El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, ha denunciado la "falta total y absoluta de transparencia y participación" en todos y cada uno de los asuntos de máxima importancia, competencia del Cabildo de Lanzarote desde la llegada a la presidencia de Manuela Armas.
Según el consejero nacionalista, Pedro San Ginés, “a los últimos acontecimientos se suma ahora un nuevo y grave despropósito en los CACT, como fue la decisión del consejero delegado de cesar por escrito al director gerente y dos directivos más, saltándose los estatutos y sin tener las competencias para ello, ya que éstas le corresponden al Consejo, tal y como fue reprobado por la totalidad de sus miembros con la única excepción del representante sindical”.
San Ginés recuerda que “el propio consejero de los CACT admitía que su decisión fue adoptada de manera colegiada por el grupo de gobierno, presidido por Manuela Armas, que además de ser la presidenta del Pleno como máximo órgano de gobierno de la EPEL-CACT, también lo es de su Consejo de Administración - circunstancia que fue reprobada por la práctica totalidad de los miembros del Consejo por contravenir los estatutos sin contar con su participación. Es decir, que "la toma de decisiones previa al Consejo fue reprobado de manera expresa por Coalición Canaria, PNL, PP, el representante de los Ayuntamientos de Yaiza, Tinajo y Haría, el representante del sector turístico y la Fundación Cesar Manrique, sin que se pronunciara al respecto el representante sindical".
En la intervención del director gerente cesado, tras defender una gestión de 3 años y medio "que ha sido reconocida y alabada por todo el sector", éste advirtió al Consejo de dos hechos que preocupan a los nacionalistas. En primer lugar, sus “dudas fundadas de falta de coherencia con el objetivo expresado” por el actual consejero cuando eliminó la Obra Social de los CACT aduciendo que ésta era una competencia del Cabildo, por lo que entendemos que el grupo de gobierno pudiera estar manteniendo esa Obra Social para hacer política de espaldas al Consejo y a los sindicatos que habían pedido su eliminación". Y en segundo lugar, expresó su temor de que se pretenda dejar sin contenido, es decir sin cubrir, la figura de uno de los órganos de dirección y gobierno estatutariamente contemplados como es la del director gerente.
En ese sentido y ante la falta total de motivación para los despidos, más allá de una pérdida de confianza cuyas razones en ningún momento se explicaron y que por tanto fue una decisión política adoptada en el seno del grupo de gobierno como reconoció el consejero de los CACT, el grupo de Coalición Canaria en el Cabildo insular de Lanzarote, quiere recordar que la EPEL es la consecuencia de un acuerdo entre todos los sindicatos de los distintos departamentos del Cabildo, de los CACT, y de INALSA, con el grupo de gobierno.
"Acuerdo que consistió en someterse a lo que determinara el denominado “ Informe Viéitez ”, que igualmente fue aprobado por el Pleno del Cabildo, y que estableció de manera inequívoca y expresa la “exigencia de crear una gerencia profesionalizada e independiente en sus funciones y blindada de injerencias políticas en su quehacer diario”, además “de exigir un nivel especial de cualificación académica y/o profesional a los directores de cada centro”.
En definitiva, según los nacionalistas Viéitez planteó "y todos así lo aprobamos, incluido el PSOE cuando la consultora Tea-Cegos desarrolló casi dos años después aquellos objetivos, que los puestos directivos no fueran cargos de confianza sino profesionales contratados mediante oferta pública, y es por eso que optaron a unos puestos de los que hoy se les cesa sin dar ningún motivo profesional que la presidenta Manuela Armas tendrá que explicar en el próximo Pleno del Cabildo".
