La decisión del Ministerio de Industria de autorizar perforaciones ultraprofundas a 50 kilómetros de las costas de la isla (Resolución 8694, de 11 de agosto, BOE núm. 196 de 13 de agosto), "representa el último y definitivo atropello a la población canaria por parte del connivente binomio formado por Repsol y por el Gobierno de Mariano Rajoy".Así se ha manifestado Pedro San Ginés, tras confirmar que el Cabildo de Lanzarote recurrirá la decisión con un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, y ha activado desde este mismo miércoles por l mañana una hoja de ruta con acciones de la máxima contundencia para las próximas semanas y meses que incluyen el más firme apoyo y refuerzo a la movilización ciudadana, e iniciativas en los ámbitos jurídicos, políticos, empresariales, científicos y sociales de toda Europa.
El Cabildo insular de Lanzarote ha confirmado este miércoles que presentará un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía y también acudirá a los tribunales españoles y europeos, además de presentar un incidente de nulidad de la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS). El anuncio lo ha realizado el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, quien, junto al vicepresidente tercero de la Corporación, José Antonio Gutiérrez, han comparecido a las 12.30 horas de este 13 de agosto, en la sala de Prensa del Cabildo, para transmitir de forma oficial el posicionamiento de la Institución ante el visto bueno definitivo a las prospecciones petrolíferas de Repsol.
El presidente ha desvelado, además, que desde la Corporación que preside emanarán varios recursos para frenar los sondeos, a partir del próximo mes de septiembre. "La democracia en Canarias ha sido secuestrada por el PP y Repsol", ha denunciado San Ginés en su comparecencia de este miércoles, en la que ha manifestado que la Administración pública que preside aprovechará "todos los recursos a su alcance" para tratar de frenar estos sondeos.
Proceso plagado de "irregularidades"
Tanto San Ginés como Gutiérrez han asegurado que el proceso de tramitación de estos sondeos de investigación está plagado de irregularidades. Ambos mandatarios han criticado, además, que no se haya tenido en cuenta en absoluto las alegaciones presentadas en su día.
Sobre el posible agravio comparativo con el caso de las prospecciones cercanas a Baleares, el presidente ha insistido en criticar el doble rasero y la "doble vara de medir" que está empleando, ha dicho, el Gobierno central que sustenta el Partido Popular.
Durante su comparecencia, San Ginés ha calificado también de "ridícula" la cifra de 60 millones de euros que, según el anuncio de este miércoles en el BOE, deberá aportar la multinacional Repsol como garante medioambiental. Y es que el Ministerio de Industria ha autorizado a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, para lo que deberá constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía financiera para riesgos ambientales de 20 millones.
Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, se autoriza a realizar hasta tres sondeos en tres puntos de las cuadrículas que tiene asignadas: Sandía (3.170 metros de profundidad, los 870 primeros de agua), Chirimoya (3.000 metros de profundidad, 1.019 de agua) y Zanahoria (6.900 metros de profundidad, 1.022 de agua).
Cinco ONG recurrirán en los tribunales la autorización de los sondeos
Por otro lado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han rechazado también en esta jornada la autorización de Industria. En un comunicado remitido a los medios, estas ong´s sostienen que el proceso para emitir dicha autorización ha sido "irregular" y por ello anuncian un recurso a la decisión administrativa ante los tribunales españoles y europeos a la vez que ponen en duda lo "democrático" que puede tener imponer una decisión como ésta.
Las ONG aseguran que la tramitación del expediente ha estado plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido.
COMUNICADO DE PRENSA ÍNTEGRO DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
La decisión de autorizar las perforaciones a sólo 50 kilómetros de las principales núcleos turísticos de Lanzarote y Fuerteventura ha sido promovida deliberadamente por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para defender los intereses exclusivos de la multinacional Repsol contra la voluntad mayoritaria del pueblo canario. El Gobierno de España ha despreciado literalmente los innumerables recursos, alegaciones, manifiestos, mociones, y documentos elaborados en los dos últimos años por el Parlamento y el Gobierno de Canarias, por los Cabildos de las islas, ayuntamientos, entidades científicas, organizaciones sociales, y cientos de miles de personas de las islas y del resto de España.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha declarado que “En democracia, ese nuevo atropello no puede ser aceptado ni quedar sin respuesta. Llevamos trece años luchando contra esta agresión, tratando de que nos dejen vivir tranquilos, sin amenazas ni riesgos, por lo que esta decisión es lo último que podemos tolerar. Hasta aquí hemos llegado, si Repsol pretende pinchar frente a la isla tendrá que asumir un coste muy alto en todos los sentidos porque no vamos a permitirlo, somos un pueblo pacífico y hospitalario, pero también digno y fuerte, y vamos a batallar con todas las fuerzas y recursos a nuestro alcance, los nuestros y los que nos brindan desde fuera. Y cuando digo todos, digo todos”.
La Resolución, de 12 páginas, es frontalmente rechazada por el Cabildo tanto desde el punto de vista procedimental como técnico, y refleja perfectamente la culminación de un proceso administrativo marcado desde su inicio en 2001 por la carencia de cooperación y diálogo, la falta de transparencia y de ocultación de información, la mentira permanente y, en definitiva, por una imposición inasumible tanto por las formas como por el fondo para la población de las islas. “La democracia en Canarias ha sido secuestrada por el PP y por Repsol” , apostilló el presidente San Ginés.
El texto no responde a ninguna de las nutridas alegaciones presentadas el pasado día 1 ante el Ministerio de Industria por el Cabildo de Lanzarote, pero sí establece una serie de condiciones que evidencian la falta de rigor y los riesgos implícitos que conllevan las perforaciones. Por ejemplo:
De forma sorprendente, la Resolución del Ministerio de Industria no hace ninguna referencia a los posibles impactos de las operaciones de la petrolera sobre el turismo o sobre los procesos de suministro de agua potable a la población de las islas, a pesar de reconocer la posibilidad de fugas y accidentes graves. Tampoco la reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente hace referencia a los riesgos sobre intereses vitales para la población de las islas, pero ninguna de las alegaciones formuladas por este Cabildo, así como por otras entidades públicas y privadas de Canarias, han tenido ni eco ni respuesta efectiva por parte del Gobierno de España.
La autorización otorgada por el Ministerio de Industria a Repsol contempla la perforación de 3 pozos:
1º.- Sandía 1X, profundidad: 3.170 metros con una lámina de agua de 870 m., a 55 km de las islas.
2º.- Chiromoya 1X, profundidad: 3.000 metros con una lámina de agua de 1.109 m., a 50 km de distancia de las islas.
3º.- Zanahoria 1, profundidad: 6.900 metros con una lámina de agua de 1.022 metros, a 55 km de las islas.
El Cabildo de Lanzarote lamenta los términos de una Resolución cuyos criterios técnicos han sido supeditados a los criterios políticos del PP. Las declaraciones del ministro Soria, expresando que las catas no tienen nada que ver con Canarias porque se hacen en aguas españolas, y manifestando de forma irresponsable que al realizarse a 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura no existe ningún riesgo, solo pueden recibir la condena de las instituciones y de la sociedad canaria, ya que, en caso de accidente o de derrame, y tal como se describe en documentos internos de la petrolera y del gobierno español, LAS ISLAS CANARIAS SE ENCUENTRAN EN ZONA DE IMPACTO.
La condición segunda de la Resolución publicada hoy establece la obligación de que Repsol contrate un seguro por valor de 40 millones de euros por posibles daños a bienes o a personas en el desarrollo de sus operaciones, y 20 millones para cubrir daños al medio natural, total: 60 millones. Lanzarote recuerda que British Petroleum ha sido condenada a pagar más de 8.000 millones de euros de indemnización por los daños causados en EEUU en 2010 por el accidente de una de sus plataformas petrolíferas, la Deepwater Horizon. Por tanto, la cuantía exigida a Repsol de sesenta millones de responsabilidad civil para el riesgo que entrañan sus operaciones en Canarias solo significa que, en caso de un accidente grave, serán los ciudadanos y ciudadanas los que terminen pagando de sus bolsillos las consecuencias del desastre, tal y como sucedió en Galicia tras la marea negra del petrolero Prestige hace 12 años.
La condición décima del permiso aprobado desde hoy a Repsol establece la obligación de colocar instrumental de control de terremotos (acelerómetros) tanto en Lanzarote como en Fuerteventura para realizar un seguimiento de los terremotos durante las perforaciones. El documento determina que el radio de referencia sísmico alrededor de las catas es de 20 km, y especifica que si se registra un seísmo igual o superior a 4.5 grados con epicentro en un radio de 75 km en torno al punto de perforación, las operaciones deberán ser detenidas de inmediato. El Cabildo de Lanzarote recuerda que todos los años se registra actividad sísmica de diferentes magnitudes junto a Lanzarote y Fuerteventura, incluyendo seísmos de 4.5 grados y a una distancia inferior a los 50 kilómetros de donde Repsol pretende perforar.
El Cabildo presentará un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, y recurrirá la decisión del Ministerio ante los tribunales de Justicia y ante la Unión Europea; la Corporación trabaja ya en la redacción de ambos documentos, ya que el plazo para presentar el recurso de alzada vence el 14 de septiembre, y el recurso para el incidente de nulidad ante el Supremo culmina el 2 de septiembre.
El vicepresidente primero del Cabildo de Lanzarote, Joaquín Caraballo, ha lamentado la decisión del Ministerio de Industria de autorizar unas prospecciones que entrañan riesgo para Canarias: “el desprecio a Canarias no puede ya calificarse con términos moderados tras dos años de permanentes insultos. Les recuerdo que hace pocos días el propio Rajoy se comprometía a no permitir prospecciones en Baleares si éstas suponían el más mínimo riesgo, y aquí, que el riesgo es reconocido en informes internos tanto por Repsol como por el Gobierno de España, las imponen por la fuerza”.
