-¿Se intenta acabar con Inalsa?
-Hay gente empeñada en acabar con Inalsa, está claro. Yo creo que aquí lo que estamos librando es una batalla, distintas guerras entre personas, colectivos, asociaciones, incluso partidos políticos o empresas que tienen distintas visiones de un tema absolutamente estratégico como es el agua en Lanzarote. Mientras nosotros pensamos que esa agua debe ser pública, que es un bien absolutamente estratégico para la isla de Lanzarote y que debe estar en manos de todos, pues hay personas que evidentemente yo respeto pero que no comparto en absoluto sus ideas que están empeñados en todo lo contrario. Por eso la batalla que nosotros estamos librando la estamos librando por ahora en cuatro frentes, cuatro frentes con desigual suerte, también es verdad. Sabe usted que a raíz de ese laudo que condenaba nosotros creemos que de manera injusta a Inalsa al pago de unos 10 millones de euros, nosotros planteamos que no habíamos incumplido ningún contrato aunque ese contrato fuera firmado en su día por doña Plácida Guerra y por el presidente por aquel entonces del Consejo de Administración, don Enrique Pérez Parrilla. Y no hemos incumplido el contrato porque ahí lo que se decía era que Inalsa compraba el agua durante 15 años a Fomento Contratas y Construcciones (FCC) a 53 pesetas. Es verdad que Inalsa no la ha comprado pero también es verdad que FCC no ha producido esa agua, por lo tanto no ha podido vendérnosla, y no la ha producido porque no ha construido una planta en Janubio porque no obtuvo en su día ni la licencia municipal del Ayuntamiento ni la calificación territorial del Cabildo ni la autorización del Consejo Insular de Aguas, ni obtuvo los permisos oportunos de Medio Ambiente, Industria o de la Demarcación de Costas. Esa es la primera batalla que estamos librando ante la Cámara de Comercio de la provincia de Las Palmas porque don Enrique y doña Plácida decían que las diferencias de ese contrato deberíamos dirimirlas en la Cámara de Comercio de Las Palmas y no en un juzgado ordinario como se dirimen todos los pleitos en caso de que existan. La segunda batalla la estamos librando ante el Consejo Consultivo de Canarias. Nosotros hemos planteado, los siete ayuntamientos y el Cabildo, toda la gente que entendemos que el agua debe seguir siendo pública en Lanzarote, que el contrato suscrito en su día y avalado por doña Plácida y don Enrique Pérez Parrilla con FCC no sólo era nefasto,-ya hemos visto las consecuencias que ha tenido-, sino que además era irregular y no lo pienso yo solo, lo pensábamos las 10.000 personas que entonces salimos a la calle con asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos...diciendo que aquello era un mal negocio, que era nefasto y que tenía consecuencias no sólo políticas sino sociales y económicas; en definitiva, desastroso para Inalsa. Y por eso hemos planteado la anulación de ese contrato y lo hemos dirigido al Consejo Consultivo de Canarias. Y en esta segunda batalla por ahora, antes de ayer, no habían admitido a trámite la posibilidad de estudiar la anulación de ese contrato. Era una magnífica noticia antes de ayer. Tercera acción...
-¿Pero el Consejo Consultivo de Canarias admitió a trámite la posibilidad de anular ese contrato?
-Si, el Consejo Consultivo de Canarias para nosotros es un balón de oxígeno importante porque éste ha admitido a trámite la posibilidad de anular ese contrato que nosotros habíamos considerado. Nosotros, digo, el Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, los siete ayuntamientos y el Cabildo, que ese contrato era nulo porque contraviene muchos preceptos del ordenamiento jurídico no sólo europeo sino también español y canario. Por ponerle un simple ejemplo ese contrato es fruto de un concurso que debió haber sido publicado, por el montante económico, eran 1.600 millones de pesetas, una planta que se sacó a concurso, en el Boletín de las Comunidades Europeas y no fue publicado en ese boletín ni siquiera en el Boletín Oficial del Estado español ni tampoco en el Boletín Oficial de la Comunidad canaria. Se publicó en un periódico de ámbito estatal, en este caso El País, y también en el Boletín de la Provincia de Las Palmas. La tercera batalla que estamos librando es ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que hemos planteado que se debe anular ese contrato. Ese laudo que nos condena a 10 millones de euros por ser injusto, porque nosotros no hemos incumplido contrato y porque además quien ha dictado ese laudo, recordemos que es una persona que siendo respetuoso con sus características personales, desde el punto de vista jurídico nos parece que una persona que ha sido condenaba en firme por estafa, deslealtad profesional y apropiación indebida la persona más idónea para dictar justicia en un montante económico de 10 millones de euros. A uno se le pone los pelos de punto si quien tiene que juzgar a uno por cuestiones económicas tiene todos esos antecedentes...
-Que además pretendería cobrar una comisión.
-Fíjese, esa sí es una batalla que hemos ganado. El árbitro pretendía ganar 120.000 euros por las dos sesiones e incluso hasta la Cámara de Comercio de Las Palmas le ha dicho que era excesivo, proponiéndole que cobrara 30.000 euros, que también nos parece excesivo. Pero bueno, esa guerra ante la Audiencia Provincial de Las Palmas la estamos librando. Hemos planteado esta acción desde el punto de vista penal ante la Audiencia Provincial y, por último, ayer nos desayunábamos con otra mala noticia y es que por parte del Juzgado Número 3 de Las Palmas se había dictado un auto de embargo de una propiedad de Inalsa, concretamente de una finca de 6.000 metros cuadrados. Nosotros no hemos recibido ese auto oficialmente.
-Si nosotros tenemos una copia.
-Efectivamente, pero no se ha dado traslado a Inalsa. Una vez que se nos dé traslado tenemos diez días para presentar recurso. Pero ese auto de lo que nosotros conocemos está derivado de una demanda anterior, demanda que tampoco ha sido trasladada a Inalsa a pesar de haber sido planteada hace un par de meses y en esa demanda anterior lo que al parecer plantea Fomento es que no sólo se embargara esa finca sino otras fincas de Inalsa y otra serie de activos como cuentas corrientes, supongo que potabilizadores, depuradoras, redes, no sé y además que se interviniera judicialmente a la empresa. Afortunadamente por lo que nosotros conocemos, los medios de comunicación nos han pasado ese auto de manera extraoficial, la juez le ha dicho que no y que no. Las intenciones de Fomento eran clarísimas, lo que pretendían era embargar toda la finca de titularidad no de Inalsa sino del Consorcio, porque como usted sabe en el año 98 presidiendo la empresa también don Enrique Pérez Parrilla y doña Plácida Guerra, gobernando el PSOE y el PIL, se trasladaron todos los activos desde Inalsa al Consorcio. Y usted sabe que los bienes de los ayuntamientos y cabildos, en este caso dentro del Consorcio, son inembargables. En esa guerra nosotros estamos y vamos a seguir, porque estamos absolutamente convencidos de que el agua en Lanzarote debe ser pública, que el agua en Lanzarote desde el punto de vista estratégico es una pieza básica para esta sociedad, porque aquí no hay ríos, embalses o fuentes de gran capacidad, aquí no hay galerías de gran rendimiento; aquí lo que tenemos es la desalación de agua al 100% y que esa desalación en el caso de Lanzarote es pública en el 98% mientras que en otras islas de Canarias, y no le cuento nada, en otros territorios del Estado, existe más titularidad privada. Nosotros creemos que ya que la tenemos que producir, que ya que la hemos producido, además de forma pionera en Lanzarote, pues desde luego vamos a seguir batallando y no nos van a desalentar ni las empresas ni las asociaciones ni las personas ni los partidos políticos que tienen otra visión distinta y que me imagino que estarán luchando para que Inalsa desaparezca.
-Pues a usted se le culpa de esta situación.
-Ya es lo único que nos faltaba. Resulta que nosotros somos los que salimos a la calle, somos los que dijimos que aquel contrato era nefasto, pero no nosotros solos, no sólo yo a nivel personal, sino 10.000 personas salimos a decir oiga, no firme usted esto, que esto va camino de la privatización de Inalsa. Pero vamos lo que faltaba es que ahora nosotros seamos los culpables cuando no sólo luchamos en su momento sino que además estamos convencidos de la titularidad del agua pública en Lanzarote.
