En Canarias no nos libramos de nada. De hecho, tenemos claro que no hay un solo delito recogido en el Código Penal que no se haya cometido. Lo malo de estas historias es cuando los delincuentes trabajan para la Administración pública. Ahora parece que la justicia está siendo menos ciega y está actuando contra los numerosos fraudes que se saben que se cometen en no pocas administraciones públicas y que inexplicablemente no se atajan. Tal vez por falta de pruebas o tal vez por falta de interés por parte de aquellos que se tienen que encargar de estos menesteres.
Este jueves se produjo la detención de tres personas acusadas de haber podido cometer un delito de cohecho y estafa relacionado con la Consejería de Turismo que dirige precisamente un lanzaroteño, Manuel Fajardo Feo. Se trata nada menos que del jefe del negociado de Agencias de Viaje, Enrique Barrera, su cuñado Pedro Quevedo y Gabriel Domínguez.
La detención, tal y como informó a todos los medios de las Islas la agencia ACN Press, se produjo a raíz de la denuncia de un particular, que denunció a Quevedo por no haber realizado una tramitación ‘express' de la licencia para abrir una agencia de viaje, a lo que éste se había comprometido, previo pago de una comisión, para acelerar una diligencia que depende la Consejería de Turismo y que tarda entre dos y tres meses.
Los detenidos supuestamente cobraban por agilizar los trámites de la licencia, y según las fuentes consultadas por esta agencia Barrera ponía en contacto a los interesados con Pedro Quevedo, que era el encargado de cobrar por un trámite que es gratuito entre 12.000 y 15.000 euros.
Como se puede imaginar el común de los ciudadanos que las pasa canutas para llegar a final de mes, a estas personas les sobraba ya el dinero, y es de suponer, viendo las imágenes que se han servido, que llamaban la atención de sus vecinos. Es difícil creer que alguien que depende de una nómina puede conducir un deportivo de lujo. Y es que el cuento se repite, porque, manteniendo la presunción de inocencia de los detenidos, a la mayoría de lo estafadores les da por hacer ostentación del botín, prefieren disfrutar en el menor tiempo posible de lo recaudado. Y claro, eso deja muchas pistas.
Una vez más se pone en entredicho la actuación de personas vinculadas con la Administración autonómica, donde se manejan cientos de millones de euros se supone que bajo un estricto control. No hay nada peor que robar a la Administración, puesto que se roba a todos los ciudadanos. En esta ocasión, sin embargo, más que un robo se trata de un tráfico de influencias y un aprovechamiento ilícito de una posición de privilegio, esperemos al menos que ganada en oposición pública y no a través del popular sistema del enchufe.
Como era de esperar, inmediatamente después de que se conociera la noticia se produjo la reacción del consejero de Turismo. En un comunicado enviado a los medios nuestro paisano asegura que ha dado las “oportunas instrucciones” para la comprobación de los expedientes sobre apertura de agencias de viajes y para “su especial guardia y custodia”, a la vista de la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Estas medidas se adoptan, según la Consejería, para garantizar la máxima colaboración con el juzgado que instruye el caso, en previsión de que sea solicitada la documentación administrativa que tenga que ver con los hechos investigados.
Como es lógico también, Fajardo Feo lamenta los daños que se han podido ocasionar, aunque también hay que decir que los hechos investigados se estaban produciendo desde tiempo antes de que él se hiciera cargo del importante departamento gubernamental, con lo que su responsabilidad es escasa o nula.
Esta noticia debe conducir nuevamente a una reflexión generalizada que se debería trasladar con especial incidencia a la clase política, donde se necesita que se reestructuren los cimientos ideológicos para evitar que se sigan acercando a los partidos personas cuyo único interés es el dinero.
Parece que ha llegado el momento de recuperar ciertos valores, y si para ello es necesario hacer exámenes a los candidatos a entrar en los puestos de responsabilidad de las formaciones, que se hagan. Cualquier cosa para evitar el constante saqueo de las instituciones públicas.