El “Informe de Evaluación del Impacto” incluido por la Comisión Europea en su proposición para incluir el transporte aéreo en el comercio de emisiones de CO2 “muestra, como una conclusión de validez global, que el esquema propuesto no tendrá ningún impacto significativo en los precios de los servicios aéreos, y por tanto” tampoco en el “acceso de las regiones ultraperiféricas” (RUP), entre ellas Canarias, asegura el máximo responsable comunitario en materia de Medio Ambiente, Stavros Dimas, quien defiende, además, que este estudio es “suficiente” por lo que “no son necesarios más trabajos”.
Dimas realiza estas declaraciones en su repuesta a una interpelación escrita remitida por los eurodiputados socialistas, Paulo Casaca y Emanuel Jardim Fernandes, de Azores y Madeira respectivamente, en la que cuestionaban al Ejecutivo comunitario respecto a la necesidad de elaborar un estudio sobre el impacto de la inclusión de la aviación en el comercio de emisiones en el caso específico de las regiones ultraperiféricas, particularmente, teniendo en cuenta la importancia del turismo para las mismas así como su lejanía respecto al continente europeo.
Ante lo cual, el comisario europeo de Medio Ambiente indica que el Ejecutivo Comunitario es “consciente de la situación especial y las necesidades de las regiones ultraperiféricas”, así como de las peticiones que le trasladaron el Parlamento [Europeo] y el Consejo “cuando preparó su propuesta” que fue adoptada en diciembre de 2006.
Una cuestión que la Comisión Europea consideró “muy atentamente y que fue el objeto de un análisis sustancial” en el marco del “Informe sobre la Evaluación del Impacto que acompañó a la propuesta”. Un análisis que muestra que el “esquema propuesta no tendrá unos efectos significantes en los precios de los servicios aéreos” ni, por tanto, en la “accesibilidad” de las RUP.
En el caso de que esta “medida tuviera efectos perjudiciales en los servicios aéreos de interés general público o en el acceso” a las RUP, sería posible paliar dichas consecuencias mediante los “mecanismos que ya existen para este propósito, como las Obligaciones de Servicio Público (OSP) y las ayudas públicas de tipo social”, especifica Satvrios Dimas en su respuesta a ambos eurodiputados de las regiones ultraperiféricas de Portugal.
En este sentido, el comisario europeo explica que la puesta en marcha de estos mecanismos es un asunto que compete, en primera instancia, a los Estados miembros, que deben ceñirse a las normas del Tratado y a la legislación comunitaria en vigor.
