Nos encontramos en medio de una gran ola ultraconservadora en todo el mundo. Afecta a los derechos y libertades tan duramente conquistados, cuestionando los avances de las mujeres o del colectivo LGTBI. También al estado social, apuntando contra las pensiones públicas y tratando de reducir de forma sustancial la financiación de la sanidad, la educación o las políticas de cuidados. Mientras, paralelamente, impone a los estados el brutal crecimiento del gasto militar y disminuye al mínimo los programas internacionales de cooperación al desarrollo. Pone en riesgo las políticas destinadas a reducir el impacto de la Crisis Climática. Rechaza la ciencia y desprecia a las vacunas que tantas vidas han salvado. Intenta, asimismo, convertir a la democracia en algo meramente formal y no esconde su autoritarismo sin límites.
A ese vendaval reaccionario tiene que hacer frente las izquierdas y el conjunto de los demócratas en condiciones especialmente difíciles. Entre otros factores por el hecho de que las extremas derechas disponen del amparo efectivo de los megas millonarios (Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg…) que se están volcando en el apoyo a sus partidos o en crear y sostener estructuras organizativas destinadas a difundir sus ideas. Y cuenta, también, con un enorme aparato mediático, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales.
PP y Vox
La situación es extremadamente compleja, asimismo, porque la extrema derecha no encuentra resistencia alguna en la derecha clásica, como sucede en numerosos estados europeos (con las excepciones, de momento, de Francia y Alemania). Lo hacen con programas económicamente ultraliberales, escépticos o abiertamente beligerantes frente a la Crisis Climática, autoritarios respecto a la forma de entender la democracia y profundamente conservadores en materia social. Centralistas en su modelo de estado -amenazan con acabar con las comunidades autónomas- y enemigos de la fiscalidad progresiva. Aspecto este último en el que también siguen la estela de Trump, que acaba de aprobar una mega ley que disminuye sustancialmente los impuestos a los ricos y, paralelamente, reduce los programas sociales destinados a los más pobres en asuntos como salud o ayudas para alimentación.
También en el Estado español, imponiendo Vox su agenda al PP en temas de inmigración, memoria o feminismo. Es su aliado natural y terminarán gobernando en todas las instituciones donde les cuadren los números; ya lo hacen en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. Situación a la que lamentablemente se suman los regionalismos conservadores que representan CC, en Canarias, y UPN, en Navarra.
Las izquierdas, en esas duras condiciones de debilidad y desigualdad, tenemos que hacer frente a una batalla cultural frente a los planteamientos antidemocráticos, anti-estado, machistas, homófobos, racistas, xenófobos y que estimulan el individualismo más feroz, el egoísmo, la insolidaridad y el sálvese quien pueda. Que hay que reconocer que se van extendiendo, que van ganando cada vez mayor espacio. Pero eso no significa que no haya una alternativa más humana, más justa, de mayor equidad, más empática, más respetuosa con la diferencia, más solidaria, más libre… Y que, por ella, pese a los obstáculos, pese al viento que sopla fuertemente en contra, merece la pena seguir trabajando.
Propuestas concretas
Pero, junto a esa imprescindible tarea de resistencia ante el tsunami ultraderechista, las izquierdas debemos proponer y poner en marcha medidas que impacten positivamente en la vida de la gente. Lo podemos ejemplificar con el programa propuesto por el que será candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mandani. Centrado en la gratuidad del transporte público, la congelación del precio de los alquileres, la creación de una cadena de supermercados de propiedad municipal para mantener precios bajos de la cesta de la compra o actuaciones para garantizar el cuidado universal de los menores entre seis semanas y 5 años.
En nuestro caso, el del Estado español y Canarias, también hay medidas urgentes que adoptar para mejorar la vida de la gente. Con relación al empleo y su calidad. Respecto al acceso a una vivienda en condiciones razonables. En torno al modelo económico, el turismo, el territorio y la convivencia. Y, asimismo, sobre el papel de los servicios públicos y la extensión y consolidación de las políticas de cuidados a las personas.
Sucede en el caso del empleo, donde no es admisible que persistan condiciones laborales nada dignas, jornadas extenuantes, horas extras que no se abonan, bajos salarios... Es positiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aunque insuficiente. Como lo son las revalorizaciones de las pensiones públicas, cuya destrucción está en el punto de mira de la extrema derecha. Además, hay que apostar por la reducción de la jornada laboral, por el incremento de los salarios, por una mayor estabilidad y por buscar respuestas económicas, fiscales y sociales ante la sustitución en cada vez más numerosas tareas de personas por robots y la influencia que tendrá la Inteligencia Artificial en muchos empleos. Hoy, más que nunca, adquiere plena relevancia el debate sobre un mejor reparto del trabajo, las jornadas de cuatro días semanales y las rentas básicas de ciudadanía.
Vivienda, sanidad, educación
Igual ocurre con el acceso a la vivienda. No es de recibo que alquilar una casa suponga el 40% y hasta el 60% de los ingresos. Constituyéndose, al detraer tantos recursos, en un elemento de empobrecimiento personal y familiar. Impidiendo, asimismo, la emancipación de los jóvenes que se ven obligados a retrasar la salida del hogar de sus padres para crear uno propio. Hay que poner en el mercado de alquiler una parte de las 210.000 viviendas vacías que hay en Canarias, fundamentalmente con medidas de estímulo positivas, con garantías jurídicas y materiales tanto para el arrendador como para el inquilino. Hay que aumentar el parque de vivienda protegida a través de la promoción, lo que precisa de una financiación estable, plurianual y suficiente. Presupuestando anualmente como mínimo un 0,4 % de nuestro PIB, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública.
Por otra parte, hay que lograr que el turismo sea sentido por la población como un beneficio, no como un problema. Para ello no sirve el actual modelo depredador de territorio y de recursos; que incrementa el consumo energético y de agua, que -junto al crecimiento poblacional que lleva indisolublemente aparejado- produce innumerables atascos en las carreteras y satura los servicios públicos; y que, además, tiene mucho que ver con las cada vez mayores dificultades para encontrar vivienda. Para revertir la situación hacen falta una moratoria, límites al crecimiento, una justa ley de alquiler vacacional y una ecotasa turística que paguen quienes visitan el Archipiélago. De lo contrario perderemos todos. La población de las islas, convertidas en parque temático; y el propio sector turístico, si la ciudadanía no percibe que, además de rentabilidad económica para las empresas, tiene también una nítida rentabilidad social.
Igualmente, las izquierdas debemos volcarnos en la defensa de los servicios públicos, determinantes en la calidad de vida y elementos sustanciales de las políticas de equidad social. Exigiendo el del 5% del PIB para educación frente al reiterado incumplimiento de la Ley Canaria de Educación por el Gobierno de las dos derechas. Así como una sanidad bien financiada y mejor gestionada que atienda aspectos como el envejecimiento poblacional o la salud mental. Y, asimismo, priorizando las políticas de cuidados a las personas, acabando con el penoso desarrollo de la ley de la dependencia, que tanto daño causa a los usuarios y a sus familias.
Las izquierdas, estatales y canarias, debemos reclamar la implementación de esas políticas básicas para una mejor vida de la gente cuando nos encontramos en la oposición en las instituciones. Pero, sobre todo, cuando gobernamos, debemos ponerlas en marcha con agilidad, con valentía, con determinación, con transparencia y, asimismo, con una evaluación de su impacto. Se trata de un elemental programa reformista que afecta a la situación que viven amplias mayorías; y que se esfuerza para combatir la precariedad laboral, la crisis habitacional, las desigualdades sociales y el creciente malestar que está poniendo en jaque a la propia democracia, alimentando a los autoritarismos y totalitarismos.