El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado este martes en el Senado revisar el calendario de implantación de la reforma educativa, después de que los consejeros autonómicos de la oposición destacaran la imposibilidad, por tiempo y coste, de ponerla en marcha en dos años a partir del próximo curso.
Wert ha hecho este anuncio en la reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, primera convocada en esta legislatura y que tiene como objeto revisar si un proyecto de ley, en este caso el de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), invade o no competencias.
Los consejeros de Educación de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias, que han posado juntos en el Senado para enfatizar su rechazo a la norma, han dicho que invade las competencias ganadas hace décadas y se han mostrado partidarios de recurrir ante el Tribunal Constitucional si no se cambia la ley en su último trámite ante la Cámara alta.
José Miguel Pérez: "Canarias, con la Ley en la mano, va a frenar todas las consecuencias perniciosas de la LOMCE"
"El Gobierno central y al Partido Popular están a tiempo de evitar un grandísimo error si aprovechan esta última oportunidad que les ofrece el procedimiento parlamentario y retiran el proyecto de Ley de Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. De no ser así les anticipo que Canarias no realizará una implantación del nuevo sistema educativo de forma mecánica, sino que realizaremos una implantación basada en criterios de justicia y racionalidad". Así se manifestó este martes el vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario, José Miguel Pérez, durante una comparecencia conjunta de los consejeros de Educación de las autonomías donde no gobierna el Partido Popular, previa a su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que debate en el Senado el informe sobre el contenido autonómico de la LOMCE.
"Si el Gobierno de Rajoy no da marcha atrás, nosotros llevaremos una implantación de la Ley evite todos los efectos indeseables de reducción del nivel de equidad que ya hemos alcanzado, así como todas aquellas consecuencias irreversibles y perniciosas que puedan condicionar en el futuro la aprobación de una nueva ley de educación".
En un adelanto de su comparecencia, entre otros aspectos, José Miguel Pérez destacó, especialmente, la ruptura del actual sistema de distribución de competencias autonómica y la carga financiera que, para las comunidades autonómicas, supondrán la implantación de la LOMCE.
"La LOMCE, expresión de una doctrina política y económica que desconfía de la capacidad del Estado para mejorar la calidad de la educación, es una auténtica revisión del derecho a la educación tal y como se expresa en nuestra Constitución, que elimina su carácter de servicio público y la convierte en una relación clientelar".
"Allí donde la mayor parte de la sociedad ha visto una oportunidad para reforzar la solidaridad con los más desfavorecidos por la crisis económica, el Gobierno de Rajoy sólo ha visto una oportunidad para hacer de la Educación un negocio y asegurar una reducción considerable del peso que en el sector público tiene este ámbito".
En cuanto a la propuesta de financiación de la LOMCE, José Miguel Pérez señaló que es "muy poco realista" en la estimación de los costes y "carente de criterios" en cuanto a la asignación de los recursos a las comunidades autónomas. "Mucho me temo que se pretende modificar el sistema educativo cargando los costes sobre las arcas de las comunidades, de modo que, si llegara a implantarse el sistema en estas condiciones, resultaría insostenible.
Con el actual modelo de financiación su implantación será imposible".
El vicepresidente y consejero recordó que la capacidad inversora de las autonomías en Educación está limitada por el Programa de Reformas enviado a la Unión Europea, que incluye una reducción de un punto del PIB en la materia, pasando del 4.9% al 3.9%, lo que supone, aproximadamente, 9.000 millones de euros. "Dicho de otro modo, nuestra capacidad de inversión es menor que en cualquier momento de nuestra historia reciente".
Además, significó que esta misma política de ajuste ha tenido una consecuencia directa en este último año como consecuencia de la aprobación del Real Decreto de Racionalización del Gasto Público en Educación, que "ha supuesto un recorte considerable en las arcas públicas. Para Canarias esta reducción ha supuesto más de 300 millones de euros".
José Miguel Pérez argumentó, también, que esta Ley, junto con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "amenaza seriamente" el reparto constitucional de competencias entre Estado, autonomías y administraciones locales.
"No hay nada que justifique la revisión de la distribución competencial, salvo una creencia profundamente arraigada en algunos responsables públicos: la necesidad reducir el tamaño del Estado para recortar los gastos sociales y bajar impuestos a la vez que se reduce, considerablemente, su capacidad para intervenir en los mercados".
En su discurso, explicó que las comunidades autónomas han venido desarrollado políticas educativas que tratan de adaptar el sistema educativo a las singularidades propias de su sociedad y de su territorio y criticó las limitaciones que, en este sentido,impone la LOMCE. "Me parece que reducir la capacidad autonómica para configurar el currículo, o planificar la oferta educativa, no contribuirá a mejorar la atención educativa que estamos obligados a proporcionar a nuestro alumnado y a sus familias".
"El modelo autonómico no necesita ser modificado puesto que ha dado buenos resultados. Bastaría sencillamente con fortalecer la cooperación entre las comunidades autónomas dotando a la Conferencia Sectorial de Educación de una mayor capacidad operativa".
