El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a José Antonio Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, a un año y seis meses de inhabilitación en su cargo así como una multa de 30 euros diarios durante ocho meses por un delito de actividades prohibidas a funcionarios públicos al intentar favorecer la puesta en libertad de Rafael Bornia Bordón, acusado del delito de tráfico de drogas.
El empresario Wilebaldo Luis Llanes también ha sido condenado a una pena de multa durante cinco meses por cooperar con el ex presidente de la Audiencia Provincial.
El Tribunal considera probado que el ex presidente de la Audiencia y el empresario son amigos desde la infancia y mantienen una “estrecha relación de amistad” que ha dado lugar con el paso de los años, al mantenimiento de “intensas relaciones mercantiles y societarias” con uno de los hijos de Martín.
A su vez, Wilebaldo Llanes, como consecuencia de su actividad empresarial, conoce a Julio Bornia Bordón, cuyo hermano, Rafael Bornia, se encuentra en situación de prisión provisional por la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes.
La situación penal de Rafael Bornia estaba pendiente de revisión en 2005 ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y en concreto por la Sala que presidía Martín en ese momento. El Tribunal considera probado que este fue el detonante de la situación que ha provocado la condena del ex presidente de la Audiencia.
Julio Bornia, conocedor de la amistad de Wilebaldo con Martín, “inicia una serie de maniobras tendentes a buscar a través del empresario un contacto directo con el Magistrado”. El objetivo, según se recoge en el texto de la sentencia, era el “participarle sobre las circunstancias concretas que rodean su caso y expresarle el deseo de que su hermano fuese puesto en libertad provisional hasta la celebración del juicio”.
Cabe recordar que este caso se destapó por unas escuchas grabadas al empresario Wilebaldo Llanes, al que se estaba investigando en el marco del ‘Caso Eólico'. Las grabaciones, aportadas por la Fiscalía como prueba durante el juicio, demuestran según el Tribunal, que el citado empresario organizó una cena a la que asistieron José Antonio Martín y Julio Bornia, entre otros, y que, con posterioridad a ese día, se suceden una serie de conversaciones telefónicas entre los dos empresarios y Martín, en las que se hablaba del sumario del caso de Rafael Bornia.
La llamada, que según la Fiscalía, demuestra que Martín prestó asesoramiento se produjo el 27 de julio de 2005. Ese día, el magistrado le dice a su amigo Wilebaldo Llanes que aconseje al letrado de Bornia que “no se enrolle, que explique las cosas claritas y sencillas, que explique la procedencia del dinero...”. Al día siguiente se celebró la vista y se considera probado que el juez intentó convencer al fiscal antes del inicio del juicio para que modificara su petición a favor de la libertad de Rafael Bornia mediante la prestación de una fianza. Esta posibilidad fue rechazada por el fiscal.
