Los miembros de la comisión de investigación de Inalsa, reunidos en la mañana de este miércoles en el Cabildo con el objeto de analizar el vídeo donde están registradas las comparecencias de los representantes de la empresa pública ante la Cámara de Comercio de Las Palmas, decidieron suspender una sesión que prometía durar más de cuatro horas por un problema técnico del ordenador donde se retransmitía el vídeo de las comparecencias. Sin embargo, la parte del vídeo que se pudo contemplar, según el consejero de Alternativa y miembro de la comisión, Pedro Hernández, mostraba a un Mario Pérez personado en la Corte Arbitral o inmerso en un careo con el abogado de la UTE, cuando siempre había negado éste tener conocimiento alguno del laudo.
Hernández, ante esta situación, le pide a la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, que cese de inmediato a Pérez de todos sus cargos.
La imagen quedaba congelada cada 15 minutos, lo que les llevó a pedir asistencia técnica, pero fue imposible solucionar el problema, debido, con toda probabilidad, a la poca cobertura del vídeo para poder retransmitir las imágenes. Los miembros del órgano recogieron una copia del video para ser vista por ellos mismos en privado y, a continuación,abandonaron la sesión.
Según manifestó a Crónicas la representante del Partido Popular (PP) en la comisión, Ástrid Pérez, la situación le causó risa e incluso llegó a exclamar que alguien se encontraba "boicoteando" la reunión.
El consejero y miembro del órgano por Alternativa Ciudadana, Pedro Hernández, aseguró por su parte, que las sesiones de de la comisión no deben tratarse a puerta cerrada porque "los ciudadanos y los medios deben tener acceso a todo lo que allí se habla".
Aunque no se determinó en este día el contenido de las próximas comisiones de investigación, Hernández explicó que se espera que Mario Pérez entregue una serie de documentos que le han solicitado y que no ha presentado hasta la fecha, se espera también la comparecencia de tres técnicos de Inalsa que firmaron el acta de replanteo, y la comparecencia, además, de los tres responsables de la Agencia Canaria de Protección del Medio Urbano y Natural (dos hombres y una mujer).
Pedro Hernández aseguró que hasta ahora no han tenido constancia por escrito de los servicios jurídicos de que los técnicos no estén obligados a declarar por lo que serán nuevamente citados.
