Para el Comité de Empresa de Inalsa la Comisión de Investigación que pretendía aportar luz al proceso interno que derivó en el laudo condenatorio contra la compañía pública “no ha sido seria”. El portavoz de los trabajadores, Manuel Plasencia, se quejó ayer públicamente del “uso político” al que, bajo su punto de vista, fue sometido este órgano investigador por parte del Partido Socialista. Según Plasencia, “Manuel Fajardo quiso salvar a Enrique Pérez Parrilla y se olvidó de aclarar asuntos laborales”. Para los trabajadores quedan aún muchas dudas por despejar en este espinoso capítulo y piden que se saque a la luz lo sucedido. Quieren saber por qué se firmaron los documentos que comprometen a Inalsa frente a la Ute Edam Janubio y quién autorizó esas firmas. Así lo solicitarán el martes 31 en una rueda prensa.
Fotos: Dory Hernández
- La resolución emitida por la Comisión de Disciplina de Inalsa exculpa a los técnicos de la empresa en el asunto de la UTE ¿Está de acuerdo el Comité de Empresa con la actuación que se llevó a cabo?
- Efectivamente en esa Comisión participó un miembro del Comité de Empresa de Inalsa, que su vez está formado por nueve personas, pero no estamos conformes con la resolución adoptada. En primer lugar porque este órgano nació con el objetivo de saber por qué los técnicos de Inalsa firmaron documentos comprometedores para la empresa y que fueron clave en el asunto del laudo condenatorio de la Cámara de Comercio. Sin embargo desde el punto de vista interno, la Comisión no aclara nada. Entendemos que el objetivote Manuel Fajardo (presidente de esta Comisión investigadora) era salvarle los muebles a Enrique Pérez Parrilla y acusar directamente a Plácida Guerra, precisamente el único nombre que se escuchó en la Comisión. En ese momento se olvidaron del ámbito laboral. Pero aún quedan dos documentos que hay que investigar: por un lado el acta de replanteo, donde especifica que Inalsa solicita el comienzo de las obras, y en segundo: el documento donde se reconocen 40.000 euros que no había contemplado en el presupuesto inicial. Por eso decimos que se desvía la atención a una cuestión política cuando nació para resolver asunto laboral y resolver porqué se firmaron esos documentos.
- ¿Entonces considera que la Comisión no actúo exclusivamente en el terreno laboral como debía?
- Nos parece que hubiera sido correcto que la comisión hubiera llamado también a declarar a Plácida Guerra y escuchar su versión para contrastar las declaraciones de los técnicos. Otro argumento de peso es que el primer documento, el acta de replanteo, se firmó de 17 de junio 2003, cuatro días antes de la toma de posesión en el Cabildo del nuevo equipo de gobierno y en ese momento Plácida Guerra no era nadie. Entonces no entendemos cómo se firma un documento mandatado por alguien que nos es nadie en la empresa. El segundo documento fue en octubre de 2003 y no se estudió en la Comisión, no se sabe quien lo mandó a firmar. La resolución de la Comisión de Investigación está llena de triquinuelas. El director Pérez Vega, que era en esa época gerente, manifiesta que lo que le impulsó a firmar el acta de replanteo fue una resolución del Consejo Insular de Agua del 8 en mayo de 2003 firmada por Enrique Pérez donde se autorizaba a la UTE hacer pozos de captación y de sondeos costeros, de ahí que él entiende que es preciso firmar el acta de replanteo, pero es que ese documento tiene una coletilla que dice que Inalsa se encarga de los permisos. Se es conciente de que faltan todos los permisos de vertidos, de industria, del Ayuntamiento, pero que como hace falta agua hay que hacer la obra.
- Sin embargo hasta ahora la escasez de agua no ha sido un problema.
- Efectivamente, la población en los municipios ha crecido y sigue habiendo agua. Nosotros ya apuntábamos en 2004 ante una resolución del Consejo Insular del Agua en la que Mario Pérez deniega el permiso a la UTE que Lanzarote debía copiar el ejemplo de Telde donde se han ejecutado dos plantas potabilizadoras por la vía de urgencia.
En Lanzarote tenemos dos potabilizadoras gratis, una en Punta de los Vientos y otra en Janubio, con un coste de 1.600 millones de pesetas y no se ha traído la planta. Hay que buscar responsables pero bajo un prisma objetivo. Manuel Fajardo aprovechó el nombre de Plácida Guerra para dejar libre de culpa a Enrique Pérez Parrilla, precisamente la persona que firmó la primera resolución del Consejo Insular del Agua. No nos parece serio. No se puede usar una Comisión interna para dar una salida política. Lo fundamental es analizar quién mandó a firmar esos dos documentos y porqué.
- ¿Exculpan ustedes a Plácida Guerra?
- No. Yo no estoy salvando a Plácida Guerra, es más consideró que cometió un gran error al firmar el contrato con la cláusula de que si había algún problema había que solucionarlos en la Cámara de Comercio. Ahora bien, lo interesante de la Comisión investigadora era saber por qué se firmaron esos documentos y dar una respuesta. Porque en el año 2003 el presidente del Consejo era Pérez Parrilla y no Plácida.
- ¿Entiende que la Comisión de Investigación ha quedado en entredicho?
- Creo que hay documentos fundamentales que se han pasado por alto. Además existe un apartado en la resolución que sostiene que los trabajadores actuaron siguiendo las instrucciones de la que fue consejera delegada de Inalsa. Esto no fue así. Porque el Consejo de Administración no lo sabía y se podría haber pedido un certificado que así lo verifique. Se ha querido salpicar a todos menos a al partido socialista. De hecho, se insinúa en el texto de la resolución que los miembros del Gabinete de Crisis conocían la firma del documento. Yo fui miembro de ese gabinete y no fue así. Se está mintiendo.
Afortunadamente la población de Lanzarote conoce a sus políticos y sabe que son los mismos que anuncian dimisiones y no las cumplen y los mismos que donde dicen digo al cabo de un tiempo dicen Diego. La Comisión de Disciplina tendía que haber sido una cosa seria.
