ACN - La Comisión de Investigación constituida en el Parlamento de Canarias para esclarecer los hechos, las actuaciones de Unelco-Endesa y del Gobierno autonómico, así como los efectos, consecuencias y medidas a adoptar tras el paso de la Tormenta Delta por las Islas hace un año aprobó este lunes por unanimidad el informe elaborado por la Ponencia, en el que se achaca la magnitud del apagón eléctrico a la “situación energética crítica” del Archipiélago, de lo que, a su vez, culpa a las administraciones Central y Autonómica, así como la empresa eléctrica.
Según las conclusiones, “es prioritario y urgente culminar el desarrollo de las infraestructuras eléctricas en Canarias, donde la situación energética es crítica, tal y como se puso en evidencia durante la tormenta Delta y en los días posteriores a ésta, al no existir una red lo suficientemente mallada y unas infraestructuras óptimas, que habrían hecho que el suministro se hubiera restablecido más rápidamente”.
Además, señala que “la responsabilidad de que en Canarias las infraestructuras eléctricas no se hayan desarrollado de forma conveniente para hacer frente con garantías de calidad y seguridad al crecimiento de la demanda de suministro corresponde a todos los agentes implicados, especialmente a las administraciones Autonómica y Central, en sus funciones de planificación, desarrollo normativo y ejecución de infraestructuras, así como a la compañía eléctrica Unelco-Endesa”.
El balance también llama la atención sobre la fragilidad del sistema eléctrico; carencias muy importantes en las infraestructuras de transporte y generación de electricidad; la saturación de la red de transporte por el retraso en la puesta en marcha de algunas líneas básicas -por dificultades administrativas (expropiaciones bloqueadas, trabas municipales, informes o permisos del Gobierno pendientes de emitir) o problemas de Unelco; la existencia de infraestructuras eléctricas cuyo mantenimiento es deficiente (elevada corrosión en algunas torres de alta tensión en Tenerife y la reducción de su capacidad de carga a la mitad); y el hecho de que Unelco desoyera las recomendaciones de la empresa certificadora de revisar exhaustivamente 63 apoyos de la línea de alta tensión entre Las Caletillas y Granadilla de Abona. La Comisión demanda que el diseño de las nuevas torres a instalar en las Islas soporten vientos superiores a los establecidos por la normativa vigente.
En este sentido, dos de las principales acciones que el Parlamento instará al Gobierno regional cuando el informe se debata en el Pleno de la semana que viene, serán que desarrolle mediante un decreto su capacidad inspectora en cuanto al adecuado estado y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y que “clarifique la consideración o no de fuerza mayor del fenómeno Delta”, en ejercicio de su capacidad competencial, de cara a determinar a quién compete compensar a los afectados.
En definitiva, la Comisión propone instar al Ejecutivo a “tomar las decisiones precisas, de forma inmediata, para garantizar la calidad, seguridad, fiabilidad del sistema energético, así como para el adecuado desarrollo de las infraestructuras eléctricas y reclamar a las administraciones Central, insulares y locales, así como a los agentes sociales y económicos de las Islas, que eliminen las trabas de cualquier índole que impidan la consecución de dichos fines.
En concreto, se exige acelerar las obras incluidas en la planificación vigente y la inmediata ejecución de las pendientes consideradas fundamentales para garantizar un suministro seguro y de calidad, como el desarrollo de los sistemas de 200 Kv de las zonas suroeste y noroeste-oeste de Tenerife, ampliar la capacidad de los sistemas a 66 Kv de Gran Canaria y resolver las limitaciones de la red de transportes de Lanzarote y Fuerteventura. También creen imprescindible el cierre de anillos con líneas de transporte insular con la suficiente potencia para atender la falta de suministro desde cualquier punto en casos de caídas o averías graves en las principales, como ocurrió con el Delta.
Igualmente, pide al Gobierno que apruebe definitivamente la planificación energética de Canarias (Pecan) con un “horizonte temporal suficiente para garantizar el óptimo desarrollo de la red e incluyendo la implantación y desarrollo de energías alternativas”. Se le encarga también a culminar, en colaboración con los cabildos, la aprobación de los planes insulares del Sector Energético.
