El ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz adjunto de Coalición Canaria (CC) en la institución, Pedro San Ginés, lleva con las pinturas de guerra puestas desde hace meses. Después de mucho tiempo de relativo silencio y de aguantar estoicamente a que transcurriera los diferentes momentos de los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto, ha decidido ir a por todas y al ataque. Lo hizo, en contra seguramente del criterio de los abogados que le aconsejarían como hacen siempre en esos casos algo de prudencia, cuando la Guardia Civil entró hace meses a registrar su vivienda y automáticamente salió a ofrecer una rueda de prensa para garantizar que no tenía nada que esconder y que era imposible que hubieran encontrado alguna prueba que le conectara con algún delito de los que se supone que está investigando el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso. Ahora, una vez que se ha abierto el secreto del sumario, garantiza, sabiendo lo que se investiga, que está más tranquilo todavía de lo que estaba cuando pasó por un trance que obviamente no es agradable para nadie. A su modo de ver todo forma parte de una maniobra orquestada desde varios frentes para tratar de acabar con su carrera política. En esta dinámica de no callarse nada el viernes sorprendió a propios y a extraños cuando en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que dirige y presenta el periodista Alfonso Canales soltó lo que anticipó que sería en ese momento una primicia informativa: nada menos que acusó al abogado que defiende a la empresa que le denunció a él y a su entonces compañero Antonio Morales de haber adjudicado mal la gestión del Centro de Transformación de la Cochinilla, ubicado en el pueblo de Mala, de estar presionando a diferentes técnicos del Cabildo en nombre del socialista Carlos Espino para tratar de que declaren en su contra en otro procedimiento que parecía que había muerto pero que sigue vivo en los tortuguiles juzgados de Arrecife.
"Eso todavía no está archivado después de tantos años. A pesar de que no sé si tendré tiempo de pedir disculpas a la ciudadanía porque a mí no se me eligió para esto, no puedo otorgar con mi silencio sobre cosas que no son ni de lejos como algunos tratan de contar. En relación con la cochinilla tengo que decir que los letrados o el letrado de la empresa privada que denunció, entre otros a mí, andan presionando a funcionarios de la corporación como emisarios de Carlos Espino para que me señalen a mí como culpable en el procedimiento que sorprendentemente sigue abierto. Y si se abre juicio oral, que está por ver, lo digo públicamente para que el letrado me denuncie si esto es mentira, porque va a tener que dar explicaciones en los tribunales de lo que estoy diciendo”, soltó visiblemente molesto pero de manera muy contundente. En el estudio, además del periodista que le estaba entrevistando, estaba todavía su compañero Oswaldo Betancort, con quien compartió mensajes y con quien coincidió en censurar la táctica que vuelve a emplear el Partido Socialista (PSOE), ahora contra el alcalde de Teguise porque, según afirmaron los nacionalistas, tienen claro que va a ser el candidato a presidir el Cabildo de Lanzarote y tratan de manchar su imagen pública "con cuestiones que ni interesan a los ciudadanos ni van a ninguna parte". Betancort mostró su perplejidad por la acusación, entendiendo el hartazgo de su compañero y comprendiendo sobre todo que se defienda después de estar tantos años recibiendo ataques, todos, al menos de momento, que han terminado en nada.
Cuando se le preguntó si se refería a la empresa Aloe Plus, propiedad precisamente de la familia de su compañero de partido Mario Pérez, que fue la que presentó en su día la denuncia, no quiso confirmarlo. “La que sea, eso ahora no importa. Le digo que anda presionando a funcionarios de la institución para que me señalen a mí como culpable o responsable, sopena de verse involucrados. Eso es así y si llega el momento tendré que ponerlo en conocimiento de los tribunales. De parte de Carlos Espino”, insistió para meter en la tenebrosa ecuación una vez más al director del Área de la Presidencia del Cabildo, la persona que en CC entienden que sigue moviendo desde la sombra todos los hilos del PSOE.
Como ya informó este diario en junio de 2019, la empresa Aloe Plus denunció a través de otra sociedad, como también tuvo que aclarar el Cabildo posteriormente, al presidente y al entonces consejero del sector primario tras la adjudicación por concurso público en el pasado mandato del Centro de Transformación de la Cochinilla en Lanzarote. La sociedad dirigida por la familia Pérez Hernández, muy vinculada a CC -de hecho, Martín Pérez fue durante años asesor de Comunicación de diferentes consejeros en el Gobierno canario, la última Inés Rojas-, no estaba de acuerdo con la adjudicación que se hizo a su principal competidor en el mercado, Lanzaloe S.L., y emprendió una batalla judicial que los dos dirigentes de la Primera Corporación insular creían que se iba a quedar en nada. El asunto cayó en fase de instrucción en el Juzgado Número 4 de Arrecife.
Antonio Morales explicó entonces en Crónicas Radio-COPE Lanzarote que no estaba "ni investigado ni imputado". "Es la tercera vez que me citan para tomarme declaración pues ya se ha suspendido en dos ocasiones anteriores. A partir de ahí, es el juez el que decide si se abre juicio o no con este asunto", afirmó en el programa 'A buena hora'. "Esto pasa estando o no en la vida política. Te presentan una denuncia y hay que ir", manifestó visiblemente tranquilo. "El centro se adjudicó antes de que yo fuera consejero de Agricultura, y bajo nuestro mandato se abrió", indicó, convencido de que el juez archivará el caso.
El propio Morales apuntó en la emisora donde se adelantó la noticia el pasado 8 de noviembre de 2019 los extremos de la denuncia. El ex consejero precisó entonces que "esta empresa nos puso una querella porque entiende que no debimos haber aceptado que se abriera el Centro de la Cochinilla de Mala, algo que no dependió de nosotros pues, teniendo como teníamos en su momento todos los informes favorables y estando en vigor la actual Ley de Actividades Clasificadas, depende única y exclusivamente de la empresa que ganó el concurso, y que presentó la documentación al Ayuntamiento de Haría. Fue este el que le comunicó a la empresa que iba a abrir el Centro". "nosotros hemos actuado siempre en base a los informes técnicos que están por escrito, y eso es lo que diremos el lunes en los juzgados", adelantó.
En segundo lugar, la empresa acusa a San Ginés y a Morales de facilitar la apertura de este Centro de la Cochinilla en un suelo no apto para este tipo de explotación. "Tenemos los informes del Ayuntamiento de Haría", confirmó Morales para zanjar esta parte de la acusación. "También reclamaba que se rescinda el contrato porque pasó mucho tiempo desde que se adjudicó el servicio hasta que se pone en marcha el Centro, pero los servicios jurídicos entienden que no es así, ya que en todo caso quien debe rescindir el contrato es la empresa que ha ganado el concurso", apuntó el consejero durante su intervención en esta emisora.
(Avance informativo)
