El Partido Popular (PP) ha mostrado este miércoles su rechazo al gravamen que el Cabildo quiere aplicar a la venta del combustible de automoción en la Isla, rescatando para ello una ordenanza de 1960 y que se modificará para incluir un nuevo impuesto para el gasóleo al tiempo que se incrementa el porcentaje que hasta ahora se aplicaba a la gasolina.
La medida propuesta por el gobierno de CC y PSOE, asegura el PP en nota de prensa, tiene un ánimo "puramente recaudatorio y su aplicación llevaría consigo un encarecimiento de los combustibles en la isla y, por ende, del nivel de vida de los lanzaroteños".
En estos momentos tan difíciles desde el punto de vista económico y social, recuerdan los populares, esta subida de impuestos resulta absolutamente contraproducente porque no hay nada en la ordenanza que garantice que el gravamen no puede influir en el precio final de los carburantes.
"Un hecho que resultaría enormemente perjudicial para los consumidores si se tiene en cuenta que Lanzarote lleva varios años siendo la isla del Archipiélago donde los precios del combustible están más altos y, por lo tanto, la isla en la que los ciudadanos pagan más por llenar su tanque de carburante", manifiesta el PP en su escrito.
A juicio de los representantes populares, ni CC ni el PSOE han tenido en cuenta alguno de estos dos aspectos y se han limitado a gravar el gasoil y la gasolina de automoción con la tarifa más alta que le permite la ley: 0,02 euros por litro.
Y lo hacen además, prosigue el PP, "a sabiendas de que dejan en manos de los distribuidores y/o vendedores la posibilidad de que carguen este gravamen en el precio final de venta al público".
El PP recuerda que hasta ahora los vendedores tributaban sólo por la gasolina en una cuantía de 0,0079 euros el litro.
Para el Partido Popular, resulta evidente que en época de crisis, el Cabildo no debería estar "obsesionado por imponer su afán recaudatorio, sino centrarse en cómo paliar las dificultades tan severas por las que atraviesan los ciudadanos. Lo que CC y el PSOE están haciendo con esta ordenanza es sencillamente arbitrar un mecanismo que les permita aumentar los ingresos y la recaudación del Cabildo para compensar el derroche de dinero público que llevan haciendo en durante los dos últimos años".
Es "indignante", aseveran desde las filas populares, que mientras el equipo de gobierno "se gasta el dinero en cuestiones totalmente fuera de lugar en estos momentos, como la adquisición de la casa Fajardo, ahora pretendan que sean los ciudadanos los que paguen estos caprichos y los que costeen servicios que sí son prioritarios y que corresponden a la Corporación insular".
