POR ACN
La Audiencia de Cuentas de Canarias, que preside Rafael Medina Jáber, apoyó y contribuyó este pasado fin de semana a la redacción de la denominada Declaración de Pamplona, manifiesto que ha contado con el respaldo de los órganos autonómicos de control externo de España (12 instituciones), todos ellos integrantes de la Conferencia de Presidentes de los Órganos de Control Externo (Ocex), y en el que se recoge una mención clara y extensa relacionada con el urbanismo y los escándalos de este tipo que han afectado a corporaciones locales en España. Sobre este extremo, la Declaración, que ha sido elaborada con aportaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, señala que “los recientes escándalos por comportamientos irregulares en algunos ayuntamientos [españoles] no hacen sino confirmar la necesidad de potenciar las auditorías urbanísticas en el marco del análisis del sector local”.
Esta consideración ha sido apoyada de forma plena por la institución de control isleña, que, además, está en estos momentos desarrollando dos fiscalizaciones, de común acuerdo con el Tribunal de Cuentas español, referidas al patrimonio del suelo: una, en los ayuntamientos, y otra, en los cabildos insulares. En ambas se incide en las corporaciones locales con mayor impacto de las actuaciones urbanísticas.
La Institución explica en un comunicado que la Declaración de Pamplona, que es uno de los resultados de la Conferencia de Presidentes de Ocex autonómicos de España que tuvo lugar el fin de semana pasado en Navarra, también hace mención especial a la necesidad de que se dé prioridad en los controles a los ámbitos de la salud y la educación y a los relacionados con el bienestar social, a la vez que se pone el énfasis en el análisis de las conocidas como “áreas de riesgo”, a cuyo capítulo pertenecen las obras públicas, el urbanismo y las subvenciones.
Control de calidad
Todos estos apartados, tal y como detalla la propia Declaración, hay que seguirlos más de cerca, sobre todo para confirmar, como ocurre con el reparto de subvenciones, que el impacto de éstas en la sociedad y el cumplimento de los objetivos perseguidos son los correctos y adecuados. En materia de obras públicas, los 12 Ocex de España incluso reflexionan sobre la conveniencia de acudir a colaboradores externos a las instituciones para que éstos apoyen desde un punto de vista técnico y específico el trabajo del auditor adscrito a los órganos de control oficiales, principalmente a través de la aportación de dictámenes cualificados sobre precios y calidad de los materiales. Con este mecanismo, subraya la mencionada Declaración, será posible un análisis mucho más completo de la gestión en obras públicas.
Defensa del territorio
Junto a todas las orientaciones y preocupaciones ya descritas, el manifiesto de consenso nacido en el seno de la Conferencia de Presidentes de Ocex, alude a otras dos cuestiones que considera relevantes en la actualidad: a) la evaluación de las políticas públicas en relación con el desarrollo sostenible, lo que supone añadir el examen de la gestión medioambiental a las tradicionales “es” de las auditorías, esto es, a los conceptos de eficacia, eficiencia, economía y equidad, y b) la necesidad de completar la fiscalización de tipo financiero con análisis propios de la auditoría de gestión u operativa; es decir, con el estudio de la eficacia en la gestión pública, proceso en el que la Audiencia de Cuentas de Canarias es pionera en España. El éxito en estas líneas de actuación pasa, según los 12 Ocex de España, por que los administradores y legisladores promuevan cambios en los modelos presupuestarios actuales, con el propósito de conseguir que los objetivos y los indicadores recogidos por éstos sean más claros, y por la mejora en la gestión del personal de los órganos de control, cuyo trabajo se debe potenciar con la aportación de incentivos a los empleados que realicen mejor su trabajo y actúen con la disposición óptima.
