El Cabildo de Lanzarote continua a la espera de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) apruebe el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTE) sin la necesidad de que lleve aparejado el informe medioambiental exigido por una normativa estatal de aprobada este año que a su vez responde a una directiva comunitaria. En caso de que la solicitud presentada por el Cabildo en agosto pasado sea denegada, la Primera Corporación insular suspendería la concesión de licencias residenciales en los distintos núcleos turísticos, tal y como lo hizo cautelarmente con el parcial Playa Blanca en el sur de la Isla., según informó a esta redacción una fuente autorizada de Política Territorial.
El portavoz de Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, comparte la idea de suspender las licencias, como ya lo había hecho público semanas anteriores, pero además exige que los ayuntamientos informen sobre los permisos otorgados durante los tres últimos años para conocer el verdadero alcance de una hipotética suspensión. “Me temo que ya el pescado está vendido”, comentó el consejero cabildicio de Alternativa.
En mayo pasado, el consejero de Política Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, informó a políticos lanzaroteños de la necesidad de que el polémico PTE se adaptara a la entrada en vigor de la Ley de Evaluación del Efecto Medioambiental producido por los Planes y Programas Territoriales. A la reunión asistieron Manuel Fajardo y Mario Pérez, vicepresidentes primero y segundo del Cabildo, respectivamente, Carlos Espino, consejero de Política Territorial, y los portavoces de los grupos políticos de la oposición: Pedro Hernández (AC-25M), Francisco Cabrera (PP) y María José Docal (PIL).
Posibilidades
En el encuentro celebrado en Las Palmas de Gran Canaria se plantearon dos posibilidades para exonerar el Plan Territorial Especial de Lanzarote de la evaluación medioambiental. Una, demostrar al Gobierno de Canarias que el Plan Territorial Especial no tendrá incidencia ambiental en la medida de que no clasifica nuevo suelo. Y dos, pedir su aprobación argumentando que antes de 2004 ya había intención de redactar el PTE, pero con la obligación de aprobarlo antes de finalizar julio de 2006. Esta última descartada. Pedro Hernández considera que es imposible obviar la adaptación del PTE a la Ley de Evaluación del Efecto Medio Ambiental.
Después de la reunión con Berriel, la Primera Corporación insular adoptó por unanimidad el Acuerdo que suspendió por el período de un año el procedimiento de aprobación, modificación y revisión del instrumento de ordenación plan parcial Playa Blanca (Yaiza), y que además suspendió durante un año el otorgamiento de licencias urbanísticas de obras para la construcción de nueva oferta alojativa residencial en el ámbito de suelo de dicho plan parcial. El PTE introduce determinaciones que pudieran favorecer la consolidación de éste y otros planes parciales de la Isla.
La suspensión se aplicaría a todas las zonas turísticas.
De hecho, la presidenta Inés Rojas ha asegurado que la idea es suspender la otorgación de licencias en todas las zonas turísticas, pero el Acuerdo aprobado afecta únicamente al plan parcial Playa Blanca, porque es donde existían serias dudas sobre la posibilidad de desclasificar un importante número de camas.
