- "Lo que determina el órgano competente para conocer y fallar es lo que se dice en las conclusiones provisionales. Y es evidente que ahí se piden 12 años de inhabilitación especial. Por tanto, no hay ninguna duda. Es un dato objetivo, como dijo el fiscal. Es que no hay discusión. O sea, si en la acusación provisional usted pide 12 años de inhabilitación, el caso debe ir a la Audiencia Provincial"
José María Calero, el abogado que defiende en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja al ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz del Grupo Nacionalista en la Institución, Pedro San Ginés, ha asegurado este jueves en la entrevista concedida al programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que su defendido nunca pensó que la intervención sobre la planta de Club Lanzarote era ilegal. Tras desmentir a medios de comunicación que han llegado a publicar que el ex secretario del Cabildo Francisco Perdomo negó en sala en la primera jornada de la vista oral que hubiera asesorado al ex presidente antes de la incautación, Calero ha insistido en que en este juicio no hay denunciante, pues Club Lanzarote se retiró de la causa, tampoco acusación del Ministerio Fiscal ni siquiera acusación particular, ya que a su juicio "no existe auto de autorización como personas físicas" para los ex consejeros de Podemos del Cabildo de Lanzarote, y el grupo político en sí, que es el único al que los juzgados autorizaron personarse, desapareció como tal. El letrado deja en la conciencia de cada profesional de la información y también de cada ciudadano su forma de proceder en el día a día. Donde no quiso entrar en exceso fue en el rocambolesco episodio que se produjo en la segunda jornada, cuando tuvo incluso que advertir de emprender acciones contra la jueza si no paralizaba un proceso para el que claramente no era competente y que sin embargo trató de conducir hasta el final.
- Sinceramente, y mire que he visto casi de todo en los tribunales de justicia de este país, nunca había visto un episodio como el de esta semana, cuando usted solicitó que el caso debía ser juzgado por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Viendo la intervención de la jueza del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, la de la abogada de la acusación particular cualquier profesional del derecho como mínimo debe expresar asombro, por algo tan básico como es el conocimiento de lo que determina la ley para poder arrancar o no un proceso en el que se llegó a pedir cárcel para una persona y ahora una inhabilitación de 12 años para poder ejercer una actividad pública, que no es precisamente una broma.
-Bueno, mire, yo llevo 30 años en el mundo de la administración de justicia y he de decirle que comparto su preocupación por la evolución, yo diría, de los últimos 8 ó 10 años. Yo, sinceramente, llevo viendo en los últimos años hechos y acontecimientos en los juzgados y tribunales que sinceramente. dan la alarma sobre el nivel de saturación de trabajo que tienen los jueces en los tribunales, seguramente, y no seguramente sino con toda certeza, por la falta de medios materiales y personales, por la falta de modernización de dotación de ordenadores, que les hace tener que hacer frente a una carga de trabajo que sobrepasa, y ahí están las estadísticas y las denuncias de las asociaciones judiciales, con creces la carga de trabajo de cualquier órgano judicial de nuestro entorno europeo. Ese es el origen de situaciones que yo nunca había vivido en la administración de justicia y que, como le digo, de 8 ó 10 años para acá estoy viviendo.
- Creo que usted está siendo demasiado corporativista. No es excusa la saturación de la Justicia, y cómo está, que es evidente, para no conocer la Ley y lo más básico de su compleja profesión. La discusión con la jueza me pareció realmente surrealista porque cualquiera que lo vea y que esté estudiando Derecho se preguntará cómo es posible que una jueza y una abogada de la acusación no conozcan algo tan básico como es qué competencia tiene cada juzgado para llevar una causa.
- Mire, yo le doy mi valoración. Usted la tilda de corporativista. Es su criterio y yo lo respeto. Pero yo creo que es un error, y hay un término que aparece en el diccionario para referirse a este tipo de error completamente inexplicable que es lapsus, el lapsus lingüe, o el lapsus calami, por escrito, que quiere decir el fallo sobre alguna cosa elemental que se pasa. Bueno, pues esa posibilidad, cuando la carga de trabajo es mucho mayor que la razonable, se amplía. Yo no creo que la jueza desconozca que la competencia suya llega hasta los diez años de inhabilitación. No creo que este dato no lo conozca. Lo que sí creo es que llegan los asuntos y tiene que convocarlos y tiene que citarlos, y si para hacer un trabajo de recepción de asuntos correctamente podría suponerse que debe hacerlo respecto de 20 asuntos, si lo hace sobre 80, esa posibilidad de lapsus es mayor. Yo no quiero de verdad ser corporativista, pero de alguna manera no hay ninguna razón para, en fin, tildar de falta de conocimiento o de ninguna otra forma de explicación del hecho que la que le ofrezco. Esa es mi opinión.
- Claro, claro. Yo no estoy aquí para opinar, pero sí para observar la realidad y preguntar por ella porque sinceramente estoy seguro que a muchos periodistas que miramos el caso con obetividad nos pareció asombroso, como también nos parece asombroso que la abogada de la acusación tratara de rebajar sobre la marcha su calificación como si aquello fuera una partida de cartas o un sorteo de una tómbola, como si diera lo mismo pedir 12 años que 8.
- Claro. La verdad es que, además, sobre cuál sea el resultado final o la petición final, eso se tiene que celebrar en el juicio, pero lo que determina en qué juicio es la petición inicial y la petición inicial, por mucho que se empeñe la letrada, es la que es y consta por escrito. Lo que no se puede es modificar la petición inicial. Ahora la modifico en el juicio. Ya, pero es que la que se modifica en el juicio no señala la competencia. En ese sentido le doy la razón, ya que se pretendía un cierto absurdo lógico porque lo que determina la competencia del órgano de conocimiento es la petición de las conclusiones provisionales. Si esas conclusiones son correctas o incorrectas, o luego se matiza y luego es mayor o menor, ... todo eso está bien, pero habrá que hacerlo durante el juicio y claro, lo que determina el órgano competente para conocer y fallar es lo que se dice en las conclusiones provisionales. Y es evidente que ahí se habla, ahí se piden 12 años de inhabilitación especial. Por tanto, no hay ninguna duda. Es un dato objetivo, como dijo el fiscal. Es un dato objetivo. Es que no hay discusión. O sea, si en la acusación provisional usted pide 12 años de inhabilitación, debe conocer la Audiencia. Que luego se corrige, que luego está mal pedido y que luego se puede matizar, ... bueno, eso lo tendrá que decir ante el órgano competente. Pero precisamente las conclusiones provisionales sirven para determinar el órgano competente y esas ya no se pueden modificar, porque es un acto procesal que se hizo en un momento y en una fecha, y se hizo lo que se hizo. No se puede borrar el pasado, ¿no? Usted dijo que pedía 12 años de inhabilitación, pues de eso conocerá la Audiencia. Si usted luego lo quiere corregir, pues corrija lo que quiera, pero ante la Audiencia, que es la que debe conocer y fallar porque ese órgano se determina por lo que usted ha dicho, no por lo que usted corrija. En ese sentido lleva usted toda la razón.
- También habrá gente que pensará, y que no estará muy conforme con ustedes y con la defensa que han hecho, que esa petición de que el caso se juzgue en la Audiencia Provincial se utilizó como una argucia al no pedirlo desde el principio y dejar que se celebrara la primera jornada, la primera sesión. Es decir, y ahí viene la pregunta, ¿por qué no lo plantearon ustedes antes, por qué esperaron hasta la segunda jornada?
- Pues le soy honesto. Porque, y sigo todavía sin explicarme cómo es posible que no se anulara la vista el primer día. Cuando yo me planteo este procedimiento advierto que no hay fiscal, que no hay acusación particular y que no hay acusación popular, porque la acusación popular corresponde indudablemente al grupo Podemos del Cabildo. Es que no cabe ninguna duda; es un dato objetivo, blanco sobre negro. Y como el grupo político Podemos del Cabildo hoy no existe y además había expulsado a los señores que en el momento inicial del procedimiento lo representaban, pues obviamente esas personas físicas no pueden aparecer como acusación en el procedimiento. Sencillamente, porque ni lo han solicitado como personas físicas ni hay ninguna resolución que les autorice como personas individuales a formular acusación. Por tanto, pensé, y sigo pensando, que es inexplicable que se abra el juicio, y que se siga adelante. Una vez que se abre el juicio, y lo digo con todos los respetos y con toda la consideración que me merecen tanto el juzgado, como el fiscal como todo mundo, inexplicablemente se abre el juicio y a partir de ahí advierto que efectivamente hay un lapsus, como decíamos antes. Entonces, inmediatamente, por lealtad procesal y por buena fe, lo pongo en conocimiento del juzgado. Claro, todo lo que hace la defensa, esto es como la frase típica de Kafka de ‘El Procesado’, donde se dice ‘yo no he hecho nada’, y el juez le dice que eso es lo que dicen todos. En fin, que si se quiere descalificar todo lo que hace la defensa porque todo es una argucia, … La defensa lo único que pide es que si tienen que juzgar a una persona, se haga conforme a las normas y conforme a cómo el estado de derecho previene. No creo que eso se pueda considerar una argucia. Si ya consideramos que las garantías del principio de legalidad y del estado de derecho es una argucia, o que un recurso es una argucia, pues entonces nos retrotraemos a antes de la Revolución francesa, estaríamos en la Edad Media, donde en todo proceso desaparecen todas las garantías. Lamentablemente, y perdone por la reflexión, quizá estamos en ese camino en muchos casos. Es curioso cómo se descalifica permanentemente a la defensa como argucia. Cuando se dice por ejemplo que la defensa retrasa porque interpone recurso, cuando la defensa tiene 3 días o 5 días, pero luego resulta que el recurso tarda en resolverse 5 meses o 10 meses. Y luego resulta que la culpa es de quien interpuso el recurso, no del que tarda 5 meses. Puede tener toda la justificación por la falta de medios, pero bueno, entonces el problema será la faltan medios, no que alguien recurra. Es algo con lo que se piensa que la solución, cuando no faltan medios, es que el acusado comparezca, reconozca los hechos y diga en qué prisión tiene que cumplir condena. Pero esto evidentemente es una concepción de la Justicia medieval, por ser prudente.
- Quizás a usted también le haya sorprendido cómo es la prensa y qué tipo de periodismo se practica. Luego está la tendenciosidad. A mí me asombra, y yo confío plenamente en el periodista que desde esta casa fue a cubrir el juicio, que haya medios de comunicación que hayan llegado a publicar que el ex secretario del Cabildo Pancho Perdomo llegó a decir en sala que él nunca jamás asesoró a Pedro San Ginés, algo que es una parte esencial en esta historia. Yo no estuve en el juicio, así que le pregunto: ¿asesoró o no asesoró al ex presidente? ¿Qué es lo que dijo el ex secretario Pancho Perdomo allí en la sala exactamente?
- Vamos a ver. No hay ninguna duda de que el señor San Ginés se asesoró con un asesoramiento interno y con un asesoramiento externo. No hay absolutamente ninguna duda. Claro, la reflexión sobre independencia es interesante. Yo diría la reflexión sobre la independencia de todos para mantener un criterio fundado frente a una suerte de polarización que se está produciendo socialmente que yo creo que no nos lleva a ningún buen camino. Es verdad que no solo esto ocurra en el mundo del periodismo; probamente también en el mundo de los jueces, o en el mundo de la administración: uno es de aquí o de allá, uno es de estos o de aquellos y parece que nos estamos olvidando de que debemos mantener un criterio personal y que al final, como se decía en la famosa película de tribunales, como decía el famoso abogado de la muerte de un ruiseñor, al final uno tiene que mirarse en el espejo y sobre lo que no hay trampa es sobre su propia conciencia y sobre su propia dignidad. Yo creo que al final los periodistas, como todos los profesionales en algún momento, tendrán que decir bueno, ¿sirvo a mi propia dignidad y a mi profesión o sirvo a lo que determinada empresa o grupo de comunicación me pide? Ahí está el reto de cada uno todos los días y eso es lo que nos hará ser una sociedad de una manera o de otra, que no parezcamos más a Holanda o a Finlandia, o que nos vayamos pareciendo más a otros sitios que están en Sudamérica o en el tercer mundo.
- Bien, perdone pero no me ha contestado, ¿qué es lo que dijo el secretario? ¿Reconoció que asesoró a San Ginés o no lo reconoció?
- Dijo en sala lo que había dicho en instrucción. Voy a ser honesto. En instrucción había dicho que él había informado previamente oralmente y que no había hecho un informe escrito. También dijo que no era necesario hacer un informe escrito. Manifestó oralmente al entonces presidente que podía hacer esa intervención. Además, le dijo que podía hacer esa intervención por doctrina del Constitucional, por doctrina del Supremo, por una legislación determinada, por otra legislación determinada. Le dijo que conocía sentencias donde se habían producido este tipo de intervenciones. Es decir, no le dejó ninguna duda de que era legal lo que iba a hacer, eso sí, oralmente. Después hay un informe externo de un experto externo, que él lo ve, lo asume y lo firma, de manera que es evidente que ha informado. ¿Qué ocurre en el juicio? Cuando él manifiesta a preguntas de su letrado, cómo fue en el asesoramiento oral previo a la intervención, es cierto que dijo, bueno claro, me llamó al despacho, y entonces le pregunta si él había pensado sobre esto. Dijo que cuando fue allí no sabía qué me iba a preguntar pero le contestó. Entonces daba la impresión de que era un informe, digamos, menos profundo, o menos pensado, pero de que hubo un informe y que ese informe tenía una dirección inequívoca, de que era perfectamente legal lo que le preguntaba el señor San Ginés, si lo podía hacer o no lo podía hacer, no cabe ninguna duda. Si alguien dice lo contrario, simplemente me remito a la reflexión anterior. Cada uno sabe a lo que sirve y qué quiere ser en el mundo. Cada uno sabrá cómo librar la batalla de cada día.
- Lo que ocurre es que la batalla de la conciencia, como usted dice, es para otra cosa, para el ámbito privado. Lo que ocurrió es lo que ocurrió y lo importante es contarlo con la mayor precisión posible, digo yo...
- Es que al final nos remitimos todos a eso. Tenemos la idea de que todo se puede solucionar en los tribunales. Es decir, un problema de vecindad, de que un periodista ha dicho esto, … si es que al final los tribunales no pueden ir solucionando todo, ni los problemas de pareja, ni los problemas de todo, políticos, del Rey, .. Hoy prácticamente todo, desde si uno planta un árbol que no debe plantar, o si caza un conejo o hasta la fortuna del Rey, … todo pasa por los tribunales. A mí me parece que en algún momento tendremos que poner algo de nuestra parte. Cada uno, cada día, debe intentar hacer las cosas de una manera medio digna. Es que si no, es imposible. Parece que nos remitimos a que nos solucionen los problemas los tribunales, o el Gobierno. Alguna vez tenemos que dar el paso y ser cada uno un poco responsable de lo que hace cada día. ¿Cómo solucionar el tema de la información? Hombre, la verdad es que da pena cuando ves el periódico y lees la misma noticia de cualquier juicio, y si coges un periódico parece un juicio, pero si coges otro periódico, parece otro juicio diferente. Es una cosa lamentable.
- Lo sabemos, lo sabemos, y más en esta isla. Ya sabe usted que pueblo chico, infierno grande. No hace falta ser Perry Mason para adivinar la estrategia que van a seguir ustedes en la Audiencia Provincial. Parece bastante lógico pensar que van a plantear lo mismo, que no se celebre el juicio al entender que no hay razón, porque el denunciante, Club Lanzarote, retiró la denuncia, y el Ministerio Fiscal no acusa. ¿Es así?
- (Se ríe) Sí, pero la estrategia de aludir a este problema formal que a mí me parece, como decía antes, blanco sobre negro, no puede entenderse, porque a veces ocurre eso, vaya hombre, ahora resulta que se van a librar porque falta una póliza. O sea, que quede claro que el señor San Ginés está acreditado, y no porque lo diga el señor San Ginés, es porque lo dice el Ministerio Fiscal, que en ningún momento dictó una resolución a sabiendas de que estaba, de que era una resolución injusta, en ningún momento. Actuó pensando siempre que era perfectamente legal. Dicho esto, que es el tema de fondo, para celebrar un juicio tiene que haber una acusación que esté reconocida judicialmente y los señores, personas físicas, que están acusando al señor San Ginés, no tienen una resolución judicial que les autorice. Cuando quieran, que la muestren. Cuando alguien discuta este hecho, simplemente que les pidan a estas personas físicas que le den el auto en donde dice que le admiten tu personación. Quien lea el auto se dará cuenta de que la personación es para el grupo político Podemos del Cabildo, inequívocamente.
