El grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC) consideró ayer que la Administración autónoma no puede estar “maniatada” porque los cabildos insulares no cumplan con la adaptación a las Directrices de los planes insulares de ordenación y planteó la posibilidad de realizar una revisión de las competencias administrativas. Así lo indicó el portavoz de CC, José Miguel González, durante la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, en la que compareció el Gobierno para informar de la situación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo en Canarias.
"Corregir el rumbo"
“Si nos estamos equivocando en darles las competencias que no puedan asumir pues corrijamos el rumbo”, sentenció González, quien estimó que la comunidad autónoma no puede quedar “maniatada” porque unas administraciones intermedias no cumplan. “O agilizamos y simplificamos los procedimientos o reajustamos las competencias administrativas”, planteó el portavoz de CC, quien expresó su preocupación porque el retraso de los planes insulares motive que una vez concluidos los complejos procesos de los planes municipales se tengan que modificar porque no se adaptan al plan insular y advirtió de que “es necesario que los cabildos se dan cuenta de lo que tienen”.
Sobre esta cuestión, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el Gobierno canario, Domingo Berriel, reconoció que los planes de ordenación municipal van a ritmo muy distinto de los insulares y apuntó a la necesidad de establecer un mecanismo de sustitución o consecuencias para cuando un planeamiento se aprueba sin que se haya hecho en paralelo el otro del que depende. Berriel aseguró que el sistema de planeamiento canario se basa en un sistema jerarquizado pero integrado, lo que provoca que “el primer eslabón que falle chafa a todos los demás”.
LLamado de atención
Al respecto, dijo que los objetivos de la conclusión del planeamiento adaptado a las Directrices están condicionados por la capacidad de las administraciones municipales e insulares para su formulación y aprobaciones iniciales y provisionales, y por tanto, su capacidad para el consenso político necesario.
“Por ello, su eficacia depende de factores exógenos a la voluntad del Gobierno, lo que no sucede en esa medida con los instrumentos de ordenación de los espacios y recursos naturales, de competencia del Gobierno”, sentenció. El consejero afirmó que el Ejecutivo trabaja en la promoción y celeridad de los planes que son de su competencia y mediante la incentivación y cooperación técnica y económica con las administraciones responsables. Así, precisó que se han aprobado un total de 11 planes adaptados y 21 más se encuentran en proceso de verificación de cumplimiento de las Directrices, cuya homologación se aprobará en breve. También indicó que antes del final de la legislatura todos los espacios naturales contarán con su planeamiento aprobado. En cuanto a los Planes de Ordenación Insular, precisó que el de La Gomera está pendiente de informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), mientras que el de Tenerife se encuentra en tramitación del Avance de la adaptación, el de La Palma está en redacción y los de Fuerteventura y El Hierro en fase de adaptación. Además, indicó que se prevé alcanzar la total adaptación en esta legislatura de unos 77 Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), de los 87 correspondientes a los municipios canarios, con lo que para la próxima legislatura quedarán pendientes, por imposibilidad de los ayuntamientos, una decena de planes. El consejero destacó que para el desarrollo de las Directrices se ha realizado un esfuerzo presupuestario “sin precedentes”, que alcanzó los 12 millones en el ejercicio 2006 y prevé un aumento en los presupuestos generales para 2007.
Berriel replicó al PP que “no puede no puede ser un fracaso una norma que ha movilizado la revisión de todo el planeamiento del territorio”. “Estamos hablando de palabras mayores y en poco tiempo es mucho lo que se consigue con esa norma”, afirmó el consejero, aunque reconoció que el “techo que se puso esa norma se puede incumplir”.
No ha sido prioridad
El diputado del grupo Socialista, Santiago Pérez, apuntó que las Directrices fueron la norma “gran estrella” de la legislatura pasada y pasado el tiempo se ha constatado que las Directrices no han sido una prioridad para el Gobierno canario y el esfuerzo que exigía la adaptación del planeamiento se desarrolla en un clima en que se ha ido retirando el apoyo político del PP. Pérez consideró que la norma requiere ajustes, pero que no impliquen un replanteamiento del modelo que significaría “un bandazo” con repercusiones negativas en la seguridad jurídica. También estimó “razonable” que determinadas modificaciones de la norma se introduzcan por parte del Ejecutivo mediante la vía de decreto, con los mecanismos de control adecuados.
Fracaso absoluto
El diputado del grupo Popular (PP), Fernando Toribio, calificó de “error político” la aprobación de las Directrices, sobre todo las de Ordenación del Turismo, que dijo han contribuido a un “excesivo intervencionismo” en el sector y han conseguido el efecto contrario, con 30.000 camas más en el mercado y “un fracaso absoluto” en el objetivo de la renovación y reforma de la planta alojativa obsoleta. Toribio denunció que se crean leyes “muy abigarradas y amplias” en cuanto a planeamiento y que luego se incumplen y producen un exceso de intervencionismo. También advirtió de que la directriz 18 es inconstitucional y “va a dar problemas” porque supone una “expropiación forzosa y encubierta” para sustituir, mediante concurso público, a los propietarios que incumplan los objetivos de renovación del edificio. Ante las críticas del PP, el portavoz de CC, recordó que la norma fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional e insistió en que introduce un criterio de orientación a las administraciones. González también apostó por que la revisión de algunas directrices pueda ser realizada por el Ejecutivo, mediante decreto, con el control del Consejo Consultivo de Canarias, porque estimó innecesario que para modificaciones mínimas se tenga que desarrollar un proyecto de ley en la Cámara.
