En los últimos años se ha venido registrando por toda la geografía canaria en general, y también la lanzaroteña muy en particular, una alta siniestralidad laboral, con la construcción a la cabeza en lo tocante a pérdidas de vidas humanas. Una lamentable realidad que ha sido noticia de portada, desgraciadamente, en muchas más ocasiones de lo que a todos nos hubiera gustado.
De igual manera, y como era más que lógico a consecuencia del aumento de población inmigrante, se han producido también muertes de trabajadores extranjeros. En esos casos concretos se ocultaba hasta hace poco (al menos hasta la reciente entrada en vigor de la ley de regularización del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero) algo mucho más grave, que lamentablemente también nos consta que había sido moneda común por parte de muchos empresarios sin excesivos escrúpulos: la utilización fraudulenta y abusiva de trabajadores ilegales que luego se veían obligados a ejercer en unas condiciones de semi-esclavitud, y que acababan cobrando por lo general unos sueldos de miseria por trabajar muchas más horas de las debidas.
Tirando por lo bajo, ahí existía (y existe todavía, no nos engañemos), abuso laboral, fraude fiscal y nulos escrúpulos cívicos. Y si encima las garantías en cuanto a la seguridad laboral son tantas como ninguna, poco ha de extrañar que se produzcan luego desgracias como las que llevamos vistas y contabilizadas.
Cierto es que el servicio de Inspección Laboral ya tiene algún funcionario destinado en Lanzarote. Pero, según coinciden en señalar todos los sindicatos con implantación en nuestra isla, esa vigilancia es aún escasa, y los fraudes y demás abusos continúan siendo el pan nuestro de cada día.
...Y OTRO CONTROL NECESARIO
Lo de las mil y una subvenciones que se otorgan casi a diario en Lanzarote por parte de las distintas instituciones públicas de la isla al primer enteradillo que se inventa una asociación de la cabra mocha o un grupo para la defensa incondicional del perinquén tuerto ya es algo que, de puro escandaloso, clama al cielo. Aquí cualquiera monta de la noche a la mañana su chiringuito particular, y acto seguido lo utiliza como excusa magnífica para pedir -e incluso exigir- subvenciones a todo el que pasa. Y es escandaloso, en efecto, porque no consta que exista un preciso control posterior de esas graciosas dádivas institucionales que se sabe cuándo se conceden pero no para qué se dan exactamente. Por esta vez, y sin que tenga que servir necesariamente de precedente, vamos a señalar el pecado pero no a los muchos pecadores potenciales, que en la mayoría de los casos son vividores y caraduras que han hecho profesión de vivir del cuento y de no darle un palo al agua sino al contribuyente, que se los lleva siempre todos, pues es el que finalmente está pagando de su propio bolsillo todas esas subvenciones para no se sabe qué fines exactos y precisos. Es lo menos que se les debe exigir a las autoridades que autorizan esas subvenciones a diestro y siniestro (sobre todo esto último): un control riguroso y exhaustivo del destino y del buen uso de las mismas. No se puede jugar tan alegremente con el dinero de todos.