La Plataforma Ley de Dependencia Nuestros Derechos ha exigido este jueves en una reunión a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, que se ofrezcan los datos estadísticos de las personas en situación de dependencia existentes en Canarias y su distribución, así como de las infraestructuras previstas en el Archipiélago. La portavoz del colectivo, Isabel Medina, manifestó a ACN Press que esta es la primera reunión que han mantenido con un miembro del Ejecutivo para conocer en qué situación se encuentra la aplicación de la Ley en Canarias.
Muchas preguntas y pocas respuestas
Entre las demandas que plantearon a Inés Rojas, se encuentra también la de conocer los listados provisionales, de solicitudes, de valoraciones pendientes del PIA y la de los afectados que estén ya recibiendo las prestaciones. Del mismo modo, le exigieron saber qué piensa hacer la Consejería con el retraso de la entrega de los informes sociales por parte de los Ayuntamientos al igual que el protocolo que van a seguir los consistorios. En este sentido, los miembros de la Plataforma, en su demanda de información, están preocupados por saber los perfiles profesionales de las personas que van a participar en la aplicación de la Ley y si se ha previsto su formación y su periodo de contratación, ya que en la provincia de Las Palmas, “no existen Terapéutas Ocupacionales en el Equipo de Valoración”.
Se escuda en el Estado
Por su parte, la consejera Rojas aseguró que el Estado va a solventar la negativa inicial a financiar las infraestructuras necesarias para la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias y manifestó que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, le solicitó la creación de un pacto de Estado en el que prime la “lealtad institucional y el consenso”. En esta petición, en el marco del “contacto directo” que mantiene el gobierno estatal con el regional, también estuvo la del “tiempo”, pues Cabrera explicó a Rojas que esta es una ley cuya aplicación se prolongará más allá del año 2015. “La complejidad de la Ley fue comparada por la ministra con la de la Seguridad Social, Educación y la Sanitaria, y conforma el cuarto pilar del bienestar social”, afirmó Rojas. Entre las discrepancias con el Estado, Rojas apreció la necesidad de que en el reparto de la financiación no prime la extensión territorial de las Comunidades Autónomas, porque “se perjudica a Canarias”: “No entiendo por qué Andalucía por ser más grande tiene que llevarse más y este sea el criterio más importante”, concluyó.
