viernes. 04.07.2025

Fotos: Dory Hernández

Apertura de las jornadas 'La prueba ilícita en el proceso penal' que se celebran jueves y viernes en el Arrecife Gran Hotel.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, abrió este jueves las jornadas ‘La prueba ilícita en el proceso penal' con la ponencia ‘Implicaciones jurídicas del correo electrónico y SMS en el marco de la investigación penal'. El magistrado advirtió la pereza legislativa de España en esta materia al carecer, por ejemplo, de un desarrollo normativo para la interceptación de los correos electrónicos, que está dando ventaja a los “ciberdelincuentes”. No está claro si la interceptación de correos electrónicos es regulada por la normativa referente a la correspondencia convencional o a la relativa a las comunicaciones telemáticas. En la práctica, destacó Marchena, los jueces instructores hacen una miscelánea que termina en una legislación ad hoc para el tema en cuestión.

Control en el centro de trabajo

El magistrado disertó sobre el apoderamiento y la interceptación del correo electrónico como delito contra la intimidad personal, destacando la inspección por el empresario del correo electrónico de los trabajadores y los casos de espionaje doméstico. Con respecto a lo primero, Marchena dijo que es indispensable que el empleado conozca que la empresa accede a sus correos como parte del control a los medios productivos, es decir, lo que se condena es la clandestinidad del control y se recomienda asignarle al trabajador un espacio de privacidad a través de una cuenta de correo absolutamente personal. Hay dos hechos ineludibles: el trabajador no se despoja de su intimidad en la puerta de entrada del centro de trabajo y la empresa a su vez tampoco renuncia al control de los medios productivos así sean telemáticos. El magistrado citó el caso de una trabajadora que fue despedida de una autoescuela al comprobarse que durante la semana chateó durante diez horas dentro de su jornada laboral. Asimismo, el caso de un trabajador de una empresa de servicios telefónicos que fue despedido por tratar de mala forma a los clientes, enterado el trabajador de que las conversaciones con ellos se grababan.

Espionaje doméstico

El tema de la interceptación es tan complejo que incluso menores de edad han denunciado a sus padres por supervisar las comunicaciones del chat. Marchena admitió que, en todo caso, es difícil encontrar argumentos para justificar la acción de los progenitores. “Los menores también son titulares del derecho a la intimidad así los padres quiera salvaguardar la educación”. En el matrimonio ninguno de los conyugues puede acceder al correo electrónico de su pareja sin su consentimiento. El magistrado citó el caso de un hombre que usó como prueba en un juicio el intercambio de mensajes de su mujer con un tercero para acreditar la infidelidad de su pareja. Los tribunales rechazaron la prueba por violación de la intimidad. Es tan insuficiente la normativa que ya la que regula las interceptaciones telefónicas se ha quedado obsoleta. Las jornadas ‘La prueba ilícita en el proceso penal' continúan este viernes en el Arrecife Gran Hotel con la presencia de destacados juristas, abogados y fiscales.

¿Cuándo puede un juez intervenir un correo electrónico?
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