El consejero delegado de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), Mario Pérez, afirmó este jueves que Juan Carlos Grisolia, el abogado elegido por la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas para dictar el laudo que les condena a pagar casi diez millones de euros a Fomento por incumplimiento del contrato para la construcción y explotación de la desaladora Inalsa Sur, está condenado por estafa y apropiación indebida.
En este sentido, el consejero apuntó que la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, designada en su momento por las partes para evitar tener que dirimir las controversias que se pudieran presentar en un tribunal, decidió poner en manos de este árbitro la resolución del conflicto entre Fomento e Inalsa.
Las aclaraciones que María José Docal y Plácida Guerra, ambas miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), pidieron a Mario Pérez respecto a sus declaraciones en la pasada convención de CC en las que argumentó que algunos socios de gobierno en el Cabildo hacían “negocios” con promotores privados incrementando el número de camas en la Isla, son para Pérez una “cortina de humo” que tapa el asunto de la mala gestión de Fomento.
En el año 2001, Inalsa firmó un contrato con Fomento de Construcciones y Contratas para construir una planta desaladora en Playa Blanca. El contrato le concedía la explotación de dicha planta a Fomento por el plazo de quince años, tiempo en el cual la empresa contratada debía hacerse cargo de la potabilización y desalación del agua, a la vez que vender ésta a Inalsa para que luego la empresa de aguas la distribuyera.
El contrato respondía a otros dos tipos de consideraciones. Por un lado, Fomento debía conseguir todos los permisos, autorizaciones, licencias o las calificaciones territoriales oportunas para construir la planta, autorizarla, y para que técnica, jurídica y medioambientalmente estuviera en perfectas condiciones.
Por otro, si existiesen discrepancias entre Fomento e Inalsa que no se pudieran resolver ambas partes, en lugar de tener que recurrir a dirimir las controversias en un tribunal ordinario, el contrato establecía que fuera una Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas la que se hiciera cargo de estas situaciones. La Corte Arbitral, que consta de tres personas, decidió elegir unilateralmente, ya que no contaron, según el consejero, con la opinión de Inalsa, a una persona para que resolviera esas diferencias. Esa elección se vio materializada en la figura del abogado Juan Carlos Grisolía.
En este sentido, Pérez afirmó que “cuando las partes eligieron a un árbitro, aunque nosotros no lo hemos elegido, lo hicieron en la figura de un árbitro que como mínimo tiene dos condenas firmes, una por estafa y otra por apropiación indebida”.
El fallo arbitral dejó estupefactos a los condenados ya que, según afirmó Pérez, “Grisolia es una persona de la que no hemos tenido conocimiento de sus actuaciones. Al principio estuvo en Lanzarote, pero, actualmente, está colegiado en Las Palmas. La condena de 10 millones de euros es escandalosa y, además, el abogado ha obtenido unos honorarios de 127 mil euros por dictar el laudo”, dijo.
