La Audiencia Provincial de Las Palmas (APLP) ha ordenado que se admitan como pruebas del caso Unión los certificados expedidos por Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Fiscalía, que confirman que el juez, el secretario y el fiscal estaban de vacaciones cuando firmaron órdenes de prórroga de pinchazos telefónicos. La Audiencia se decanta así en principio por la posibilidad de anular las citadas escuchas telefónicas.
Según la información adelantada este jueves por el diario Canarias 7, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha estimado parcialmente un recurso del empresario y abogado Luis Lleó, imputado en el caso Unión, por el que pedía que se incorporaran unas pruebas a la causa, unas pruebas que la actual jueza del caso, Silvia Muñoz, denegó indebidamente, según la Audiencia.
Entre algunas de las novedades, ahora la Sala ordena que se tengan en cuenta, entre otras, la petición para que se incorporen como pruebas dos certificados de la secretaria de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en los que se constata que el magistrado instructor, César Romero Pamparacuatro; y el secretario, José Ramón Vera Machín, se encontraban ausentes, por vacaciones, cuando firmaron órdenes de prórroga de interceptación de comunicaciones de varios imputados. También ordena incorporar como prueba el certificado expedido por el fiscal jefe provincial sobre el entonces fiscal, Ignacio Stampa, que también firmó órdenes.
La Audiencia recuerda que "el hecho de encontrarse de vacaciones no les priva de jurisdicción o competencia, si bien no existiera otro magistrado, fiscal o secretario que les sustituyera, pues de existir, evidentemente estos serían en el caso del magistrado designado por la ley, lo que podría tener su incidencia en las resoluciones dictadas", se dice.
Según el citado rotativo, la Audiencia también ordena a la jueza Silvia Muñoz que se incorpore a la causa el cd de la única grabación que el exsecretario insular del PSOE, Carlos Espino, hizo a Luis Lleó el 20 de mayo de 2009, cuyo soporte desapareció misteriosamente de las actuaciones, de la Fiscalía y de las dependencias de la UCO. Un cd cuya petición fue rechazada por la referida magistrada.
