La consejera del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Plácida Guerra aseguró ayer que la UTE que ahora le reclama a Inalsa 10 millones de euros por su supuesto incumplimiento del contrato por la construcción de la planta desaladora del Janubio han estado intentando negociar durante los tres últimos años con el actual consejero delegado de la empresa Insular de Aguas S.A., Mario Pérez.
“Los representantes de la UTE han ido detrás de él, y si a don Mario no le gustó el contrato que firmé en su día, ya lo pod''ia haber cambiado en lugar de dejarlo en el olvido”, aseguró Guerra en declaraciones al programa El Despertador, de Lanzarote Radio.
Y es que los representantes del Partido de Independientes de Lanzarote presentaran esta semana una moción en el Cabildo instando al Pleno de la Corporación a trasladar a Fiscalía sendos contratos firmados por la empresa Insular de Aguas S.A., Inalsa, tanto con Edam Janubio como con Aguas Filtradas.
El PIL tiene su conciencia muy tranquila, según asegura Guerra. “Creemos que es lo más correcto para que terminen todas estas acusaciones”.
La consejera del PIL Plácida Guerra aseguró que el problema ha residido en la no continuidad que los actuales representantes de Inalsa le han concedido a los contratos firmados con anterioridad. “Debieron guardarlo en el cajón del olvido porque el caso de Janubio no se ha tocado para nada en estos tres años”, aseveró.
“Se trata de una gran irresponsabilidad de Mario Pérez, que ha cometido dejación de su responsabilidad puesto que, en estos tres años, imagino que los servicios jurídicos de Inalsa le recordarían al consejero delegado la existencia del contrato”, agregó Guerra.
El consejero de CC, a juicio de Guerra, ha insistido estos tres años en la comparación de la actual gestión con la de la legislatura anterior cuando, a su modo de ver, “Inalsa tenía entonces sus inversiones en la calle, en tuberías y obras que cubrían las necesidades de los ciudadanos, al contrario que ahora, que tiene bastante ahorro pero da pena ver sus instalaciones”, indicó.
Aguas Filtradas
Al contrario de lo sucedido con la planta de Janubio, según Guerra, en el caso del contrato con Aguas Filtradas “la actitud de los dirigentes de Inalsa ha sido totalmente diferente”.
La consejera explicó que, a pesar de que existían informes técnicos que desaconsejaban el trabajo de Aguas Filtradas, y aunque el Comité de Empresa siempre se mostró en desacuerdo con su contratación, llegado el momento de renovar el contrato “Mario Pérez lo amplió por cinco años más. Primero sacó el concurso público a nivel nacional. Se presentaron importantes empresas de toda España pero luego lo paralizó a pesar de las críticas de las empresas que concurrían, para renovar con Aguas Filtradas”, dijo.
Quién decidió el arbitraje
Plácida Guerra aclaró, además, que el acuerdo por el que se consensuó que, en caso de que se produjeran desavenencias entre Inalsa y la UTE se acudiría al arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas, fue avalado por los juristas y técnicos de Inalsa. “Nunca se trató de una decisión por parte de los políticos de entonces. Siempre apoyamos nuestras decisiones en informes de los juristas”, dijo.
Nueva recusación
El Consejo de Administración celebrado este pasado martes en el Cabildo apoyó la a creación de una comisión de investigación integrada por el propio consejero delegado de Inalsa, 3 miembros del Comité de Administración y 1 del Comité de Empresa, que se encargará de analizar y depurar responsabilidades en torno a lo relacionado con el laudo que, recientemente, dictó un juez árbitro de la Cámara de Comercio de Las Palmas, por el que obliga a Inalsa a abonar unos 10 millones de euros a la UTE de empresas que realizó las obras de la planta de Janubio.
Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de Inalsa determinaron recusar, nuevamente, a este juez árbitro de la Cámara de Comercio de Las Palmas, en base a una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de noviembre de 2002, en la que se condena al citado juez árbitro, Juan Carlos Grisolía Santos, a ocho meses de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y al pago de una multa de diez meses, con cuota diaria de doce euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas dejadas de abonar, por un delito de deslealtad profesional.
