Desde que el 6 de diciembre de 1978 el 87,78 por ciento de los votantes españoles confirmaran su apoyo al texto de la Constitución la sociedad española ha cambiado mucho. El símbolo de la democracia en España comenzó su andadura el 29 de diciembre, momento en el que se hizo pública su entrada en vigor y con el que se abrió paso a la transición a un nuevo sistema al que aún le quedarían muchas vicisitudes antes de estabilizarse. Algunos aún piensan que no lo ha conseguido.
Y es que la Carta Magna nació bajo el entusiasmo de casi todos los españoles, que vieron en
Todo esto marcó una época de grandes tensiones y de intentos de desequilibrar el Estado. El teniente general Tejero protagonizó el 23 de febrero de 1981 el intento más sonado por hacerse por la fuerza con el control del Congreso, y fue la primera vez en la que la Constitución tuvo que demostrar su fuerza ante sus detractores, y consiguió su primera victoria.
Este triunfo de los sistemas democráticos dio el último empujón a un proceso de transición que no acababa de arrancar y hasta los más escépticos parecieron confiar en que por fin se había conseguido superar la dictadura.
Una sola reforma
Desde ese día hasta el 2006 la Constitución se ha mantenido intacta a excepción de una reforma que se realizó por primera y única vez y que consistió en añadir ”elegible” en el artículo 13.2. El 7 de febrero de 1992 se firmó en Maastrich el Tratado de la Unión Europea por el que, entre otros, se modificaba el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. El artículo 8.B de éste, dice que "todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida..." Su Majestad el Rey sancionó y promulgó la reforma constitucional en el Palacio de Oriente de Madrid el 27 de agosto de 1992.
El Boletín Oficial del Estado publicó el texto de la Reforma Constitucional el día 28 de agosto de 1992. Ese mismo día se publicaron también las versiones en las restantes lenguas de España.
Polémica por la sucesión
Esta estabilidad en el tiempo de la Constitución no significa que no se hayan alzado en muchos momentos voces que proclaman una adaptación del texto a los nuevos tiempos.
La propia Constitución contempla los mecanismos para su reforma, unos mecanismos que son muy complicados, pero que establecen los filtros por los que se tiene que pasar para conseguir cambiar algún artículo de los 169 que la forman.
Ahora mismo, las cuatro cuestiones que más se debaten son las de sucesión de la Corona, la relación con la Unión Europea, Comunidades Autónomas y modificación del
Senado.
Respecto a la sucesión de la Corona, el Gobierno propone la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono, establecida en el artículo 57.1. señalando que esa preferencia responde a una tradición histórica que implica cierta discriminación hacia la mujer y argumenta que la reforma responde al sentir del pueblo español y situaría a España en la senda de otras monarquías europeas, aunque manifiesta la necesidad de salvaguardar expresamente los derechos del actual Príncipe de Asturias.
El Consejo de Estado, en su informe, propone la supresión de la expresión “en el mismo grado el varón a la mujer” del artículo 57.1 e incluir la precisión de que esa reforma se aplicaría a los sucesores de Don Felipe, complementada con la inclusión de un apartado que especifique la equivalencia de las palabras Rey y Reina y Príncipe y Princesa.
Lucha por el cambio
Ante estas propuestas, son muchos los que han reaccionado en contra de lo que entienden que es un atentado contra la Constitución y se ha abierto el debate entre el progreso y la adaptación a las nuevas circunstancias y exigencias de la sociedad que sustenta la Constitución y los que entienden que cualquier cambio es sinónimo de amenaza y hecatombe.
Se podría tal vez encontrar cierta similitud entre el debate al que ahora asiste la Constitución y aquel otro que se vivió entre 1975 y 1978 porque, salvando las diferencias, ahora se vuelve a intentar que la Carta Magna regule la realidad de lo que la sociedad demanda, una adaptación que también fue el objetivo en 1978, en el que la regulación del papel de la Corona, la instauración del Estado de las Autonomías, y la desestabilización de la Iglesia fueron piezas clave de un texto que nació del consenso entre todas las fuerzas políticas del país.
