Foto: Jose Curbelo
Cincuenta vecinos de El Golfo firmaron este jueves ante notario el poder que permite al servicio jurídico del Ayuntamiento presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional para anular el deslinde marítimo que pesa sobre sus propiedades.
Con esta rúbrica, los abogados del Consistorio sureño comenzarán su propia batalla legal contra la resolución de la Dirección General de Costas, que pretende apropiarse de gran parte de la primera línea de la costa de El Golfo y clasificar como zona de servidumbre cien metros por encima de la línea de deslinde, lo que supondría que la mayor parte del pueblo quedaría bajo esta limitación.
El grupo de afectados que ha decidido enfrentarse al problema acudió en la tarde de este jueves a la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas tras el llamamiento del Ayuntamiento, que propuso a finales de septiembre a los vecinos que se refugiasen en un servicio gratuito que lidera el letrado Felipe Fernández Camero. Con esta decisión, el servicio jurídico presentará un recurso contencioso administrativo que pretende anular el deslinde apoyándose principalmente en un error que presuntamente cometió la Dirección General de Costas a la hora de presentar las pruebas que marcan la línea de deslinde.
El alcalde Yaiza, José Francisco Reyes, que estuvo presente en el acto junto al concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, insistió en su confianza en que finalmente la Audiencia Nacional les dé la razón.
Seis años después
El Ayuntamiento de Yaiza basará su recurso en la presunta mala actuación de la Dirección General de Costas, ya que los abogados del Consistorio aseguran que no se presentó hasta 2005 la prueba que demostraba que podían colocar la línea de deslinde donde la situaron en 1999, seis años antes.
La ley determina que el punto en el que coloca esta línea imaginaria es el punto más alto al que haya llegado la ola en el peor temporal. Y el temporal que en este caso presentó Costas es precisamente la reciente tormenta Delta, que se produjo seis años después de que esta administración tomase su decisión.
Por eso, el Ayuntamiento está convencido de que se anulará una ordenanza que no tiene validez si este argumento queda lo suficientemente demostrado ante el juez de la Audiencia Nacional.
Además, los abogados del Consistorio incidirán de nuevo en la evidencia de que el pueblo de El Golfo era ya un núcleo de población consolidado antes de la Ley de Costas de 1988, por lo que la zona de servidumbre quedaría reducida de los 100 metros que actualmente se contemplan, a tan sólo 20.
Un problema de incompatibilidad
Por otra parte, el resto de vecinos que han interpuesto por propia iniciativa un recurso de reposición para que se desplace hacia la costa la línea de deslinde y para que se rebaje de 100 a 20 la zona de servidumbre, continúan su lucha para que se rectifiquen estos puntos en la orden ministerial, pero sin anularla.
Estas dos actuaciones paralelas podrían afectarse la una a la otra, ya que la acusación de estos últimos entiende que si se anula la ordenanza, la Dirección General de Costas podría proceder a realizar un deslinde aún más contundente.
Además, parece ser que muchos de los afectados que firmaron este jueves el poder al Ayuntamiento, se han unido también al grupo que ha presentado ya el recurso de reposición, una decisión que la ley especifica que es incompatible. Esto podría significar que a los que hayan optado por presentar las dos líneas de defensa se les anularía automáticamente el recurso contencioso administrativo que creen haber iniciado con la firma de poderes.
Mientras tanto los primeros vecinos que tienen propiedades dentro de lo que ahora mismo es suelo público ya están recibiendo requerimientos para el cambio de propiedad.
