Los representantes de los vecinos y su abogado, José Ortega, hicieron públicas en la mañana de este viernes las primeras conclusiones a las que han llegado después de las reuniones mantenidas tanto con el Ayuntamiento de Yaiza como con el Cabildo.
Sus impresiones son sobre todo muy tranquilizadoras y hablan de una “buena predisposición” por parte de ambas administraciones públicas para cooperar en el buen resultado de la situación.
Estas declaraciones las hicieron públicas antes de reunirse con Domingo Berriel, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que confirmó definitivamente que su consejería colaboraría ya no sólo aportando el certificado necesario para declarar la zona como urbana, sino con la gestión en el Parlamento de Canarias de una Ley de Medidas Urgentes que reconozca a El Golfo como núcleo urbano anterior a la entrada en vigor en la Ley de Espacios Naturales. De este modo, Berriel considera que se reforzaría “el carácter urbano de esa zona”.
Con este apoyo de la Comunidad Autónoma parece que pronto contarán con el famoso certificado de núcleo poblacional consolidado necesario para presentarlo en la Dirección General de Costas, de forma que podrán comenzar los trámites jurídicos para solucionar el primer punto que abordarán sobre el alcance de la delimitación del deslinde
y que haría que Costas rebaje de 100 a 20 los metros que quedarían dentro de su dominio.
La estrategia jurídica que seguirán los vecinos está aún por determinar, pero su abogado, José Ortega, mantiene que “Costas no tienen razón en nada”, por lo que tranquilizó a los afectados, que temen por sus propiedades desde que se aprobara en julio la orden ministerial de deslinde marítimo terrestre. Ortega afirmó que tanto Cabildo como Ayuntamiento “han entendido la línea que hay que seguir”, por lo que está seguro de que “no va a haber ningún problema para resolver este punto”.
Límites arbitrarios e injustos
Por otra parte, el letrado también explicó la segunda parte de la lucha jurídica que tendrán que llevar a cabo frente a la Dirección General de Costas, y que tendrá que desmontar el argumento de esta administración para poner los límites de la zona de servidumbre de protección.
En este sentido Ortega también transmitió su total seguridad de que “Costas no tiene pruebas de que la arena llegue hasta donde ellos pretenden”. Se refiere a esta circunstancia porque es el criterio establecido para fijar el punto en el que comienza el deslinde de dominio público.
Tacha de “gratuita” la actuación de Costas, que “no ha aportado ninguna prueba ni ha realizado ningún estudio de la arena para demostrar que la marea más alte llega hasta donde ellos dicen”.
El abogado insistió en la necesidad de que los vecinos luchen por sus propiedades porque “nadie puede venir a quitarte lo que es tuyo apoyándose en argumentos ambiguos y sin fundamento”. Por eso presentarán todo tipo de documentos que confirmarán que el agua no llega hasta la carretera, como la Dirección General de Costas pretende.
Entre otras pruebas presentarán fotografías aéreas que ratifican el lugar hasta el que llega la ola, que ni siquiera roza las casas, incluso en situación de temporal.
Además los vecinos contarán con la verificación de un perito independiente que también se encargará de estudiar el asunto para fijar el lugar exacto al que llega la marea más alta.
Con esta preparación se presentarán ante la Audiencia Nacional para defender el caso de El Golfo, que en el punto de la delimitación del deslinde de dominio público tal vez tenga que luchar algo más de tiempo, pero que parece tener visos de un final positivo para los propietarios de la zona.
En cualquier caso, las viviendas que finalmente se vieran afectadas por quedar dentro de suelo público tendrían por ley derecho a una concesión de 60 años, pero esto sería en el último de los casos, al que si todo sigue por buen camino tampoco tendrían que llegar.
Espino trae noticias de Madrid
Por su parte, el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, se ha puesto también manos a la obra y se trasladó este viernes a Madrid para entrevistarse con el director general de Costas, José Fernández. En la reunión Espino aclaró todos los pormenores que tienen que ver con el caso de El Golfo, concluyendo que “no se ha planteado hasta la fecha demolición alguna en la localidad”.
Aún así, a su vuelta a la Isla Espino valoró las actuaciones de las administraciones locales responsables de este asunto y declaró que “resulta de todo punto reprobable que aquellos que han tenido la responsabilidad de velar por el control urbanístico de la zona, no sólo no lo hayan hecho sino que ahora se dediquen a alarmar a los vecinos”, y afirmó que a su juicio, “es totalmente mezquino que en la búsqueda de réditos políticos a corto plazo algunos jueguen al mismo tiempo a alarmar y a buscar la solución de un problema que ellos mismos han creado”.
Según explicó Fernández al consejero del Cabildo “la única acción realizada en relación con el pueblo ha sido el trazado del nuevo deslindes marítimo-terrestre, que viene condicionado por la marea más alta de la historia”.
La intención de Espino era que el responsable de Costas le trasladase cuál es la situación de dominio público de la zona costera. Fernández explicó que “la responsabilidad de Costas es la zona de Dominio Público y los seis metros de tránsito marcados desde el deslinde”. Además señaló que “las competencias de control y sanciones en la denominada zona de servidumbre de protección (20 metros o 100 metros a partir del deslinde, en función de la catalogación del suelo como núcleo urbano o no urbano, respectivamente), corresponde a las Comunidades Autónomas”.
