Fotos: Dory Hernández
La empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, Inalsa, tramita en la actualidad un total de 501 expedientes por fraude. De éstos, 215 han sido resueltos, todos de forma favorable a la compañía isleña, mientras que el resto se encuentra en trámite de resolución tanto por vía judicial como administrativa, ya que las denuncias de fraude formuladas por Inalsa gozan de una tramitación preferente al tratarse de una estafa al bien común.
Los primeros episodios de robo en el servicio de abastecimiento de agua potable y en la red de saneamiento que se detectaron en la Isla se remontan a octubre del año 2004, tras las primeras inspecciones realizadas por la empresa pública para “tratar de discriminar si las pérdidas que estaba teniendo la compañía eran sólo en red o debido a otra serie de causas”, como explicó el consejero de Inalsa en el Cabildo de Lanzarote, Mario Pérez. Fue entonces cuando se detectó que existía este problema y hasta la fecha se han comprobado más de un millar de casos repartidos por toda la geografía, siendo la isla de La Graciosa el punto donde se localiza mayor número de infractores, según los datos facilitados por la empresa insular de aguas.
Asimismo, se ha detectado que el robo del suministro líquido se viene desarrollando mediante distintos procedimientos, es decir, que se registran comportamientos tan dispares como “enganches a la red, alteración de los registros o bloqueo de contadores”.
Aunque este tipo de delitos se han reducido en los últimos meses, pasando de unos 342 contabilizados durante 2005 a 159 en el ejercicio pasado, lo cierto es que todavía se detectan infracciones considerables que causan perjuicio a la empresa. “En un plazo de 15 días se han llegado a registrar hasta 30 infracciones” aseguró a Crónicas el director de consumo de Inalsa, Fernando Pérez.
El abastecimiento domiciliario de agua potable y el alcantarillado son servicios de públicos, de ahí la dureza con que se castiga un delito cometido contra la comunidad, catalogación que recibe judicialmente este tipo de actos. “Los jueces han sido terriblemente duros con los infractores y hasta la fecha la mayor parte de los expedientes resueltos han sido favorables a la empresa pública con sentencias firmes”. Este mismo procedimiento penal se ha establecido a la hora de sancionar los sabotajes provocados en tuberías propiedad de la empresa pública, donde se han llegado a localizar enseres que impiden el paso del suministro.
Perfil del estafador
Según los datos facilitados por Inalsa, el fraude no es cometido por personas de un determinado patrón sino que se barajan distintos perfiles “que nada tienen que ver con el nivel económico del usuario”, como señaló el consejero de Inalsa en el Cabildo de Lanzarote, Mario Pérez. “El que comete fraude no es necesariamente una persona de bajo poder adquisitivo”, explicó el responsable del Agua en la Isla, “sino que se han detectado desde particulares hasta empresas y asociaciones”, añadió.
El margen establecido por Inalsa para que los robos sean sancionables está fijado en unos 300 euros, unas 50.000 de las antiguas pesetas, ya que teniendo en cuenta que el precio del agua se sitúa en torno a un euro por cada mil litros del líquido elemento la suma de esta cantidad supone un fraude considerable para la compañía. “Si se detectan impagos reiterados por problemas sociales nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento para intentar resolverlos, pero de lo contrario se da luz verde al proceso sancionador”, apuntó el consejero. Y es que tanto el corte del suministro como la reincorporación al servicio suponen un desembolso importante para la empresa.
En Lanzarote se han localizado acciones al margen de la ley en prácticamente en todos los municipios, aunque las mayores incidencias se producen en núcleos urbanos de mayor y menor población.
Cuando se descubre un fraude es difícil saber desde cuándo se viene realizando la estafa, especialmente, si no existe colaboración por parte del infractor. No obstante, existen pérdidas que superan los 60.000 euros por usuario y día. En Tías, en concreto en Puerto del Carmen, las pérdidas generadas por solo un infractor se han cuantificado en unos 158.413,5 euros. “Para establecer el valor económico se siguen son las pautas donde se tipifica el robo y así se establece el canon. Eso sí dependiendo si se debe aplicar tarifa turística o doméstica”, indicó Fernando Pérez.
Inspecciones regulares
Aunque no se destinan recursos extraordinarios a evitar la propagación de engaños, lo cierto es que la compañía pública cuenta con un equipo de expertos encargado de realizar inspecciones. No obstante, el objetivo que persigue la empresa no es penalizar a los usuarios y castigar abonados de Inalsa por sus impagos, sino desarrollar una labor “informativa y pedagógica” al objeto de concienciar a los clientes del perjuicio que supone para la empresa la pérdida de considerables niveles de agua. En primera instancia, la medida no consiguió paliar el problema y, de hecho, llegó a generar situaciones de extremo conflicto que han requerido la intervención de los agentes del orden. “Hemos contactado con la dirección general del Estado para que tanto la Policía Nacional, en el caso de Arrecife, como la Guarda Civil, en el resto de la Isla, actuarán como testigos a la hora de levantar un acta sancionadora”. Sin embargo, el porcentaje de trampas es cada vez menor en todos los municipios de Lanzarote. Asimismo se cuenta con la asistencia del equipo jurídico de Inalsa, preparado para abordar este tipo de inconvenientes y evitar la picaresca de los ciudadanos.
De las inspecciones realizadas se constata que una de las estrategias más extendidas entre los usuarios es la de solicitar agua de obra y posteriormente mantener esta conexión en una vivienda ya construida. Este procedimiento es más habitual en municipios como Arrecife, donde la construcción de nuevos edificios es más frecuente.
Actuación fraudulenta
Según el reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable y red de saneamiento de Lanzarote, en vigor desde mayor de 2003, se consideraran actuaciones fraudulentas los siguientes comportamientos:
- Cuando un local, vivienda o establecimiento disponga de conexión a la red general de suministro y carezca de contrato o póliza de abono con Inalsa.
- Cuando por cualquier procedimiento se manipulen o alteren los registros del aparato de control y medida.
- Cuando se utilice destine el agua a un uso distinto al contratado, resultando aplicable al uso efectivo una tarifa de mayor cuantía a la contratada.
Otras infracciones
- Suministrar agua a terceros sin autorización de Inalsa, ya sea gratuitamente o a título oneroso.
- Resistencia a que se practique lectura a los contadores y a la comprobación de éstos de las llaves de aforo.
- Destinar agua a usos distintos al controlado
- Cualquier acto del abonado o usuario que represente daño en la instalación, perjuicio al servicio general o fraude a Inalsa.
