"Supongo que el señor Carlos Espino demandará también a la juez por haber mandatado al Cabildo y a la Presidencia a hacer lo que ya hemos hecho. Desde la Presidencia en ningún momento se ha cuestionado la profesionalidad de los dos técnicos cuya recusación ha sido aceptada"
"Todos los profesionales que han sido contratados para asesorar a este grupo de gobierno guardan una gran diferencia con el cúmulo de contratos de todo a 30.000 y asesores afiliados del Partido Socialista que mantuvo el anterior grupo de gobierno, en la mayoría de los casos sin oficio ni cometido conocido"
El presidente del Cabildo ha calificado este miércoles por la mañana de “metedura de pata considerable” la acusación de presunta “prevaricación” lanzada este martes por parte del secretario general del Partido Socialista (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, quien aseguró en rueda de prensa que los socialistas tomarían todas las medidas que estén a su alcance para combatir la decisión de la Presidencia de la Primera Corporación insular de apartar a dos de los técnicos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL), Leopoldo Díaz y Esteban Armas, para la elaboración de informes de compatibilidad en relación con licencias vinculadas a Montaña Roja, en Yaiza. Pedro San Ginés ha ironizado sobre las acusaciones lanzadas por el líder de los socialistas lanzaroteños. Crónicas de Lanzarote adelantó este martes que la magistrada-juez María Olimpia del Rosario Palenzuela dictó el pasado 19 de octubre una providencia desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria instando al Cabildo a emitir un nuevo informe de compatibilidad en el pleito interpuesto por la Fundación César Manrique contra la empresa Urena Mountain S.A. y el Ayuntamiento de Yaiza “por otros técnicos distintos a Esteban Armas Matallana y Leopoldo Díaz Bethencourt". Esta no es la única novedad que ha aportado el máximo dirigente del Cabildo en la entrevista concedida al programa 'A Buena Hora', de Crónicas Radio. San Ginés ha insistido en la importancia de un informe de Inalsa, también publicado hace unas semanas por este diario, que deja mal parada a la ex presidenta Manuela Armas y que demuestra el asesoramiento que recibía del abogado Ignacio Calatayud, y ha reconocido, además, que existen miembros de la propia Coalición Canaria que están apoyando la labor de oposición destructiva de los socialistas.
- El Partido Socialista le acusaba este martes de presunta prevaricación por apartar a dos técnicos de la Oficina del PIOL y amenazaba con llevarle a los tribunales de justicia, justo antes de que esta casa desvelase la existencia de una providencia en la que se ordena al Cabildo precisamente que adopte esta decisión ¿Qué le parecen las acusaciones del secretario general del PSC en Lanzarote?
Los hechos hablan por sí solos. Supongo que el señor Carlos Espino demandará también al juez por haber mandatado al Cabildo y a la Presidencia a hacer lo que ya hemos hecho. Desde la Presidencia en ningún momento se ha cuestionado la profesionalidad de los dos técnicos cuya recusación ha sido aceptada. En el caso de uno de ellos, de hecho, bajo mi punto de vista personal, creo que la juez se equivoca puesto que no existe ningún vínculo desde hace muchísimos años, al menos acreditable, con la Fundación César Manrique. Me refiero al jefe de la Oficina del Plan Insular. Lo que ocurre es que mi impresión personal no es la que cuenta, sino la del juez, que aconseja ese principio de prudencia y seguridad jurídica. Los mandatos judiciales hay que acatarlos y cumplirlos. Considero que ha sido una metedura de pata considerable la del Partido Socialista, pero supongo que no pedirán disculpas por ello.
- ¿Qué opinión le merecen las acusaciones socialistas que apuntan a que el presidente del Cabildo ha pretendido introducir un comisario político en la Oficina del Plan Insular y desmantelar dicha Oficina?
Se está manteniendo una alarma y una crispación con la ordenación del territorio que obedece a que los actuales dirigentes del Partido Socialista no tienen ningún tipo de proyecto ni de discurso político, más que el miedo, y solo se dedican a desacreditarme. A mí no me va a temblar el pulso para adoptar las decisiones que, como presidente, me ha tocado adoptar, por más que se lancen todo este tipo de bulos y acusaciones. Los propios jueces, la oposición y yo mismo somos la principal garantía de que nadie se va a saltar la legalidad. El director insular de Ordenación es un profesional del Derecho, especialista precisamente en materias urbanísticas, y desde luego, me parece absolutamente fuera de lugar que por hacer daño político se arremeta contra un profesional con ese tipo de calificaciones que califican a quienes las profieren.
- ¿Qué opinión tiene respecto a las críticas de Espino sobre las contrataciones del grupo de gobierno del Cabildo a asesores que guardan relación directa con personas imputadas en casos de corrupción, qué opina por ejemplo que hablen de los vínculos familiares de Ignacio Calatayud?
No es nada nuevo. Nada tienen que ver con el tipo de contrataciones que se llevaron a cabo durante los dos primeros años de esta legislatura bajo el mandato socialista. Todos los profesionales que han sido contratados para asesorar a este grupo de gobierno guardan una gran diferencia con el cúmulo de contratos de todo a 30.000 y asesores afiliados del Partido Socialista que mantuvo el anterior grupo de gobierno, en la mayoría de los casos sin oficio ni cometido conocido. En el caso concreto de Ignacio Calatayud, hay que decir que responde a un perfil técnico y jurídico de altísima cualificación, que trabajó para todos los presidentes del Cabildo desde 2004, incluida doña Manuela Armas. La enquina y la persecución del Partido Socialista para con este profesional queda acreditada no solo en las múltiples preguntas que en cada pleno realizan sobre su trabajo y que son convenientemente respondidas, sino que alcanzaron su cenit en un escrito que, aunque no se ha dado a conocer, demuestran esta enquina. En este escrito la ex presidenta negaba haberle hecho un encargo a este profesional en relación con una factura que fue a reconocimiento de créditos, y que los administradores judiciales de Inalsa certificaron y firmaron que, efectivamente, el encargo fue realizado en su presencia por parte de la ex presidenta. Esta y algunas cosas más serán despejadas en rueda de prensa a lo largo de esta semana, porque entiendo que la alarma social que se está generando por parte del Partido Socialista en torno a un asunto tan sensible como el territorio requiere que salga al paso y dé un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, pues parece que el PSOE, con su potente lobby mediático, agentes sociales y algún que otro enemigo interno de la propia Coalición Canaria, están tratando de trasladar a la opinión pública.
