Fernando Jiménez Sánchez catedrático de Ciencia Política y de la Administración Universidad de Murcia es uno de los más expertos académicos en el tema de la corrupción. De su artículo El control social como elemento imprescindible para el éxito de la lucha contra la corrupción. Algunas reflexiones a partir del caso español, he podido conocer la ecuación de la corrupción formulada por el profesor de Harvard, Robert Klitgaard.
Me basaré para explicar la ecuación de la corrupción en el artículo La ecuación de la corrupción de 14 enero 2010 de Francisco Garrido publicado en la revista Paraleo36.Andalucía Espacio. Revista de pensamiento y cooperación política. Ecuación, que deberíamos conocer y además nos debería servir de motivo de profunda reflexión a toda la sociedad española y especialmente a nuestra clase política. Antes de explicarla me parecen muy oportunas las reflexiones de la catedrática de Filosofía Moral, Victoria Camp: “Cuando hay corrupción existe la complicidad del grupo político y también la de toda la sociedad. También son responsables de ella, los empresarios que corrompen, los medios que según su línea editorial la ocultan o la magnifican, determinados funcionarios públicos que no la denuncian por temor a ser represaliados y, por supuesto, gran parte de la sociedad que la tolera”. Deberíamos hacernos todos la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible una clase política tan corrupta en una sociedad tan incorruptible?
Klitgaard, definió operativamente la corrupción con una simple ecuación: C= M + A – T. Donde C es Corrupción, M es Monopolio, A es Arbitrariedad y T es Transparencia. Si el resultado final de la ecuación es positivo entonces hay un alto riesgo de corrupción (C > 0). Solo si C es inferior a cero (C< 0) entonces hay una situación institucional robusta frente al riesgo de corrupción.
Aquellos asuntos de la actividad económica que dependen de centros de decisión públicos en régimen de monopolio u oligopolio (como la calificación urbanística de los suelos, concesión de grandes infraestructuras públicas-hospitales, colegios, autopistas, puentes-) tienen un riesgo mayor de generar conductas corruptas, que aquellas actividades cuyos centros de decisión son más plurales.
El segundo factor es la arbitrariedad; a mayor arbitrariedad más corrupción. Se entiende por arbitrariedad la ausencia de regulación, de control de cumplimiento y de un sistema efectivo y disuasorio de sanciones. A más regulación eficiente menos riesgo de corrupción. Pero el problema (la arbitrariedad) reside más en la eficacia de la regulación que en el volumen de la misma. Las sanciones, por ejemplo, han de ser lo suficientemente fuertes como para anular los incentivos de saltarse las normas.
En el lado opuesto de la ecuación aparece la transparencia, que reduce los usos fraudulentos del monopolio y la arbitrariedad. Se trata del viejo “Principio Trascendental de Derecho” que formuló Kant: “En el derecho y en el gobierno todo lo que no es público es inmoral y debe ser ilegal”. La transparencia es un mecanismo de blindaje frente a la corrupción. En esto el corrupto es como Drácula no soporta la luz del día. Ajústese a los actuales modelos de toma de decisión pública esta ecuación y se podrá detectar donde esta los puntos de fuga de la legalidad. Deberíamos aplicar esta ecuación a las instituciones públicas que conocemos.