El Cabildo de Lanzarote no ha tomado aún ninguna decisión sobre el pago de la deuda que Fernando Prats le pide a la Primera Institución por los gastos derivados de sus labores como redactor del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote. A pesar de que el urbanista abandonó el proyecto antes de su finalización, reclama que se le abone la última factura que le presentó a la Consejería de Política Territorial, y que asciende a 12.000 euros.
Luis Arráez, responsable del Área de Economía y Hacienda del Cabildo, aseguró este miércoles a esta redacción que aún no ha recibido ninguna notificación desde esta Consejería, por lo que no ha tomado aún
Polémica dimisión
Las dudas sobre la legitimidad de este requerimiento de Prats comenzaron el pasado 6 de noviembre, cuando el encargado de la redacción del Plan anunció que abandonaba el proyecto. Esta decisión desató la polémica, ya que muchos no entendieron los argumentos del ex director del equipo de redactores del PTE, que defendió su dimisión esgrimiendo que no se sentía cómodo con las diferencias que observaba en el seno del Grupo de Gobierno de la Isla a la hora de tramitar la aprobación inicial del texto.
Estas declaraciones no convencieron a los dirigentes de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo, que entendieron más bien que esta actuación se debía a que Prats ya conocía la decisión de que el PTE no podía ser exonerado de la Ley de Efecto Ambiental y que por eso renunció como máximo responsable de su redacción antes de que el rechazo de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) fuera oficial y se hiciera pública.
Y la Cotmac confirmó cuatro días después su oposición a que el PTE se aprobase sin llevar aparejado el informe medioambiental exigido. La Comisión defendió su negativa resaltando el “significativo” impacto en el medio ambiente que consideran que tendrá la materialización de este texto y la falta de documentación relativa a los convenios de Algol y Montaña Roja, además, reclamó el documento que redacta la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico sobre la oferta de ocio complementaria.
Después de todo este revuelo y de quedarse con el texto a medias y con un nuevo obstáculo que sortear, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, decidió entonces que fuesen los propios técnicos de la consultora designada por el Gobierno canario los encargados de culminar el PTE, incluyendo y corrigiendo los trámites que hubiesen quedado pendientes tras la renuncia del director del equipo redactor del documento.
Enmendar los errores
Por ahora, y después de los últimos movimientos de la Cotmac, el Grupo de Gobierno de la Primera Institución sólo se centra en enmendar estas carencias que se le han señalado desde el Ejecutivo canario, y esperan que sus actuaciones finalicen con la aprobación del Plan antes de que finalice esta legislatura.
Para ello están manteniendo reuniones internas y con sus asesores, encaminadas a no dejar paralizado el proceso y a conseguir las metas que les exigió la Cotmac. En primer lugar esta Comisión devuelve al Cabildo la solicitud por no poder evacuar el informe relativo a la exoneración al no haber aportado toda la documentación. Se refiere a convenios como el de Algol, el de Montaña Roja y otros que supongan eliminación de camas y la mejora de calidades turísticas. Asimismo la COTMAC echa en falta, entre otros textos, el documento que está realizando la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que recoge la oferta de ocio complementaria relativa a Lanzarote.
La segunda conclusión de la Comisión está referida a que el primer acto preparatorio del PTE se produce con un acuerdo plenario el 29 de abril de 2005 “relativo a su formulación”, por tanto, posterior al 21 de julio de 2004, no es posible la aplicación al caso del supuesto excepcional contemplado en el apartado dos del Decreto 55/2006, de 9 de mayo, relativo a la exoneración en base a su inviabilidad.
La tercera y última conclusión señala que con la documentación aportada no es posible exonerar el PTE del trámite de evaluación ambiental al considerar que sus determinaciones tienen efectos significativos sobre el medio ambiente.
Lo que queda claro con esta determinación de la Cotmac es que el PTE no estaba preparado para adaptarse a las normativas exigidas, por lo que muchos también elevaron su queja por el trabajo de Prats, que entienden que llegó “tarde, incompleto, sin la memoria económica, y ya sabiendo que había que acatar la Ley de Impacto Medioambiental a menos que el Gobierno canario nos exonere”, como puntualizó en aquel momento Mario Pérez, el vicepresidente primero del Cabildo.
Por su parte, los representantes del Partido Socialista (PSC-PSOE) en el Cabildo, traducían de un modo muy diferente la labor realizada por Prats y su exigencia de cobrar el total del montante total. El vicepresidente primero, Manuel Fajardo, argumentó que “ya han cumplido con su trabajo, que era la redacción del Plan”, y aunque no se haya aprobado todavía, “Prats incluso ha estado presente en muchas de las reuniones en las que se expuso el PTE”. Además, Fajardo, para el que Prats finalizó su trabajo el pasado mes de febrero, reveló que el urbanista ya venía avisando de la necesidad imperiosa de aprobar cuanto antes el documento.
Cobro íntegro
A la vista de las dos formas de ver este asunto, el Cabildo anunció que tendría que plantearse si pagar o no los 12.000 euros que restaban del total de los honorarios del urbanista, una decisión que aún no ha sido tomada, como informó a esta redacción Arráez.
Según la Consejería de Economía y Hacienda de la Primera Corporación, todos los pagos efectuados a Prats han recibido el visto bueno de los técnicos de la Oficina del PIOL (Plan Insular de Ordenación de Lanzarote).
La primera factura por el primer pago de los tres contemplados en el contrato de Prats, de 18.000 euros, fue presentada en noviembre de 2005 y cobrada el día 9 de diciembre. Tal y como señala el pliego de condiciones del concurso adjudicado a la empresa AUIA (Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados), dicho pago supone el 30 por ciento del montante total, y se corresponde con la entrega de la memoria previa del PTE.
La segunda factura, por 30.000 euros, fue presentada por Prats en el Cabildo el pasado 21 de febrero y liquidada el día 18 de mayo como correspondía a la entrega del documento de aprobación inicial.
