, cuenta de forma muy atinada Jiménez.
En esas preguntas se encierra de forma sencilla la base del periodismo serio y no politizado o partidista, ese que procuramos –creemos que con éxito- practicar a diario en este grupo de comunicación. Como le pasa al director de El Mundo, aquí también hemos recibido llamadas, críticas veladas y sin velar, presiones de todo tipo y hasta una incesante persecución en los tribunales de justicia que nos llevó a plantear seriamente una denuncia por prevaricación contra un juez que ejerce de abogado cuando le conviene y contra un fiscal que ejerce de cualquier cosa menos de fiscal.
Nada de eso importa si uno se empeña en contar la verdad sin tratar de hacer daño a nadie, de contar las cosas como son, no como a algunos les gustaría que fueran.
Habrá más, mucho más.
