El alquiler vacacional sigue creciendo en Canarias y acapara ya el 8% de la demanda turística. Se trata de un dato que, aunque ha sido conocido en julio pasado, vuelve a poner de relieve la importancia de disponer de una ley que regule esta actividad en las Islas. Al hilo de estos datos, la situación se torna cada vez más complicada en islas como Lanzarote para personas que no poseen una vivienda en propiedad, ya que cada vez son más los casos de inquilinos que están siendo expulsados de las viviendas que ocupaban hasta ahora en régimen de alquiler de larga duración.
Basta abrir cualquier red social como Facebook estos días para advertir que, efectivamente, no hay apenas oferta de vivienda para alquiler de larga duración en islas como Lanzarote, donde estas circunstancias están haciendo también que se dispare el índice de ocupación ilegal de inmuebles. Precisamente en esa red social esta semana una familia ha puesto un anuncio en el que ofrece un vehículo, de marca Mercedes, como fianza para acceder a una vivienda en Lanzarote. En su anuncio, esta familia explica que debe abandonar la vivienda que ha ocupado durante ocho años en régimen de alquiler ya que ahora la dueña ha alegado "motivos personales", con lo que tienen que dejar dicho apartamento y buscar otro urgentemente por Arrecife.
El alquiler vacacional ya acapara más del 8% de la demanda turística total en Canarias
El aumento de la oferta en esta modalidad en 2016 fue del 6% en Canarias. Las viviendas vacacionales en Canarias fueron utilizadas por 1.290.609 turistas en 2016, lo que supuso una cuota de mercado del 8,6%, si se tiene en cuenta que el año pasado las islas recibieron 14.981.113 visitantes totales (extranjeros y nacionales). El archipiélago ofertó ese año un total de 29.931 viviendas vacacionales, 1.743 más que en 2015, lo que representa un crecimiento del 6,1%.
Cabe recordar que el TSJC ha tumbado parte del decreto de alquiler vacacional y el Ejecutivo regional lo ha recurrido. Además, el Gobierno ha asegurado que modificará dicho decreto "garantizando el modelo turístico". No obstante, el tiempo pasa y aún no existe una solución clara. El Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por el Gobierno regional a raíz de la sentencia del TSJC que anula varios preceptos del decreto que regula esta actividad en las islas.
