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El Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife ha emitido un auto este jueves, 14 de febrero, sobre la Pieza 8 (derivada de las Diligencias previas 697/08 de la Operación Unión), en el que concede diez días al Ministerio Fiscal y a las distintas acusaciones personadas para que pidan la apertura del juicio oral en la causa abierta contra Francisco Rodríguez Batllori, abogado y ex viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, la exconsejera de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., Inalsa, Plácida Guerra, los exconcejales de Arrecife José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, y el exgerente de Inalsa Rafael Elorrieta, imputados por Tráfico de Influencias y/o prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
La magistrada del Juzgado Número 5, María Jesús Hernández Elvira, abrió esta pieza separada en el caso Unión para investigar si, efectivamente, los imputados colaboraron para que se le pudieran abonar facturas ficticias tanto desde Inalsa como desde el Ayuntamiento de Arrecife a Rodríguez Batllori, que ha alegado en este proceso que su detención fue ilegal pues no existía orden de detención en el momento en que fue trasladado de Gran Canaria a Lanzarote en helicóptero, y quien se ha defendido explicando que se dedicó a asesorar a los concejales del PIL en Arrecife y a los consejeros de este mismo partido acerca de asuntos relacionados con Inalsa. Según las diligencias previas, en realidad Batllori habría recibido dichos honorarios por el asesoramiento privado que le prestó al líder histórico del PIL, Dimas Martín.
El auto dispone que ni José Miguel Rodríguez ni Luisa Blanco, que autorizaron esas facturas abonadas a Rodríguez Batllori, pudieron "concretar qué funciones tenía encomendadas, en concepto de qué lo hacía, mediante qué tipo de contrato (al margen del contrato verbal, de sobra conocido de imposible aplicación en el ámbito de la Administración Pública), si llegó a presentar algún informe en el sentido que fuera, cuáles eran las necesidades que venía a cubrir o por qué la Corporación precisaba de un Letrado".
La magistrada entiende que "existen claros indicios de la sustracción de caudales públicos y presentación de factura falsa para justificar el desvío" de este dinero.
