"En todo este asunto se están mezclando el momento en que se firma el contrato (2001), con la aparición del acta de replanteo firmada (junio de 2003), circunstancia a la que", a juicio del PP, “se agarra la UTE para hacer ver que hubo un cambio en el contrato”
Los consejeros en el Cabildo del Partido Socialista (PSC-PSOE) y del Partido Popular (PP) han pedido los últimos días la creación de una comisión de investigación para depurar todo tipo de responsabilidades judiciales y políticas que puedan detraerse del caso Janubio.
Después de que la Cámara de Comercio de Las Palmas emitiera días atrás un laudo que obliga a la empresa Insular de Aguas S.A. a indemnizar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio con casi 10 millones de euros por supuesto incumplimiento de contrato, y tras el recurso por parte de Inalsa, tanto PP como PSOE se han adelantado a pedir el esclarecimiento del caso.
Los socialistas realizaron su presentación el pasado jueves, ante el Consejo de Administración de Inalsa, mientras que los populares lo hicieron ayer mismo en el Registro del Cabildo, después de que el pasado viernes se celebrara la Comisión informativa , y a través de la presentación de una moción que será debatida en el próximo Pleno de la Corporación insular. Al respecto, el portavoz del PP en el Cabildo, Francisco Cabrera, tachó a los socialistas de “oportunistas”. Para los populares, los socialistas tratan “de correr hacia delante”. “El único partido que ha solicitado que se cree una comisión de investigación es el PP”, aseguró.
Cabrera afirmó que los ciudadanos están “cansados de los partidos que gobernaron en la Isla durante los últimos años”, y aseguró que con su gestión, realizada “deprisa y corriendo, nos ha pasado lo mismo que con los residuos en el Complejo de Zonzamas”.
”¿Qué negocio era para Inalsa comprarle el agua durante 15 años a una UTE, teniendo Inalsa que poner la luz, el personal y todo, pagando al final por el metro cúbico de agua nada menos que 120 pesetas?”, preguntó.
Recusar al árbitro, “una excusa”
En cuanto al recurso presentado por Inalsa y las afirmaciones del actual consejero delegado, Mario Pérez, que aseguró que el arbitraje unipersonal del caso había sido llevado por alguien condenado por delitos como apropiación indebida y estafa, Cabrera opinó que esa no es excusa para invalidar el laudo, por el que por cierto el árbitro reclama a Inalsa también 165.000 euros más. “No se puede desviar la atención porque el árbitro sea o no sea tal o aquello”, agregó.
Acta de replanteo y firma del contrato
En su moción, el PP pide que se aclare quién mandó que los tres técnicos del Cabildo firmaran los informes favorables para el inicio de la obra civil de la planta desaladora de Janubio, pero asegura, además, que el famoso acta de replanteo se firmó cuatro días antes del cambio de gobierno, con lo que entonces “sólo estaba el PSOE en el poder”.
Para los populares, “no es justo que se acuse ahora a Plácida Guerra”, que durante la legislatura había ocupado el cargo de consejera delegada de Inalsa. Así, según Cabrera, en todo este asunto se están mezclando el momento en que se firma el contrato (es decir, en 2001), con la aparición del acta de replanteo firmada (en junio de 2003). “Es esa circunstancia a la que”, a juicio del PP, “se agarra la UTE para hacer ver que hubo un cambio en el contrato”.
Culpables
Para los populares, pues, no hay dudas. “El principal responsable parece ser Pérez Parrilla. Por acción o por omisión, el caso es que el presidente era él”, afirmó.
Otras preguntas que el PP mantiene se basan en si hubo suspensión de contrato, quién lo suspendió en su caso, cuándo se comunicó que se acudiese a la Cámara de Comercio para que, de forma amistosa, se resolviera el asunto.
En su moción, el PP pide que el pleno de la Máxima Corporación insular “acuerde la creación de una comisión de investigación para aclarar el proceso que se ha seguido desde la firma del contrato” y para que “se diriman las responsabilidades correspondientes, si las hubiera”.
Además, los populares hacen mención al Acta de Comprobación del Replanteo, que según el PP “modifica de forma sustancial una de las cláusulas del contrato, precisamente la que establecía quién era el responsable de conseguir las licencias y autorizaciones pertinentes, y sobre quién tenía por tanto, la responsabilidad si no se conseguían dichos permisos”, y agrega que “al parecer, el acta fue firmada por técnicos de Inalsa, desconociéndose si existió conocimiento de ello por parte de los responsables públicos del momento”.
Al mismo tiempo, los populares solicitan que se informe sobre la otra vía a la que recurrió la UTE además de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que emitió el laudo, ya que también se está tramitando una causa en torno al mismo tema en la vía contencioso administrativa.
