El presidente de la Asociación de Implantados Cocleares de Canarias, Juan José de León Machín, aseguró este jueves en la 95.8 que se están dando casos de discriminación en la Isla. Al parecer, han llegado hasta este colectivo muchos padres indignados por el trato recibido al intentar matricular a sus hijos con minusvalía en las actividades de verano de ayuntamientos y Cabildo. El tema es tan grave, que incluso se podría llevar a los tribunales de justicia, eso si no terminan en buen puerto los contactos que el propio presidente mantuvo ya ayer con alguna de estas instituciones que se interesó por el asunto después de que saliera en la radio en el programa “El Despertador” que dirige y presenta Agustín Acosta.
Según relató De León, las quejas las han provocado las reiteradas negativas a aceptar a los pequeños en los grupos de niños que participarán en campamentos y juegos. La excusa que les dan desde las instituciones es que no cuentan con recursos suficientes para hacerse cargo de estos casos.
El presidente de la Asociación recuerda a los encargados de estos proyectos que "la Ley de Integración aprobada por el Parlamento Español que es muy clara, no se puede discriminar a nadie por tener algún tipo de discapacidad”.
Así, quiere que esta primera denuncia pública sea una “advertencia para que se solucione este asunto”, pero asegura que en caso de que se obvien sus quejas se unirán todos los afectados para elevar el asunto a Fiscalía por si pudiese ser constitutivo de delito.
Insultante, inhumano e inconstitucional
Desde la asociación que presiden De León se dedican a luchar por la defensa y la integración de las personas, y especialmente de los más pequeños, que tienen un implante coclear.
En esta lucha saben que parte de su trabajo diario tendrán que dedicarlo a enfrentarse a muchas discriminaciones, pero que este tipo de casos se den desde las propias instituciones públicas le parece a su presidente “insultante, inhumano y, con la Carta Magna en la mano, hasta inconstitucional”.
“Es insultante que a un niño, sólo porque tenga un certificado de minusvalía, sea rechazado porque la institución dice que los recursos son insuficientes para dar cobertura y cuidados a estos niños”, se lamentó, añadiendo que “parece que estamos volviendo a los tiempos en los que España era un país tercermundista”.
En este sentido reiteró que no puede permitirse que “unos padres tengan que estar luchando a diario con su hijo con discapacidad para que se logre una integración plena en la sociedad” cuando son “luego los ayuntamientos o las instituciones públicas que organicen actividades en verano para niños” las que hacen que “estas familias nos sintamos rechazadas nuevamente”.
Según los denunciantes, la “la excusa que ponen es que los recursos son insuficientes”, una respuesta que para De León es “aún más insultante”.
“Cuando un ayuntamiento o el cabildo organiza una actividad de este tipo me imagino que los técnicos debieran tener la suficiente preparación para saber que no se puede excluir a nadie” y que “incluso tienen que reservarse un número de plazas para niños con discapacidad y tienen que poner los medios suficientes para atender las necesidades de estos niños”, concluyó.
Posible denuncia
Aún no quieren adelantarse a iniciar acciones legales, pero el presidente de la asociación advierte que si no se ponen medidas para solucionar esta situación excluyente llegarán incluso ante la Fiscalía.
“Yo aún no quiero hacer público los ayuntamientos que lo están haciendo pero simplemente advertir que vamos a estar ojo avizor para que no se vuelva a repetir y pongan los medio suficientes y que integren a estos niños en las actividades”, señaló, pero insistió en que “si no es así nos pondremos en contacto con estos padres e intentaremos incluso mandar un informe a la Fiscalía”, ya que “pudieran ser constitutivas de algún delito”.
Con la ley en la mano, defiende su postura porque “hay una Ley de Integración que regula todas estas actividades” que puntualiza que deben aceptar a niños con minusvalía siempre que se trate de instituciones públicas, pero que además, “si las actividades son organizadas por alguna institución privada pero subvencionada con dinero público, tienen la misma obligación que si fueran organizadas por los ayuntamientos”, finalizó.
