La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha intervenido en el Parlamento para explicar el desarrollo del modelo de contratos predoctorales aplicado en 2025. Una fórmula basada en subvenciones nominadas a universidades y centros de investigación, que sustituye la concurrencia competitiva y que fue diseñada para agilizar los procedimientos, acortar los plazos y dar una respuesta más eficiente a las necesidades del personal investigador.
“El sistema anterior era lento y presentaba dificultades operativas. Este nuevo modelo responde a una necesidad concreta y lo hemos puesto en marcha con responsabilidad institucional, respaldo legal y mecanismos de evaluación”, afirmó Machín, quien añadió que “el objetivo es agilizar el procedimiento y que los contratos lleguen cuanto antes al personal investigador”.
El Gobierno de Canarias destaca en nota de prensa que este sistema, recogido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, ha permitido distribuir una dotación de 2.410.466 euros entre la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), lo que ha hecho posible la formalización de 90 contratos predoctorales.
Durante su intervención, la consejera explicó: “cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que no se había sacado la convocatoria de 2023; por tanto, la prioridad fue no solo publicarla, sino mejorarla, pasando de 60 contratos a 85”.
La titular de Ciencia del Ejecutivo canario recordó que en 2024 se ejecutó el 97,75 % del presupuesto asignado a este programa, con más de 5,8 millones de euros destinados tanto a convocatorias anteriores como a la FPI 2024-2028. Además, destacó el aumento del número de contratos ofertados en apenas dos años, pasando de 60 a 90, como ejemplo claro del compromiso asumido.
Respecto a las dudas surgidas sobre la estabilidad financiera de los contratos, Machín fue rotunda al aclarar que el modelo se ajusta plenamente a lo que establece la Ley Estatal de la Ciencia, que permite contratos anuales prorrogables hasta cuatro. Añadió que, aunque el régimen jurídico de las subvenciones nominadas no permite comprometer plurianualmente el gasto, la Consejería ha emitido una carta de compromiso institucional que garantiza la voluntad política de sostener la financiación durante toda la duración de los contratos, siempre dentro del marco legal vigente.
“La Intervención General ha sido clara en sus limitaciones, pero también lo ha sido este Gobierno al establecer los mecanismos necesarios para dar continuidad al modelo. No hay improvisación: hay una decisión trabajada, fundamentada y con visión de largo plazo”, aseguró.
Machín insistió en que el modelo no es estático y que ya se están estudiando nuevas fórmulas para reforzarlo a partir de 2026, incluyendo convenios anuales con previsión de continuidad o modelos híbridos que garanticen agilidad y seguridad jurídica. “Sabemos que aún hay margen de mejora, pero los resultados están ahí: más contratos formalizados, más recursos públicos invertidos y una mayor coherencia entre planificación y ejecución”, añadió.
La consejera subrayó que este trabajo se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema de I+D+i en Canarias. En ese sentido, recordó la aprobación de la Estrategia Aeroespacial del Archipiélago y la tramitación de la futura Ley Canaria de la Ciencia como parte de una hoja de ruta clara, estructurada y ambiciosa.
“Lo que está en juego es demasiado importante para permitirnos retrocesos. Por eso, seguiremos trabajando con rigor, diálogo y compromiso. El respaldo al talento joven en Canarias no es una declaración: es una política pública con hechos, con base legal y con resultados evaluables”, concluyó.
