La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, ha mostrado este miércoles en un auto enviado a los medios por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) su absoluta disconformidad con el Ministerio Fiscal a la hora de entender que el ex diputado del Partido Socialista (PSOE) Juan Bernardo Fuentes debía quedar en libertad tras declarar en el marco del que se conoce ya como "caso Mediador", un monumental escándalo que ha salpicado al Gobierno que preside el también socialista Ángel Víctor Torres y cuyas ramificaciones y su alcance real todavía se desconocen. Esta es la circunstancia, la de que la investigación sigue totalmente abierta y la de que Juan Bernardo Fuentes está en el centro de la presunta trama de corrupción, la que ha llevado a la jueza a mostrar su absoluta perplejidad por la calificación de la Fiscalía, al entender que existe un riesgo más que evidente de que esta persona, con un evidente poder dentro de la política canaria, termine destruyendo pruebas que pueden ser fundamentales para el buen transcurso de la investigación.
El fiscal, Javier Serrano-Jover, como ya se adelantó al mediodía por este diario, no ha pedido el ingreso en prisión al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. De momento, no hay acusación particular ni popular personada, por lo que no se han solicitado medidas cautelares, tal y como han informado fuentes del TSJC en una primera instancia.
Por este motivo la jueza no ha ordenado su ingreso en prisión, pese a que sí que considera que hay riesgo de destrucción de pruebas, tal y como determina en el auto que ha insistido que conozcan los medios, lo que muestra su evidente enfado por la calificación del fiscal. “Destacar que pende en la fase actual de la investigación el estudio exhaustivo de los múltiples dispositivos y demás efectos y documental intervenidos en los registros, y que ante el potencial de las relaciones personales del exdiputado pudieran verse afectadas o destruidas con su puesta en libertad”, afirma. “A criterio de esta titular, se considera en contra de lo informado y de la valoración realizada en la Sala por el Ministerio Fiscal, que sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba”, insiste la magistrada, que añade que “dada su posición en las Islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones, que a juicio de esta titular y en su conjunto aconsejaban su ingreso en prisión y no su puesta en libertad al menos en la fase actual de este procedimiento e investigación, pudiendo verse frustrada la misma con la medida de libertad solicitada”, resalta. No obstante, recuerda en el auto que “por imperativo legal” no puede dejar de acordarla “en estricta aplicación del principio acusatorio y en discordancia absoluta con lo solicitado por el Ministerio Fiscal”.
Además de declarar ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, el móvil de Fuentes ha sido retenido para el volcado de datos.
La trama encabezada por el ahora ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte (el mediador, según un informe de la Policía Nacional), pedía un “peaje económico” de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.
