sábado 23/10/21
La Universidad exige a la Escuela de Estudios Empresariales de Arrecife que antes de 10 días inicie los trámites encaminados a la seleccionar el profesorado mediante concurso público

La Escuela de Empresariales afirma que la ULPGC se aferra a un "motivo sin base legal" para denegar el comienzo de las clases

Según los responsables del centro educativo, la ULPGC "se excede ampliamente al reclamar a la Escuela que cumpla con unos requisitos que no exige la propia Ley"

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha dictado una resolución este lunes por la que, "injusta e injustificadamente", deniega la ‘venia docendi' a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Arrecife, según los responsables de esta Escuela. El motivo que esgrime la ULPGC es que el profesorado debe ser seleccionado mediante un concurso público.

"Después de pasar varias semanas con evasivas, eludiendo pronunciarse y manejando argumentos que no se sostenían en los planos docente, administrativo y jurídico, la ULPGC se aferra ahora a un motivo sin base legal", agregan.

La denegación de la ‘venia docendi' quiere decir en la práctica que la Escuela no podrá comenzar sus clases hasta que se subsane el aspecto antes citado. "Pese a ser un centro privado" -alegan, "la ULPGC exige a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Arrecife que antes de diez días inicie los trámites encaminados a la selección del profesorado conforme a los criterios y normas que rigen para los centros universitarios públicos".

Según los responsables del centro educativo, se da la paradoja de que el otro centro universitario existente en Canarias (Iriarte, en el Puerto de la Cruz y adscrito a la Universidad de La Laguna), no selecciona a su profesorado mediante concurso público. Eso sí, como es natural, dicho profesorado debe tener la cualificación docente que la Ley exige, requisito que cumple la Escuela de Arrecife.

"Otra paradoja se da en la propia isla de Lanzarote, por cuanto la Escuela Universitaria de Turismo adscrita a la ULPGC y de la que participa el Cabildo, selecciona a su profesorado mediante una comisión mixta en la que el Cabildo tiene mayoría. Y no suficiente con eso, la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote es pública", puntualizan.

Por si ello no fuera poco, advierten que el Ministerio de Educación y Ciencia emitió un dictamen "en el que da la razón a las tesis que viene manteniendo la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Arrecife. En concreto, señala que los centros adscritos se rigen por lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril"."Dicho artículo" -añaen- "es absolutamente claro cuando señala que el proceso de selección del profesorado para los centros privados adscritos a la Universidad Pública es diferente al de los centros públicos. Es decir, no tienen por qué convocar un concurso público".

En conclusión, la resolución de la ULPGC denegando la ‘venia docendi' carece, según la Escuela, de "base legal. En la práctica, la ULPGC "se excede ampliamente" al exigir a la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Arrecife que cumpla con unos requisitos que no exige la propia Ley, ni responde a los acuerdos alcanzados entre la ULPGC y la Escuela recogidos en un Convenio aprobado por el Gobierno de Canarias y por la propia Universidad.

Para los responsables de la Escuela, la Universidad "parece olvidar que el gran perjudicado de esta situación es la sociedad de Lanzarote y, en particular, los alumnos inscritos en la Escuela Universitaria. Estos han pagado sus tasas a la ULPGC y hasta el día de hoy no han recibido una sola notificación por parte de la ULPGC".

Por todo ello, vuelven a instar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a fin de que la ULPGC "cumpla escrupulosamente con la Ley y el Gobierno autónomo, por su parte, haga cumplir la Ley a aquélla. Ello permitiría el comienzo de las clases de forma inmediata".

La Escuela de Empresariales afirma que la ULPGC se aferra a un "motivo sin base legal"...
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