El padre que por defender el futuro de su hijo, minusválido psíquico, en el último pleno del Cabildo, razón por la que fue expulsado del salón de plenos, recibió este jueves una llamada telefónica de la presidenta, Manuela Armas. Así lo confirmó el propio Martín Alonso este viernes en el programa “El Despertador”, de la 95.8. Armas le aseguró que asumirá la resolución de su problema, concertando una reunión con la Directora general de Bienestar Social.
Armas aseguró a Alonso que su hijo será atendido por Adislan lo más pronto posible, “por lo que estábamos luchando”, dijo el padre del chico enfermo.
En cualquier caso, Martín Alonso sigue con el procedimiento iniciado por la Fiscalía de Lanzarote, a la que presentó este viernes, por medio del activista José Díaz, un escrito denunciando discriminación de su hijo por parte de la administración. Y es que “hasta que no vea a mi hijo entrando por la puerta de Adislan, no me creo nada”, indicó Alonso.
Después de una fuerte campaña mediática, el Cabildo parece haber atendido a los argumentos de una familia desesperada. Ha hecho falta incluso intervenir en programas de Televisión Canaria a nivel regional. Pero no acaba aquí el problema. Otras muchas familias padecen la misma situación. Alentado por los resultados, al menos de palabra, Alonso aseguró que no se rendirá. “Seguiré luchando por otros chicos”, dijo.
Dos denuncias a la Fiscalía
José Díaz, como es costumbre en este activista y presidente de una asociación vecinal, “La Plazuela”, se ha implicado desde el principio con el caso de Martín Alonso. Junto a él, ha concedido entrevistas a los medios de comunicación. Se ha encargado además de llevar ésta y otra denuncia similar a la Fiscalía del Menor. Este viernes, en declaraciones a la 95.8, calificó de “lamentable y vergonzosa” la expulsión de Alonso del salón de plenos del Cabildo.
Crónicas ha tenido acceso a las dos denuncias presentadas este viernes en la Fiscalía. Una corresponde a la mujer de Martín Alonso, Benita Magdalena de León. Otra ha sido presentada en nombre de otra madre, Rosa Martín de Ganzo, que también intervino la semana pasada en el programa “El Despertador” denunciando un caso similar al hijo de Alonso.
Ambas denuncias solicitan que se vele “por el cumplimiento de las leyes de Estado, autonómicas, insulares y locales” y se obligue a las instituciones a ingresar en un centro a los dos menores minusválidos.
El contenido de las denuncias repasa los acontecimientos del último pleno del Cabildo, y el hecho de que el “Centro de Atención de Minusválidos Psíquicos (CAMS), es un centro que por la desidia de los políticos está construido, pero sigue sin abrirse”. “Adislan, organización que gestiona el centro de educación especial de Tahiche a través de un convenio con el Cabildo, estaría dispuesta a recibir” a los dos menores, “si el Cabildo aumentara la cuantía de la subvención”, añade. Las demandas recuerdan que diversas leyes, como la Ley de Integración Social del Minusválido, obligan a los poderes públicos a prestar “todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos” del colectivo de discapacitados, “constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos, sociales mínimos y la seguridad social”.
Apoyo de los vecinos
El caso de Martín Alonso cuenta también con el incondicional apoyo de la presidenta de la asociación vecinal “Padre Claret” de Altavista, Rosario González, que aconsejó a este padre que siga peleando hasta el final. “No se puede fiar de los políticos”, dijo Saro este viernes al programa “El Despertador”.
González recordó otra llamada recibida por ella de la presidenta en agosto. Manuela Armas se comprometió entonces a ayudas a la Asociación de Enfermos de Tiroides, promovida por esta activista vecinal, “y hasta el día de hoy seguimos esperando una respuesta” del Cabildo.
