Fotos: Dory Hernández.
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado visto para sentencia el juicio celebrado este martes contra Sebastián Moreno Rodríguez, ex presidente de la Asociación Cultural de Sordomudos de Lanzarote (Asculsorlanz), acusado de un delito de falsedad de documento mercantil y un delito de estafa continuada.
Aunque los hechos sucedieron hace más de ocho años, concretamente en septiembre de 1998 cuando Sebastián Moreno ejercía la presidencia de la citada entidad, la Fiscalía ha reiterado ante el tribunal provincial su petición de seis años de prisión y el pago de una cuota diaria de 12 euros (unos 4.380 euros aproximadamente) contra el acusado. Además se solicita una indemnización de 1.292 euros para el representante legal de la entidad como consecuencia de la aplicación de Ley de Responsabilidad Civil.
Según el representante del Ministerio Fiscal, Miguel Pallarés, los hechos por los que se acusa a Moreno “están más que acreditados y no cabe posibilidad de que interviniera una tercera persona, ya que sólo el acusado y el denunciante tenían acceso a los talones de la asociación”, apuntó el fiscal.
La defensa, por su parte, entiende que no hay pruebas concluyentes que acrediten la culpabilidad del presunto autor de los hechos y reclamó la absolución de Moreno. “Ni el perito ni el propio denunciante pueden asegurar que Sebastián Moreno actuara contra los intereses de la asociación ni falsificara los cheques cobrados ilícitamente”, recordó la abogada de Moreno, Ana Tacoronte.
Cheques falsos
Sebastián Moreno Rodríguez fue acusado de forma particular por Manuel Martín, actual tesorero de Asculsorlanz, de falsificar su firma en un talón expedido por la organización y que fue cobrado posteriormente, si bien no se conoce quién cobró el talón.Según el testimonio de Martín, que actúo a instancias de la junta directiva de la asociación de sordos de Lanzarote, el entonces presidente de la organización podría haber rellenado un cheque al portador correspondiente a una cuenta que la asociación poseía en el Banco Central Hispano por un importe de 600,01 euros, unas 100.000 pesetas, moneda en curso en aquel tiempo, y estampar su firma en él “consintiendo o permitiendo” que se falsificara la rúbrica correspondiente al tesorero. “Yo en ningún momento he firmado esos cheques y no reconozco esa firma como la mía”, apuntó a través de su intérprete el tesorero de la asociación isleña, quien confirmó ser el único responsable del acceso a los cheques y talonarios de la entidad.
Asimismo, Martín explicó a la Audiencia que “nunca” requería la firma del presidente para un cheque en blanco, una versión que sostuvo el acusado en todo momento, sino que “cumplimentaba correctamente cada talón antes de pasárselos a Sebastián para que los firmara”, dijo.
Sin embargo, esta declaración nada tiene que ver con la expresada por el presunto autor de la estafa. Sebastián Moreno señaló que en “reiteradas ocasiones” firmaba talones “aún por rellenar”, puesto que confiaba en su compañero. De ahí, que reconociera su firma en todos los talones expedidos y cobrados con cargo a la cuenta de la asociación.
Tal como se detalla en el informe elevado por la Fiscalía, la operación con cheques falsos se llevó a cabo en otras dos ocasiones, una de ellas el 25 de septiembre de 1998 y otra el 20 de octubre de ese mismo año, siempre mediante una falsificación de la firma del tesorero. “Motivado por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito procedió al cobro de los mismo por importe de 450, 76 y 240,40 euros además de la cantidad expresada en el primer talón”, detalla la acusación. No obstante, este extremo fue rechazado por el acusado, quien aseguró “desconocer” cómo pudo ejecutarse la acción.
La opinión del perito
Un experto en peritaje de la Policía Nacional determinó que efectivamente la rúbrica correspondiente al tesorero, Manuel Martín, no era real sino que había sido “imitada”, debido, entre otros aspectos, a que el trazo de la escritura no era fluido. No obstante, el experto no supo determinar si la falsificación había sido realizada por el acusado o por el contrario por una tercera persona implicada en la presunta estafa, tal como insinúo la defensa. A pesar de lo relatado por el perito, el Fiscal entendió que los hechos “son constitutivos de delito” y reiteró para el acusado una pena de seis años de prisión y el pago de una cuota diaria de 12 euros (unos 4.380 euros aproximadamente).
Estreno de sede y programación
Al margen de este hecho, que no empaña para nada el papel que la organización creada para la integración de los sordomudos desarrolla en la Isla, Asculsorlanz celebraba recientemente el estreno de una nueva sede en la capital.
Hasta ahora la organización venía trabajando en un local de la calle Blas Cabrera, un espacio que quedó desbordado ante la demanda exigida por la sociedad, ya que se trata de la única entidad que lucha, defiende y trabaja por la integración y formación de los ciudadanos con discapacidades auditivas.
Asimismo, y coincidiendo con la inauguración de sus nuevas instalaciones la asociación de sordos de Lanzarote celebró una fiesta de convivencia motivada por el Carnaval y en la que se congregó a una multitud de socios y amigos.
