Aseguran a la redacción de este diario que el nombre más repetido entre los periodistas que acudieron al almuerzo ofrecido este martes en Gran Canaria por el Gobierno autonómico fue el de Inés Rojas. Parece que hay unanimidad entre la prensa canaria a la hora de valorar muy positivamente la labor que está realizando la consejera lanzaroteña en estos primeros meses de legislatura. Es lógico que en las otras islas pueda sorprender su forma de actuar; aquí no, desde luego, aquí, en su tierra, sabemos de lo que es capaz. Lo comprobamos cuando asumió la difícil papeleta de ser la última presidenta de Cabildo en la etapa más convulsa de la historia de la Isla, que es mucho decir.
Este miércoles la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias confirmó algo en el programa “El Despertador” de Agustín Acosta Radio que su departamento está haciendo oídos sordos a las quejas del Gobierno central y está siguiendo con su plan de traslado de menores inmigrantes a la Península.
Desde que comenzó esta historia defendimos la actuación de la consejera, como en su día no defendimos el cambio de criterio del Gobierno central, donde primero apoyaron la medida y se ofrecieron incluso a financiarla y luego la criticaron con dureza, tal vez en el momento en el que recibieron las quejas de sus compañeros del Archipiélago, que les informaron de lo malo que resultaba políticamente hablando hablar bien de sus máximos adversarios políticos, los representantes de Coalición Canaria (CC).
Inés Rojas, a la que se le puede acusar de alguna cosa pero desde luego no de no trabajar, llevaba semanas dándole vueltas al asunto de los menores inmigrantes, consciente como era de que Canarias es un territorio limitado con una capacidad de carga que está sobrepasada hace tiempo. Como en el Gobierno central no hacían caso de nada de lo que pedía -creyó que tenía que ver con la tergiversación de los mensajes que hacen los socialistas canarios-, la consejera tomó las de Villadiego e hizo algo que ya hizo en su día José Manuel Soria cuando era alcalde de Las Palmas y tenía el parque Santana Catalina lleno de inmigrantes irregulares que Madrid se negaba a atender. Contactó con diferentes organizaciones no gubernamentales que se ya se están haciendo cargo de la tutela de esos menores, cobrando para cubrir todos los gastos del Ejecutivo que preside Paulino Rivero.
Lo fácil sería que nos sumáramos a las críticas que ha tenido la medida, pero no lo vamos a hacer. Y no lo hacemos porque aunque entendemos que el trato a los menores tiene que ser exquisito, sean del lugar del mundo que sean, nos parece que la medida no va a hacer otra cosa que lavar la cara de aquellos políticos que no entienden el tremendo problema que tiene Canarias con la inmigración irregular, siendo como es la frontera sur de Europa y estando como está tan cerca del continente.
La situación de los menores inmigrantes que siguen llegando en oleada a España es un problema mayúsculo. Y no sólo es ya un problema que afecta a Canarias, es un problema que afecta a Andalucía, a Murcia, a Madrid...
No es extraño que muchas comunidades autónomas, a través de sus consejerías de Asuntos Sociales, hayan pedido a gritos una intervención del Gobierno central para que de una vez por todas se determine qué hacer con estos menores inmigrantes. Lo más lógico, como se sostiene en todo momento, sería repatriarlos a sus países de origen. Sin embargo, en ocasiones, en muchas ocasiones, no impera la lógica, y se impone una serie de despropósitos administrativos que provocan la situación que se está viviendo en estos momentos.
No hay que olvidar además que muchos países de los que proceden estos menores no cuentan con tratado de extradición, lo que complica sobremanera la cuestión. Pero incluso con los países con los que sí que hay este tratado, como es el caso de Marruecos, no resulta sencillo devolver a los jóvenes, que evidentemente sueñan con quedarse a vivir en Europa y huir del hambre y la miseria que en la mayoría de los casos han dejado atrás. Canarias ha tenido que pedir, casi suplicar, a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que asuman con solidaridad la responsabilidad de acoger y tutelar a aquellos menores inmigrantes cuya reunificación familiar no sea posible. De esa forma, se contribuiría mejor al desarrollo, madurez e integración en la sociedad de estos jóvenes, cosa que no ha pasado. Esa es sin duda una de las claves de toda la historia que rodea a la inmigración irregular, la falta de implicación de los países de la UE, que no son conscientes en su mayoría de que el problema no sólo afecta a España por ser frontera sur, afecta a países como Francia, Holanda, Bélgica o Gran Bretaña, que son los verdaderos destinos a los que aspiran llegar muchos de los inmigrantes que llegan hasta aquí.
En el plano más quimérico del asunto, en aquello que no se va a realizar jamás mientras la política internacional mantenga su política actual, se han planteado medidas como instar a los estados miembros a que faciliten la inversión privada en los países africanos emisores de inmigración irregular como fórmula para frenar este fenómeno. Pedir eso y nada hoy por hoy es lo mismo.