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El ex viceconsejero de Economía del Gobierno canario en la anterior legislatura, Miguel Becerra, afirmó este martes que el informe fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de 2002, que advierte de irregularidades en la gestión de la Dirección General del Tesoro, llega a algunas conclusiones y afirmaciones “sin el suficiente sustento jurídico” e insistió en que si el órgano fiscalizador hubiera apreciado menoscabo a los fondos públicos está o obligado en ponerlo en conocimiento de los tribunales.
Así lo indicó Becerra durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga las responsabilidades por las irregularidades advertidas por la Audiencia de Cuentas sobre la gestión en la dirección general del Tesoro en 2002, cuando su titular era Alberto Amorós.
El ex viceconsejero afirmó que Amorós, al frente de la dirección general cuando Becerra accedió a la Viceconsejería en 1999, era persona de su confianza “evidentemente”, defendió la actuación del departamento, en la que reconoció pudieron darse errores de tipo administrativo, pero y afirmó que “hasta aquí no falta ni un duro ni un euro, a pesar del revuelo político que se haya podido hacer”.
Así respondía Becerra ante las afirmaciones del portavoz del grupo Popular (PP), Jorge Rodríguez, que apuntó que 13 de las 29 conclusiones del informe de la Audiencia refieren infracción normativa y apunta a obstrucción de la intervención, menoscabo de fondos públicos, abuso de contratación indirecta, contratos inútiles o falta de control sobre la conciliación bancaria.
Becerra indicó que el informe, que estimó es “sustancialmente mejorable” desde el punto de vista técnico, recoge afirmaciones “que no tienen la argumentación jurídica que permita mantenerlas”. Además, insistió en que el órgano fiscalizador no ha remitido las irregularidades a los tribunales y apuntó que la Intervención General tampoco dio cuenta de la situación en la Dirección General del Tesoro.
El ex viceconsejero, que desmintió que existiera falta de colaboración del anterior equipo de gobierno con la acción fiscalizadora y aseguró que se dio respuesta a todas la documentación solicitada, reconoció que se pueden haber cometido errores, que vinculó más al ámbito administrativo y rechazó que se intenten imputar a decisiones política.
Al tiempo que aseguró no se trata de evadir responsabilidades, pero apeló a dar un margen de confianza a los responsables administrativos y funcionarios en este ámbito y si se comete un error “no se tiene que crucificar” y consideró excesivo hacer una comisión de investigación sobre este asunto.
Convenio con entidades bancarias
Respecto al convenio entre el Gobierno y algunas entidades bancarias que sirvió para establecer, según el informe de la Audiencia de Cuentas, un circuito de pagos y contratos al margen de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, Becerra apuntó que ese convenio tuvo vigencia hasta 1997 y el accedió a la Viceconsejería en 1999 por lo que afirmó no tiene porqué tener conocimiento de ese convenio y, ante la pregunta del PSOE, evitó pronunciarse sobre la idoneidad de este tipo de práctica.
Además, apuntó que durante su gestión no hubo ningún pago que se hiciera por parte de otra entidad e insistió en que en su mandato no se firmó, ni tuvo vigencia ningún tipo de convenio del que se derivara ese tipo de contratación.
No obstante, el portavoz Popular (PP), Jorge Rodríguez, aseguró que hay constancia de pagos conforme a este convenio y apuntó también a la advertencia de la Audiencia de Cuentas sobre el abuso de la fórmula de contratación directa o que se funcionara con una caja extrapresupuestaria para realizar los pagos.
Un extremo que desmintió Becerra, quien aseguró que “no hubo una caja extrapresupuestaria, por supuestísimo” y reivindicó el uso de los contratos menores, que recordó tiene el mismo respaldo legal que otras vías de contratación, aunque compartió la recomendación del órgano fiscalizador de reducir el número de contratos menores.
Conciliaciones bancarias
Respecto a la advertencia de la Audiencia de que la dirección general no efectuaba de forma satisfactoria las conciliaciones bancarias, un instrumento de control de la Tesorería y la contabilización de cobros y pagos, Becerra insistió en que se mandaba informe trimestral a la Intervención Delegada sobre la conciliación bancaria, precisó que no era su competencia comprobar si se llevaban a cabo esta práctica y se remitió al informe en el que se apunta que estas conciliaciones se llevan realizando desde 1998.
Sobre las quejas reiteradas de la Intervención Delegada sobre la “obstrucción” de la dirección general para la fiscalización de la conciliación bancaria, Becerra apuntó que se trataba de una discusión de interpretación jurídica sobre a quien correspondían las competencias sobre este ámbito e indicó que asistió a una reunión para aclarar estas y otras cuestiones de funcionamiento.
Además, indicó que se encargó de comprobar si llegaba a la Intervención Delegada toda la información sobre las conciliaciones bancarias y se elaboraron dos informes para clarificar la situación.
Becerra atribuyó a un error de tipo administrativo vinculado al cambio de funcionamiento sobre la entidad encargada del pago de retenciones de la deuda pública, la ausencia de depuración de las conciliaciones bancarias que provocó obligaciones de pago fuera de plazo de algunas retenciones por rendimientos de capital inmobiliario y que la Audiencia considera podría haber supuesto un menoscabo de 1,2 millones de euros a los fondos públicos de la comunidad autónoma por la imposición de recargos por parte de la Agencia Tributaria.
El portavoz socialista, José Alcaraz, apuntó que no sólo se está ante un problema de rigor administrativo, o de un retraso en las conciliaciones bancarias, sino de que esa actuación ha podido suponer un menoscabo de 1,2 millones de euros por los recargos impuestos por la Agencia Tributaria y se preguntó si esta situación se debe a una actuación negligente o poco rigurosa.
Sobre las advertencia del órgano fiscalizador respecto a un exceso de cuentas bancarias, Becerra indicó que éstas se han reducido de las 280 que había a 157 y, aunque reconoció que la presencia de más cuentas hace más difícil la gestión, no compartió la recomendación de la Audiencia sobre la realización de un concurso público para contar con un único proveedor financiero.
Al respecto, indicó que hay informes que recomiendan mantener múltiples cuentas con diferentes entidades, que se adhieran a las condiciones puestas por la comunidad autónoma, sin que esta práctica sea incompatible con que el número de cuentas sea el menor posible.
